Defender el territorio durante más de una década acarreó consecuencias permanentes para Norma Garduño, su familia y compañeros de lucha. En 2012 arrancó la disputa de los defensores contra una empresa cuyo ambicioso proyecto, Esperanza Gold, es la instalación y explotación de una mina de oro a tajo abierto en diversos municipios de Morelos.
Cuando se percataron de la gravedad para el medio ambiente que representaba un proyecto minero, activistas ambientales, entre ellos Norma y su esposo, Gerardo Gómez, constituyeron el Movimiento Morelense contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto por Metales. Se encargaron de informar de los riesgos que el proyecto acarrearía a las comunidades. “Los efectos de la minería son graves y sobre todo si es un proyecto grande”, indica Norma.
Zacatecas Silver Corp, de origen canadiense y que hace diez años, la empresa se llamaba Esperanza Silver, es la empresa que impulsa a Esperanza Gold y cuenta con concesiones en los municipios de Temixco, Miacatlán, Coatetelco, Xochitepec y Cuernavaca.
El Movimiento Morelense realizó una caravana en los municipios que serían afectados. Fueron meses de intenso trabajo y sus exigencias para cambiar la Ley Minera llegaron al Senado.
Un año después de haber iniciado sus esfuerzos, en mayo de 2013 se registró una fuerte agresión contra Norma y su familia. Varios sujetos armados en camionetas secuestraron a ella y a sus hijas, fueron amenazadas, golpeadas e interrogadas por más de 24 horas. Familiares de la defensora, entre ellos sus papás, también sufrieron amenazas.
Se logró el rescate bajo advertencia de que balacearían a Norma si se efectuaba una denuncia. Respaldada por el movimiento, la familia acudió a la autoridad, pero Norma asegura que no les tomaron declaración y que fueron forzados al desplazamiento.
El caso ilustra las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas defensoras del territorio y del medio ambiente.
Grandes proyectos contra comunidades
La situación es alarmante, considera el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que, con un informe de abril pasado, alertó sobre el aumento de las agresiones contra los activistas ambientales. Según sus datos los eventos de agresión contra defensores de derechos ambientales pasaron de 78 en 2014 a 197 en 2022, un incremento de 152.56 por ciento. Los ataques tuvieron picos en 2015, cuando ocurrieron 107, y en 2021, cuando se contabilizaron 108. Los años de menor incidencia fueron 2019, con 39 agresiones, y 2018, con 49.
De acuerdo con Cemda, los atentados mortales aumentaron 500 por ciento en el mismo periodo, al pasar de cuatro a 24. Los años más letales fueron 2017, cuando se registraron 29, y 2021, cuando hubo 25 activistas asesinados.
El incremento es por varias causas, pero una de las más importantes es el establecimiento de proyectos a gran escala en territorios de las comunidades de pueblos originarios en México, afirma Luz Coral Hernández, abogada en el Cemda y quien formó parte del equipo que coordinó la versión 2022 del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México.
“El incremento de estos proyectos lleva de la mano una serie de irregularidades y faltas a la ley que se relacionan con autorizaciones por parte de Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin una evaluación adecuada de impacto ambiental”, advierte la activista.
Existen proyectos a gran escala, como es el caso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en los que, dice Luz Coral Hernández, “se ha evidenciado que hay agresiones contra quienes se oponen, pero de todas maneras las autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de seguridad pública continúan permitiendo el desarrollo de los proyectos”.
Primero, intimidación y hostigamiento
Norma cuenta que hace más de una década diversas personas defensoras del medio ambiente solicitaron una reunión pública a Zacatecas Silver, impulsora del proyecto en Morelos para que expusiera las características.
Empleados de la empresa se presentaron con pobladores de la localidad Tetlama, en el municipio de Temixco, donde arrancó el proyecto. Los inconformes se enteraron de que la empresa había llegado 10 años antes al estado y había realizado una labor social en la comunidad: pavimentación, electrificado de calles, instalación de un centro de cómputo y de parques.
“Llegó la bonanza a un pueblo olvidado”, analiza Norma. Se entregaba, además, una mensualidad económica a comuneros para que permitieran explorar los terrenos concesionados. “Eso hacen las empresas en las comunidades y las autoridades son laxas. No se toma en cuenta el ordenamiento territorial de la tierra ni el efecto que esto tiene a nivel social y cultural”, añade.
Cuando las cosas no fluyen como marca el plan de negocios corporativo, vienen las presiones en perjuicio de quienes se oponen a los proyectos. Tras el secuestro contra ella y su familia, descubrieron que no había voluntad de las instituciones para resolver el caso. Decidieron ir a la Ciudad de México y denunciaron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Organizaciones los conectaron con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero Norma afirma que no sirvió de mucho.
“No había apoyo de ese mecanismo. Sobrevivimos por el respaldo de familiares y del movimiento”. El desplazamiento de la comunidad se extendió hasta 2017. En ese tiempo, allanaron su casa en Morelos y en el domicilio fue hallada una lona contra la empresa que fue usada en la caravana. Se robaron fotos de sus hijas.
Dentro los 197 eventos de agresión registrados en 2022, Cemda contó al menos 582 agresiones diversas, y entre las más recurrentes están las intimidaciones (148), hostigamientos (116) y amenazas (64).
Ese año, Guerrero encabezó las agresiones letales por entidad federativa, es decir, personas defensoras asesinadas, con siete casos de un total de 24 en todo el país.
Los estados con más eventos de agresión son Oaxaca (34), Ciudad de México (27), Chihuahua (21), Jalisco (20) y Chiapas (19).
Amenazas incluso en la capital del país
El patrón de instauración de proyectos a gran escala sucede en territorios que pertenecen a las comunidades o pueblos originarios que también existen en la Ciudad de México, que ocupa el segundo lugar en este tipo de eventos. “Son ataques que se registraron luego del ejercicio del derecho a la protesta”, detalla la abogada Luz Coral Hernández.
En la capital además suceden agresiones en contra de personas académicas que denuncian y hacen defensa ambiental contra proyectos mineros. En Oaxaca, que tiene el primer lugar en agresiones de esta naturaleza, el proyecto que se relaciona con más atentados es el Corredor Interoceánico.
El Cemda se acercó a las comunidades indígenas y obtuvo información detallada sobre las agresiones que enfrentan. “Son violaciones a los derechos humanos en todo el territorio nacional. Existe la participación de agentes del Estado en el establecimiento de proyectos en diversos partes de México”, asegura Hernández.
La organización ha documentado que las agresiones y asesinatos constantes no son algo nuevo. A lo largo del tiempo “identificamos agresiones letales, pero no vemos acciones gubernamentales efectivas que impacten en este contexto de violencia contra personas que realizan la defensa ambiental en casos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico”, informa la abogada Luz Coral.
El Poder Judicial, afirma, es omiso ante las denuncias por parte de las comunidades y personas defensoras. “No se están admitiendo los amparos, se pierden expedientes. La autoridad no suspende, o sigue autorizando proyectos que atentan contra el medio ambiente. La impunidad agrava la situación”, agrega.
En 89 eventos de agresión en 2022, las víctimas acusan, por ejemplo, al gobierno federal en 18 casos, a gobierno y empresa en 15, a gobierno estatal en 15, a gobierno municipal en 13 y a gobierno y delincuencia organizada en 10.
Medidas de protección ineficientes
A pesar de todo Norma y su familia tomaron la decisión de volver a Morelos, era importante regresar para fortalecer el movimiento. “Diez años de resistencia no es sencillo”, reconoce, pero desde 2017 a la fecha, la defensa del territorio no ha parado.
El proyecto de Zacatecas Silver en marzo pasado anunció que ampliaría las exploraciones que le otorgan sus concesiones, comenta Norma. La empresa intenta terminar la fase de exploración y comenzar la de explotación, que sería la situación más dañina para los habitantes. Por ello, durante una década el movimiento ha difundido las afectaciones.
Norma cuenta que la familia y otras personas que conforman el movimiento viven con medidas de protección y protocolos de seguridad diarios. “Hasta hoy, nunca se logró integrar una carpeta de investigación por los hechos de la agresión que padecimos. La única que hay es por robo, lo cual es indignante porque solo se robaron las fotos familiares”. No hay un solo detenido por los hechos, lo cual “desmoviliza, fragmenta, hay miedo". Es un mensaje que dice: ‘mira lo que te puede pasar si defiendes el territorio’”.
Según el informe de Cemda, en 2022 las personas más agredidas son integrantes de comunidades (46.2 por ciento), miembros de organizaciones de la sociedad civil (32.5 por ciento) y personas comuneras (8.6). La organización encontró que en 52 por ciento se trata de comunidades indígenas.
Detalla, además, que los eventos de agresión se registran, sobre todo, en los sectores minero (19.8 por ciento), de biodiversidad (19.3) y forestal (16.8).
—¿Qué se necesita para revertir la situación? —se pregunta a la abogada Luz Coral Hernández.
—Una política pública integral de protección para las personas y comunidades defensoras. Se necesita que los diferentes órdenes y poderes del Estado asuman sus compromisos y otorguen distintas medidas, más allá del botón de pánico del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras.
En el informe se divulga que quienes contaban con medidas de protección también resultaron víctimas. “Encontramos que esa protección por parte del Estado mexicano ha sido insuficiente. Es evidente la falta de voluntad. Los tres poderes no están garantizando un entorno seguro para la defensa ambiental en México”, acusa.
Una de las conclusiones es que las medidas que ofrece el mecanismo “no son suficientes para garantizar la protección de las personas, y la dejan en manos de agentes agresores como instituciones de seguridad pública municipales y estatales, o de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, que también son agresores de las personas y comunidades defensoras ambientales. El propio Ejecutivo es agresor al realizar actos de estigmatización”.
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