Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Chiapas, informaron sobre el aseguramiento de un campamento clandestino en la que se albergaba migrantes en el municipio de Tecpatán.
A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su delegación de Chiapas, cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, en ese municipio.
El cateo se realizó en un predio que se ubica en un desvío con dirección a la colonia Adolfo López Mateos, sobre la carretera federal 102 Malpaso-Tecpatán – Chicoasén, perteneciente al municipio de Tecpatán, Chiapas, mismo que fungía como campamento clandestino para el tráfico de personas indocumentadas.
Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público Federal (MPF), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró la detención de dos personas por el delito de migración.
Durante la diligencia en dicho predio, se rescató a una persona de nacionalidad hondureña, misma que fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
En dicho lugar supuestamente albergaban a más de 400 migrantes de forma irregular, quienes ya no se encontraban en el sitio.
Cabe señalar que este cateo contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN) con la seguridad perimetral.
Los detenidos y el inmueble quedaron a disposición del MPF de la FGR, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, por el delito de migración en su modalidad bajo el supuesto de Albergue con el propósito de obtener un lucro directo e indirecto con fines de evadir la revisión migratoria.
¿Cuál es la pena para un pollero en México?
El pasado 1 de junio de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló una pena de entre ocho y hasta 16 años de prisión para quienes trafiquen personas indocumentadas en México.
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“La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pena de ocho a dieciséis años de prisión prevista en el artículo 159, fracción III de la Ley de Migración, para castigar el delito de tráfico de indocumentados es constitucional, por ser acorde a los principios de igualdad y proporcionalidad de la pena”, dijo el Supremo en un comunicado.
PGG