CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las dificultades que representa actuar de manera directa contra Ismael El Mayo Zambada, el gobierno federal decidió acorralar a familiares cercanos. Sin Joaquín El Chapo Guzmán a la vista, la DEA lo señala como uno de sus principales objetivos.
Sin embargo, al no poseer propiedades ni negocios a su nombre, lo más que se ha logrado es congelar las cuentas bancarias de algunas empresas legales que su familia estableció en Sinaloa durante los años 90.
Tal es el caso de las compañías Establo Puerto Rico SA de CV y Nueva Industria de Ganaderos SA de CV, propietaria de la Lechera Santa Mónica, actualmente desmantelada. Recientemente se actuó contra los bienes de familiares del líder del cártel de Sinaloa.
Expedientes a los que MILENIO tuvo acceso revelan que desde hace un año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, ordenó congelar las cuentas de una de las parejas y de una de sus hermanas, quienes en Sinaloa manejan un bajo perfil, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia Zambada.
Se trata de Leticia Ortiz Hernández y de Ana María Zambada García. La primera es madre de Serafín Zambada Ortiz, uno de los hijos menores de El Mayo, arrestado en noviembre de 2013 en el cruce fronterizo de Nogales y liberado en septiembre de 2018 tras cumplir sentencia de cinco años.
En Culiacán, su madre Leticia gustaba de acudir a restaurantes acompañada de su hijo menor, nacido en Coronado, San Diego, California. Ana María Zambada, es madre de Édgar Juvanny Parra Zambada, asesinado en agosto de 2016 en Culiacán, y de Juan José Parra Zambada, capturado junto con su tío Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, en octubre de 2008, en la Ciudad de México.
De acuerdo con los expedientes, las dos mujeres interpusieron un amparo ante juzgados de Distrito de Culiacán, con cuatro días de diferencia, ya que mientras Leticia presentó su demanda el 7 de octubre de 2019, Ana María lo hizo el 11 de octubre.
Esta acción ocurrió a unos días del operativo de las fuerzas armadas contra Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán. Según el expediente 968/2019, Leticia, tercera esposa de El Mayo, reclama de la justicia federal la “orden de privar de forma provisional o definitiva la posesión y movilidad de recursos depositados en cuenta bancaria”.
Solicitó una suspensión provisional, la cual le fue negada el 11 de octubre del mismo año. Meses más tarde, en septiembre de 2020, de nuevo el juez negó la “suspensión definitiva requerida”. El caso aún está en curso. Con Ana María, su caso fue radicado ante el juez cuarto de distrito y también busca combatir el mismo acto, pero, contrario a Leticia, los autos revelan que sus recursos están depositados en el banco Santander.
El expediente en curso, 987/2019, agrega una queja, pues en un primer momento el juez le negó el trámite en un intento de desechar la demanda.
Resuelta bajo el numeral 209/2019 en el primer tribunal colegiado en materia administrativa de Mazatlán, Zambada García argumentó que sus cuentas bancarias son producto de su trabajo como docente.
“En los antecedentes de la demanda, la quejosa manifestó ser maestra pensionada del Issste, y que el 2 de octubre acudió a la Institución de Crédito Banco Santander con el objetivo de retirar, en efectivo, toda la cantidad que le es depositada mensualmente como pensión, lo cual no fue posible a pesar de contar con fondos suficientes”.
Sin embargo, el tribunal advirtió que no se presentó como prueba el escrito en que se queja de que ninguna autoridad la citó a declarar, mucho menos le entregaron un escrito de demanda. Pero le dio la razón y el juez procedió a cursar el amparo. Un año después, el caso continuaba ventilándose.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las dificultades que representa actuar de manera directa contra Ismael El Mayo Zambada, el gobierno federal decidió acorralar a familiares cercanos. Sin Joaquín El Chapo Guzmán a la vista, la DEA lo señala como uno de sus principales objetivos.
Sin embargo, al no poseer propiedades ni negocios a su nombre, lo más que se ha logrado es congelar las cuentas bancarias de algunas empresas legales que su familia estableció en Sinaloa durante los años 90.
Tal es el caso de las compañías Establo Puerto Rico SA de CV y Nueva Industria de Ganaderos SA de CV, propietaria de la Lechera Santa Mónica, actualmente desmantelada. Recientemente se actuó contra los bienes de familiares del líder del cártel de Sinaloa.
Expedientes a los que MILENIO tuvo acceso revelan que desde hace un año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, ordenó congelar las cuentas de una de las parejas y de una de sus hermanas, quienes en Sinaloa manejan un bajo perfil, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia Zambada.
Se trata de Leticia Ortiz Hernández y de Ana María Zambada García. La primera es madre de Serafín Zambada Ortiz, uno de los hijos menores de El Mayo, arrestado en noviembre de 2013 en el cruce fronterizo de Nogales y liberado en septiembre de 2018 tras cumplir sentencia de cinco años.
En Culiacán, su madre Leticia gustaba de acudir a restaurantes acompañada de su hijo menor, nacido en Coronado, San Diego, California. Ana María Zambada, es madre de Édgar Juvanny Parra Zambada, asesinado en agosto de 2016 en Culiacán, y de Juan José Parra Zambada, capturado junto con su tío Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, en octubre de 2008, en la Ciudad de México.
De acuerdo con los expedientes, las dos mujeres interpusieron un amparo ante juzgados de Distrito de Culiacán, con cuatro días de diferencia, ya que mientras Leticia presentó su demanda el 7 de octubre de 2019, Ana María lo hizo el 11 de octubre.
Esta acción ocurrió a unos días del operativo de las fuerzas armadas contra Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán. Según el expediente 968/2019, Leticia, tercera esposa de El Mayo, reclama de la justicia federal la “orden de privar de forma provisional o definitiva la posesión y movilidad de recursos depositados en cuenta bancaria”.
Solicitó una suspensión provisional, la cual le fue negada el 11 de octubre del mismo año. Meses más tarde, en septiembre de 2020, de nuevo el juez negó la “suspensión definitiva requerida”. El caso aún está en curso. Con Ana María, su caso fue radicado ante el juez cuarto de distrito y también busca combatir el mismo acto, pero, contrario a Leticia, los autos revelan que sus recursos están depositados en el banco Santander.
El expediente en curso, 987/2019, agrega una queja, pues en un primer momento el juez le negó el trámite en un intento de desechar la demanda.
Resuelta bajo el numeral 209/2019 en el primer tribunal colegiado en materia administrativa de Mazatlán, Zambada García argumentó que sus cuentas bancarias son producto de su trabajo como docente.
“En los antecedentes de la demanda, la quejosa manifestó ser maestra pensionada del Issste, y que el 2 de octubre acudió a la Institución de Crédito Banco Santander con el objetivo de retirar, en efectivo, toda la cantidad que le es depositada mensualmente como pensión, lo cual no fue posible a pesar de contar con fondos suficientes”.
Sin embargo, el tribunal advirtió que no se presentó como prueba el escrito en que se queja de que ninguna autoridad la citó a declarar, mucho menos le entregaron un escrito de demanda. Pero le dio la razón y el juez procedió a cursar el amparo. Un año después, el caso continuaba ventilándose.
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