Ataques con ácido, problema de décadas apenas reconocido en México

Apenas el 9 de marzo del 2023, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, reformar el Código Penal Federal para sancionar los ataques con ácido con penas que van desde los 7 y 15 años de prisión.

La violencia ácida es un problema que lleva décadas en el país. | Araceli López
Ciudad de México /

El pasado 11 de mayo Efrén García fue sentenciado a 46 años y 8 meses de prisión por el intento de feminicidio de Carmen Sánchez al atacarla con ácido el 20 de febrero de 2014, esta sentencia es la primera de su tipo en México, sin embargo, los ataques con ácido contra mujeres llevan décadas ocurriendo sin reconocerse lo cual ha dejado a cientos de mujeres sin un verdadero acceso a la justicia.

Uno de estos casos es el de Elisa Xolalpa quién fue víctima de un ataque con ácido a mano de pareja Javier Edilberto “N” en 2001, sin embargo, en ese entonces ante la falta de protocolos de acción ante la violencia de género Elisa decidió únicamente sanar sus heridas del cuerpo y no fue hasta años después que con apoyo de distintas colectivas feministas decidió denunciar lo ocurrido.



Sin embargo, al no ser un delito reconocido en el código penal federal su agresor únicamente fue sentenciado a siete años de prisión sin tomar como agravante que intentó atentar contra su vida, por lo cual podría salir en pocos años y poner nuevamente en riesgo la vida de Elisa.

Ataques con ácido. | Especial


Pero este caso no es aislado, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, en los últimos 20 años al menos 42 mujeres han sido atacadas con ácido; mientras que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, al menos 3 mil 354 mujeres han sido ingresadas al hospital luego de sufrir quemaduras por sustancias corrosivas, en la mayoría de los casos los hombres son los agresores.

De todos estos casos, solo Carmen ha logrado que se condene a su agresor por este delito, ya que en otros casos las autoridades han tipificado estos crímenes como violencia familiar o lesiones lo cual hace que las penas sean mínimas.

Pero hay otros casos en los que una sentencia ni siquiera se ha hecho presente como en el caso de la saxofonista María Elena Ríos quién fue atacado con ácido en septiembre del 2019 y aunque uno de sus agresores ya está detenido, las audiencias se han retrasado impidiendo que se dicte un veredicto por esta tentativa de feminicidio.

María Elena Ríos fue atacada con ácido en Oaxaca. | Jorge González

O el caso de María López quién fue víctima de un ataque con ácido y al pensar que nadie más había sido víctima de violencia guardó silencio durante 34 años hasta que conoció por las noticias a Carmen Sánchez y decidió buscar justicia por su caso, sin embargo, frente a las nulas investigaciones que se hicieron al momento de la agresión el acceso a la justicia para ella se ha vuelto casi imposible.

Apenas el 9 de marzo del 2023, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, reformar el Código Penal Federal para sancionar los ataques con ácido con penas de entre 7 y 15 años de prisión, y asimismo, si la lesión o lesiones afectan órganos o funciones vitales, ponen en peligro la vida o afectan más de la mitad del cuerpo, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio o el feminicidio, en grado de tentativa, según corresponda.



Además, esta reforma permite garantizar que las víctimas de estas agresiones tengan acceso a cirugías reconstructivas dentro del Sector Salud, ya que muchas de ellas han tenido que atenderse en hospitales particulares ante la falta de insumos en hospitales públicos.

Ximena Canseco, vicepresidenta de la fundación Carmen Sánchez, explicó que para una víctima de ataque con ácido el recobrar su vida conlleva un proceso físico y psicológico que puede tardar años, algunas víctimas han requerido al menos 60 cirugías para poder recuperar la movilidad de sus cuerpos.

Carmen es la única que ha logrado que se condene a su agresor por este delito. | Araceli López


Sin embargo, quiénes han sufrido este tipo de ataques, aseguran que, si bien ya hay avances en el tema tanto en los códigos penales como en la visibilidad del fenómeno, aún falta mucho por hacer para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, así como políticas públicas que garanticen su inclusión en distintos ámbitos de la sociedad tanto laborales como personales.



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