Un juez federal de Control vinculó a proceso a 10 ex servidores públicos del municipio de Paraíso, Tabasco, entre ellos al ex alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez, por desacato a una sentencia de amparo durante el período 2013-2015.
El caso motivó a que en enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara a la Procuraduría General de la República la consignación de manera directa de los ex servidores públicos.
El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Tabasco decretó la vinculación a proceso de los imputados, por el delito previsto y sancionado en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo, y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
En enero pasado, en un hecho sin precedentes, la Corte ordenó la destitución del cargo y consignación de diez regidores en activo, entre ellos, Bernardo Barrada Ruiz, presidente municipal, así como de dos secretarios, todos de Paraíso, Tabasco, por desacato a una sentencia de amparo.
De igual manera, ordenó la consignación de diez ex regidores más de la mencionada localidad, entre los que destaca Jorge Alberto Carrillo Jiménez, quien fue presidente municipal, de 2013 a 2015.
La decisión de la Corte derivó porque los funcionarios y los ex servidores públicos no cumplieron con un fallo emitido en 2012; el asunto tuvo su origen en un laudo laboral que ganaron 23 ex trabajadores del ayuntamiento, a quienes en 2006 se les debió pagar 38 millones 913 mil 081 pesos y reinstalar en sus plazas; hasta el 12 de octubre de 2017, el monto adeudado ascendía a 95 millones de pesos.
El municipio de Paraíso tiene asignado para este año un presupuesto de 405 millones 253 mil 627 pesos; en 2017, su presupuesto fue de 399 millones 337 mil pesos.
VINCULADOS
Jorge Alberto Carrillo, quien fue primer regidor y presidente municipal, fue consignado y hoy está vinculado a proceso; lo mismo quienes fungieron como segundo hasta décimo regidor:
Sebastián Santos Pérez, Guadalupe Sánchez Pérez, José Antonio Alejandro Javier, Jorge Verduzco Cortés, Miriam Magaña Santos, Víctor Jesús Sevilla Pérez, Alma Yoriela Pérez Salazar, Paula Carrillo Pulido y Rosana Gómez Alejandro.
EL JUICIO
El 10 de diciembre de 2012, 23 ex trabajadores promovieron un amparo en contra del incumplimiento del laudo de 29 de agosto de 2005 y de la resolución del incidente de liquidación de 6 de octubre de 2006, ambos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco.
El 30 de agosto de 2013, el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Octava Región otorgó el amparo a los quejosos para los siguientes efectos:
Para que la autoridad responsable diera inmediato cumplimiento al laudo dictado en 29 de agosto de 2005 consistente en la reinstalación de los quejosos.
Realizar el pago de la cantidad que hasta el momento sea liquidado y su actualización a la fecha de pago de todos los quejosos y al peticionario Guadalupe Flores Javier (fallecido).
Que en caso de no existir partida presupuestal para realizar el pago o crear las plazas respectivas, se incluyera en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2014, en el entendido que la cantidad que debía presupuestarse debía ser igual a la condenada en el laudo, sus liquidaciones y actualizada a la fecha de pago del año siguiente.
El cumplimiento de la sentencia fue requerido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y al Ayuntamiento responsable, (a la anterior y a la actual integración).
El 24 de marzo de 2014, se tuvo a los quejosos interponiendo un incidente de inejecución de sentencia, y dado que no se obtuvo su cumplimiento, el juez de Distrito ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado para continuar con el trámite. El 27 de abril de 2017, el Tribunal Colegiado remitió el caso a la Corte.
El ministro José Ramón Cossío dijo que los integrantes de la administración pasada (trienio 2013-2015) tuvieron una actitud contumaz y un desacato total a la ejecutoria de amparo pues no realizaron gestión alguna para cumplir la misma conduciéndose con evasivas a los diversos requerimientos.
Respecto al trienio 2016-2018, el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento solicitó un término para estar en condiciones de dar cumplimiento al requerimiento realizado e incluir en el presupuesto de egresos del año 2016, la deuda del expediente laboral.