El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Suprema Corte va a invalidar la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral al argumentar que la mayoría de los ministros está alineado al bloque conservador.
En la conferencia mañanera insistió que antes de concluir su mandato enviará una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular “porque no le veo otra salida”.
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“No me sorprende, ahora sí que eso no es nota, los ministros están alineados, la mayoría al bloque conservador, todo el poder judicial, es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite política y económica por eso hace falta una reforma al poder judicial”, subrayó.
El presidente dijo que uno de los principales motivos por los que se invalidará esta propuesta es porque establece que nadie debe ganar más que el presidente y los ministros son los primeros en violar la constitución.
Y es que López Obrador reconoció que “fracasó” al elegir a los ministros que entraron a la Corte y que podían impulsar una reforma al interior del Poder Judicial.
“Pensé que si los que me tocaba proponer eran buenos, que eran cuatro más uno que simpatizaba con nosotros, simpatiza con nosotros con el movimiento de transformación, íbamos a tener una Suprema Corte con auténticos impartidores de justicia porque son 11, cinco y se convenció a uno seis ya con ellos se podría llegar a un acuerdo”.
Ayer, se dio a conocer que el ministro Javier Laynez Potisek propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la segunda parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral, porque el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, adicionales a las que se analizaron en el caso del primer Decreto.
La Corte hizo público el proyecto de sentencia del ministro y elaboró un resumen del mismo.
Laynez Potisek estima que estas violaciones son suficientes para anular la totalidad del decreto impugnado, “lo que es congruente con la doctrina jurisprudencial que la Corte ha sostenido en más de treinta asuntos y que recoge los requisitos mínimos para que un proceso legislativo sea válido”.
cog