La fracción de Morena en la Cámara de Diputados prevé descongelar, discutir y aprobar el proyecto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos avalado por el Senado hace siete años para regular los sueldos de los funcionarios federales, impedir que alguno de ellos gane más que el Presidente de la República y sancionar hasta con 14 años de prisión a quienes transgredan esa disposición.
TE RECOMENDAMOS: No logré recuperar la paz: EPN en Sexto Informe de Gobierno
Así lo afirmó el legislador de Morena, Pablo Gómez, autor de la iniciativa original, y subrayó que, al estar en omisión legislativa, la Cámara de Diputados debe aplicar el reglamento y llevar a votación la minuta.
En entrevista, el diputado remarcó que la aprobación del proyecto daría cumplimiento al compromiso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la austeridad en los sueldos y prestaciones de los servidores públicos.
De manera paralela, el equipo de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, alista una propuesta en la materia para, en su caso, discutirla simultáneamente con la minuta ya aprobada por el Senado.
“Es un proyecto de ley federal de remuneraciones de los servidores públicos que hace siete años está en la Cámara de Diputados, fue enviada como minuta por el Senado, pero todos los plazos reglamentarios ya se vencieron y entonces el Congreso está en omisión legislativa, lo que está prohibido en la Constitución”, puntualizó Gómez.
En entrevista, el legislador sostuvo que la minuta se mantiene “viva” y lo que procede es que la Cámara de Diputados aplique el reglamento al pie de la letra y, en consecuencia, someta a discusión y votación el proyecto de ley.
Admitió que la minuta puede sufrir ajustes y modificaciones y, en su caso, ser devuelta al Senado.
Gómez insistió, sin embargo, en que el proyecto no fue desechado, sino enviado a la congeladora legislativa por la mayoría que había mantenido el control del Congreso hasta ahora.
El proyecto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos enviado por el Senado a la Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 2011 tiene como propósito regular sueldos, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos y cualquier otra percepción de los servidores públicos.
La regulación considera la Presidencia de la República y dependencias federales, los poderes Legislativo y Judicial, tribunales administrativos e incluso los órganos reconocidos por la Constitución como autónomos.
Establece que “ningún servidor público puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Adiciona asimismo al Código Penal Federal el delito de remuneración ilícita a los servidores públicos, con una pena de hasta 14 años de cárcel y multa de 3 mil veces el salario mínimo, cuando el beneficio otorgado en contravención a la ley exceda el equivalente a 3 mil salarios mínimos.
Mientras tanto, en el Senado, la bancada panista circuló lo que será su agenda de 10 acciones prioritarias en esta Legislatura, donde destacó la necesidad de poner fin a la impunidad con la fiscalía autónoma, al detallar que darán prioridad a la decisión de lograr cero tolerancia a la corrupción y buscarán dar fin a la impunidad.
“Fortaleciendo la ley para hacer realidad que verdaderamente pague con cárcel quien se robe el dinero de los mexicanos y se recupere lo robado”.
Asimismo, los 18 panistas van por la reducción al precio de las gasolinas e IVA en la frontera al 8%, también dentro de las prioridades.
Al dar a conocer el decálogo de acciones, la bancada perfiló temas que concuerdan con la bancada mayoritaria de Morena, comoeliminar privilegios y gastos innecesarios de funcionarios, “con un verdadero plan de austeridad”, junto con la eliminación del fuero para todos los servidores públicos.
IH
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados prevé descongelar, discutir y aprobar el proyecto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos avalado por el Senado hace siete años para regular los sueldos de los funcionarios federales, impedir que alguno de ellos gane más que el Presidente de la República y sancionar hasta con 14 años de prisión a quienes transgredan esa disposición.
Así lo afirmó el legislador lopezobradorista Pablo Gómez, autor de la iniciativa original, y subrayó que, al estar en omisión legislativa, la Cámara de Diputados debe aplicar el reglamento y llevar a votación la minuta.
En entrevista, el diputado remarcó que la aprobación del proyecto daría cumplimiento al compromiso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la austeridad en los sueldos y prestaciones de los servidores públicos.
De manera paralela, el equipo de la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, alista una propuesta en la materia para, en su caso, discutirla simultáneamente con la minuta ya aprobada por el Senado.
“Es un proyecto de ley federal de remuneraciones de los servidores públicos que hace siete años está en la Cámara de Diputados, fue enviada como minuta por el Senado, pero todos los plazos reglamentarios ya se vencieron y entonces el Congreso está en omisión legislativa, lo que está prohibido en la Constitución”, puntualizó Gómez.
En entrevista, el legislador sostuvo que la minuta se mantiene “viva” y lo que procede es que la Cámara de Diputados aplique el reglamento al pie de la letra y, en consecuencia, someta a discusión y votación el proyecto de ley.
Admitió que la minuta puede sufrir ajustes y modificaciones y, en su caso, ser devuelta al Senado.
Gómez insistió, sin embargo, en que el proyecto no fue desechado, sino enviado a la congeladora legislativa por la mayoría que había mantenido el control del Congreso hasta ahora.
El proyecto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos enviado por el Senado a la Cámara de Diputados el 8 de noviembre de 2011 tiene como propósito regular sueldos, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos y cualquier otra percepción de los servidores públicos.
La regulación considera la Presidencia de la República y dependencias federales, los poderes Legislativo y Judicial, tribunales administrativos e incluso los órganos reconocidos por la Constitución como autónomos.
Establece que “ningún servidor público puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Adiciona asimismo al Código Penal Federal el delito de remuneración ilícita a los servidores públicos, con una pena de hasta 14 años de cárcel y multa de 3 mil veces el salario mínimo, cuando el beneficio otorgado en contravención a la ley exceda el equivalente a 3 mil salarios mínimos.
Mientras tanto, en el Senado, la bancada panista circuló lo que será su agenda de 10 acciones prioritarias en esta Legislatura, donde destacó la necesidad de poner fin a la impunidad con la fiscalía autónoma, al detallar que darán prioridad a la decisión de lograr cero tolerancia a la corrupción y buscarán dar fin a la impunidad.
“Fortaleciendo la ley para hacer realidad que verdaderamente pague con cárcel quien se robe el dinero de los mexicanos y se recupere lo robado”.
Asimismo, los 18 panistas van por la reducción al precio de las gasolinas e IVA en la frontera al 8%, también dentro de las prioridades.
Al dar a conocer el decálogo de acciones, la bancada perfiló temas que concuerdan con la bancada mayoritaria de Morena, comoeliminar privilegios y gastos innecesarios de funcionarios, “con un verdadero plan de austeridad”, junto con la eliminación del fuero para todos los servidores públicos.