La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado mil 91 denuncias penales por desvío de recursos de 2001 a la fecha, pero la mayoría se encuentra congelada o en fase de “integración” en la Fiscalía General de la República (FGR); en esos 21 años solo 20 casos han terminado en una sentencia y únicamente en 14 el fallo ha sido condenatorio.
En 2021, al menos 12 denuncias penales presentadas por la ASF recibieron carpetazo por motivos como que caducó la acción penal sin haberse ejecutado, fallecimiento de los imputados o inexistencia de las conductas denunciadas, principalmente.
Son denuncias que la ASF presentó entre 2001 y 2018 contra servidores o ex servidores de Lotería Nacional, Pemex, SAT, Secretaría de Agricultura, Fideicomiso de Riesgo Compartido, Financiera Rural y los municipios de Motozintla, Chiapas, y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
Sin embargo, para este año los casos no sólo están paralizados, sino que han comenzado a ser desechados por autoridades ministeriales, de acuerdo con dos informes semestrales que la ASF envió a la Cámara de Diputados.
Una explicación al desechamiento de las denuncias por parte del Ministerio Público (MP) puede encontrarse en lo que el ex auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano, expuso en entrevista con MILENIO el 22 de noviembre.
El contador público trabajó en la ASF desde mayo de 2018 hasta mediados de noviembre, cuando renunció a manera de protesta por las modificaciones que hubo al reglamento interior de la Auditoría, que quitaron facultades a las áreas auditoras para elaborar dictámenes técnicos, los cuales sirven de soporte a las denuncias penales, para que ahora sea el área de seguimiento la que los realice.
Lozano aseguró que él no tiene conocimiento de lo que pase en la cancha de la Fiscalía, pero lo que sí puede afirmar es que el proceso de elaboración de dictámenes técnicos de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero arrojaba dictámenes débiles.
De las mil 91 denuncias que la ASF ha presentado ante la PGR o FGR, prácticamente la mitad (595) corresponden a casos de la Auditoría de Cumplimiento Financiero.
“Observé que el área auditora se lo mandaba directamente al Jurídico y cuando revisamos algunos dictámenes técnicos, los vimos débiles en su presentación, en su contenido y en su argumentación. Lo que hicimos fue, en la lógica de ‘vamos a presentar mejores dictámenes técnicos’, que se cambió el proceso”, explicó.
Lozano afirmó que en su gestión involucró a abogados expertos para fortalecer y perfeccionar los dictámenes técnicos, antes de pasarlos a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la presentación formal de la denuncia.
“Lo que hicimos fue mejorar el proceso, cuidar los expedientes, que hubiera una muy buena vinculación entre dictámenes técnicos y el expediente para que el MP no tenga que batallar mucho”, afirmó
El informe de octubre de la Auditoría Superior de la Federación también revela que, de las mil 91 denuncias penales interpuestas ante el Ministerio Público federal, la mayoría (724, que representan 66 por ciento), permanecen en estado de “integración”.
En ese estatus, hay al menos cuatro que fueron presentadas desde 2001, es decir, hace 20 años. Otras 227 denuncias, que representan 20 por ciento, se encuentran en estado de “No ejercicio de acción penal”, es decir, paralizadas en el escritorio del Ministerio Público, sin que se proceda, por ejemplo, a solicitar aprehensiones.
Entre esas se cuentan al menos dos expedientes de 2000 y ocho de 2001, que, aunque no han sido desechadas, tampoco han avanzado para su conclusión.
Hay además 68 denuncias en reserva, 21, judicializadas; 20, con sentencia; nueve, en archivo temporal; siete, consignadas, y tres en fase de instrucción.
La directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, Ángeles Estrada, aseguró que la falta de efectividad de las denuncias penales presentadas por la ASF ante la PGR o FGR sólo demuestra la falta de coordinación que existe entre ambas instituciones, que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como lo concluye su estudio Observatorio de los Sistemas Anticorrupción.
Dijo que probablemente las denuncias de la ASF no satisfagan las exigencias de la FGR para que ésta pueda emprender acción penal: “Algo está sucediendo, pero no sé si es que la Auditoría no le da los elementos a la Fiscalía o la Fiscalía interpreta los extremos de la norma de manera muy restrictiva y la Auditoría no puede cumplir con ese marco para probar algo”.