REPORTAJE POR LILIANA PADILLA
Nayarit.- Los homicidios, que en Nayarit se triplicaron al cierre de este año, dejaron al descubierto una dura realidad en el estado: las cifras fueron maquilladas durante el anterior gobierno, porque tanto la seguridad como la procuración de justicia estaban en manos de grupos criminales.
Eso afirma la nueva administración.
Y no es todo: no han pasado ni 100 días desde la llegada del gobierno y el diagnóstico en todas las oficinas es el mismo: desvíos de recursos, detenciones extrajudiciales, desapariciones, despojos y la pérdida de confianza en las autoridades.
La captura en Estados Unidos del ex fiscal Édgar Veytia, en marzo de 2017, que fue un factor decisivo para la derrota electoral del PRI, destapó una cloaca de corrupción, complicidad entre delincuentes y autoridades, así como de abusos hacia la ciudadanía.
El secretario de Seguridad Pública, Javier Herrera Valles, señala que en la pasada administración “el delincuente se movía con todas las facilidades para hacer sus actividades y mantener esa paz de la que estamos hablando, una paz aparente (en las cifras), porque tenían controlada el grupo delincuencial que estaba siendo favorecido, mantenían estable (el estado de cosas)”.
El incremento en los homicidios dolosos evidencia que ese pacto se rompió. El año pasado solo se reportaron 39 asesinatos, mientras que a octubre de este año van 165, la mayoría cometidos de marzo —cuando Veytia fue detenido— a la fecha.
El funcionario admite que las cifras fueron maquilladas y que hoy existe una pugna territorial entre grupos criminales.
“Las cifras de seguridad estaban en un buen lugar porque no se atendían las denuncias, las quejas menos, se intimidaba a la gente que quería reportar algún hecho delictivo”.
Nayarit tenía una corporación policiaca controlada por el fiscal, que lo mismo detenía delincuentes que inocentes. La primera acción del gobierno del aliancista (PAN-PRD) Antonio Echavarría fue descubrirles el rostro a los policías, ya que andaban embozados por las calles.
“Había una aparente tranquilidad porque el fiscal protegía a cierto grupo y con la fuerza del estado y con la gente que apoyaba, al traerlos embozados no se sabía si eran efectivos u otro tipo de personas”, señala Herrera Valles.
El nuevo fiscal, Petronilo Díaz, admite todas las arbitrariedades que ocurrían en el despacho que hoy ocupa:
“Todo se resolvía acá en el despacho, fue un pequeño grupo, una camarilla muy reducida de personas quienes hicieron funcionar de manera irregular y arbitraria esta institución”.
Una de las víctimas de Veytia, Jonathan Lora, quien pasó seis meses en prisión por órdenes del fiscal, tuvo que trabajar para él: difamaba en redes sociales a opositores. Recuerda que a su despacho llegaban lo mismo delincuentes armados que magistrados, jueces, a quienes trataba como sus empleados.
“Desfilaban ahí en la fiscalía el titular actual del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Enrique Soto, lo recibía como rey y lo regañaba como si fuera su empleado”.
EL DESASTRE
A la crisis en materia de seguridad hay que sumar el desastre administrativo y financiero en que está sumido Nayarit. Un déficit que supera los 2 mil 700 millones de pesos y al menos 500 carpetas de investigación abiertas contra ex funcionarios de las dos administraciones anteriores, las de Ney González y Roberto Sandoval.
“Cada paso que damos nos encontramos una mina (explosiva). Teníamos presupuestado lo que nos íbamos a encontrar, lo que no teníamos presupuestado era el tema de la violencia, sabíamos que había un entramado de complicidad pero no asumíamos el tamaño del desastre y de la descomposición que iba a derivar en una escalada de violencia como la que hoy nos estamos enfrentando”, reconoce el secretario de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro.
El funcionario destaca que también los que se suponía que eran órganos autónomos se sometieron al gobierno y dejaron de lado sus obligaciones. Lo mismo la Auditoría del estado. que también desvió recursos, como jueces y magistrados, quienes solaparon a las dos administraciones anteriores.
Pese a la gravedad de crisis que vive Nayarit y la falta de tiempo y recursos económicos para resarcir todo el daño a las arcas estatales y a la ciudadanía, el secretario de Gobierno sentencia que lo único que no harán será establecer acuerdos “vergonzantes” con los criminales, como afirma que ocurrió durante los últimos seis años en Nayarit.