La propuesta de reforma administrativa presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo la eliminación de siete organismos autónomos, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La intención es que el Gobierno Federal asuma las funciones actualmente desempeñadas por estos organismos.
El documento muestra que la iniciativa del mandatario “tiene la finalidad de transversalizar la política de austeridad republicana” y que así diferentes secretarías del gobierno desempeñen las funciones de organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Además de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
“La presente iniciativa busca la reincorporación a la esfera de la Administración Pública Federal de las funciones efectuadas por los Organismos Constitucionalmente Autónomos, Órganos Reguladores Coordinados en materia energética y otros descentralizados, evitando así la duplicidad de funciones y permitiendo ahorros presupuestales, sin afectar las funciones que desempeñan.
“De igual forma, se mandata al Congreso de la Unión, a través del régimen transitorio, realizar las adecuaciones legislativas necesarias para la extinción o fusión de los organismos autónomos señalados, así como para la extinción o fusión de los órganos descentralizados y desconcentrados, en los cuales las dependencias donde están sectorizadas o dependen jerárquicamente puedan asumir la competencia para efecto de atender los objetivos institucionales para los cuales fueron creadas”, señala la iniciativa.
En el caso del INAI, sus funciones en cuanto al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia, se trasladarían a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la Administración Pública Federal.
Además de los órganos de control y disciplina del Poder Judicial, organismos autónomos, y contralorías del Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia; dicha estructura se replicaría en el ámbito estatal con sus contralorías o áreas homólogas.
Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) se haría cargo de las obligaciones de los partidos políticos, y las atribuciones sobre los datos personales en posesión de particulares quedarían a cargo del Ejecutivo Federal
“En lo que se refiere a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares, las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo Federal, conforme se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, indica el documento.
La iniciativa señala que las funciones de la Cofece pasarían a la Secretaría de Economía; las del Coneval a la Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Así como las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía pasarían a la Secretaría de Energía; además de que los trabajos del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación quedarían a cargo de la Secretaría de Educación Pública.
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