Ángel Domínguez Ramírez Jr. nació en Tamaulipas y se volvió tan estadunidense que le quitó las tildes a su nombre y apellidos latinos, pero no sólo eso: desde su juventud se enlistó en el Cuerpo de Infantería de la Marina norteamericana y fue precisamente ese entrenamiento militar lo que lo hizo un candidato perfecto para formar parte de organizaciones de tráfico de droga mexicanas.
Otros ciudadanos estadunidenses optaron por perfeccionar diversos métodos de intimidación que tanto han desarrollado los cárteles mexicanos, y algunos, incluso, se volvieron narcosoldados implacables que nacieron y crecieron en la propia Unión Americana.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) creó un ejército para distribuir drogas en ese país, y a quienes recluta les enseña cómo resolver las pugnas al estilo mexicano: amenazas e intentos de asesinatos, venganzas, uniformes falsos de policías, rifles AR-15 escondidos en casas particulares, violentos cobradores de deudas… prácticas que se expanden hasta en pequeñas comunidades de este país.
Una revisión de MILENIO en los partes policiales del Departamento de Justicia y de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y en documentos que refieren las acciones de diversas entidades judiciales, se revela que desde el año 2020 el CJNG fue uno de los blancos principales de los fiscales por su capacidad para provocar olas de violencia en estados que antes se caracterizaban por su relativa tranquilidad.
El esfuerzo por parte de los organismos federales fue vasto en los operativos en diversos estados de la Unión, a través de algo llamado Grupo de Acción contra la Droga y el Crimen Organizado (OCDETF por sus siglas en inglés) con un enfoque cooperativo federal.
En él, en cuanto al Departamento de Justicia se identifican la multiinstitucional División de Operaciones Especiales, y los fiscales federales de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas; además, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Aplicación de la Ley de la División Penal.
Las autoridades revelaron en el año 2020 que gracias a un operativo llamado Project Python, desarrollado en unos cuantos meses, habían logrado la captura de 700 personas asociadas al CJNG y a otros grupos criminales.
A través de los reportes públicos se conoce que desde el 2020 la agencia ha reportado la detención y enjuiciamientos de al menos 46 integrantes que trabajaban en Estados Unidos y operaban con las mismas prácticas cruentas de este cártel en México.
El reclutamiento de marines o soldados estadounidenses para trabajar en las filas de los cárteles mexicanos no es un asunto aislado. En 2021 fueron detenidos Jonathan Zarazúa, de 28 años, Emmanuel Oppongagyare, de 22 años, y Ralph Gregory Saint-Jolie, de 19 años. Los tres fueron juzgados por participar en el tráfico de drogas e indocumentados.
De acuerdo con documentos judiciales, Zarazúa confesó que “fue reclutado específicamente porque podía usar su estatus militar para facilitar el cruce de la frontera con narcóticos”.
Poco antes, en 2019, un testigo relató a Telemundo que en los campos de entrenamiento del CJNG hay “navys” y “fuerzas Delta de Estados Unidos”, los cuales son adiestrados para traficar drogas e intimidar a otros cárteles.
Brazo operativo
Según la Fiscalía estadunidense Ángel Domínguez, el ex marino desertor, logró establecer su propia organización delictiva llamada El Seguimiento 39, El Seg 39 o Grupo Satélite Elite 39, que si bien trabajó también para otros cárteles mexicanos –el de Sinaloa, por ejemplo– terminó siendo un brazo operativo para el lavado de dinero en favor del CJNG en Estados Unidos.
A grandes rasgos, lo que hizo el tamaulipeco con nacionalidad estadunidense fue que logró transportar droga desde América del Sur hasta ciudades como San Diego, en California. No solo se encargaba de introducir los cargamentos, sino que coordinó para el cártel toda una red de transporte, de coordinadores, lavadores de dinero, mensajeros y corredores de suministro de estupefacientes.
Los documentos señalan que Domínguez fue marino de los Estados Unidos y hasta 1994 vivió una vida aparentemente ejemplar. Sólo que justo en ese año su vida dio un vuelco, dado que sus dos hijas murieron en un accidente automovilístico. “Empezó a dedicarse a la vida del narcotráfico en 1998”, relata un informe.
Y aunque las autoridades documentan que Ángel Domínguez prefería evitar el plomo, también dejó escuela criminal para jóvenes tanto de origen mexicano como a otros nacidos en Estados Unidos. Al menos otras 41 personas están relacionadas con su organización delictiva y comparten algunos cargos en su contra.
El narcoejército se dispersa
Los casos de operación criminal no se limitan a una sola demarcación, al contrario, se registran en muy diversas zonas y condados de Estados Unidos.
Por ejemplo, en noviembre del 2022 la DEA reveló que Armando Fierro-Ponce, de 28 años, junto con otro cómplice traficó metanfetamina, heroína y pastillas de fentanilo en los condados King, Snohomish, Lewis y Pierce, en Seattle, Washington.
Una serie de escuchas telefónicas reveló que realmente su principal papel era trabajar como cobrador de deudas del CJNG en la zona, actividad que realizaba con base en amenazas violentas a los deudores del cártel.
Para resolver este y otros casos hubo labor conjunta de varios órganos gubernamentales. Entre ellos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los departamentos de Policía de Kent y de SeaTac, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (conocida como ATF) y el Servicio de Investigación Criminal de Hacienda (IRS-CI, sus siglas en inglés).
Ese mismo 2022 el Fiscal Federal de Seattle, Nick Brown, acusaba que “junto con las drogas, vemos que fue traída a nuestro distrito la violencia de los cárteles del narcotráfico en México”, refiriéndose a las acciones que venía realizando otro residente estadunidense llamado Adrián Izazaga-Martínez, de 28 años, nacido en Kent, Washington.
A través de escuchas telefónicas a 100 aparatos, encontraron que este hombre y otros integrantes del CJNG planeaban desatar la violencia al estilo mexicano: con agresiones, secuestros e intimidación con armas de fuego, en un área que tradicionalmente era más o menos calmada.
Los casos de prácticas similares a las del narco en territorio mexicano también se extendieron hasta Texas. Ahí un ciudadano estadunidense llamado Marco Antonio González, tras ser detenido por la DEA amenazó con asesinar a uno de sus cómplices si testificaba en su contra, en un juicio en que lo relacionaban como empleado del CJNG en el estado de la Estrella Solitaria.
Más al norte, en la ciudad de Boston, Massachusetts, Josué Rivera Rodríguez, nacido en Holyoke, condado del mismo estado, se disfrazaba de policía y resguardaba fentanilo en una casa para el CJNG. Se protegía con AR-15, que suele utilizar el narcotráfico en México. Josué operaba en condados pequeños como Watertown, Revere, Holyoke y Springfield.
Un agente especial del FBI, Joseph R. Bonavolonta, describió que Rivera Rodríguez “no solo distribuyó cantidades considerables de fentanilo en nombre del Cártel en nuestras comunidades, sino que los agentes incautaron en su casa armas de fuego mortales, incluida una ametralladora AR-15 completamente automática y varias pistolas equipadas con mira láser. Estas armas son demasiado excesivas y poderosas para cualquier pretensión de autodefensa, están diseñadas para la destrucción y el daño”.
Uno de los casos más recientes se reveló con la sentencia en diciembre del 2022 de José Elías Barbosa, de 37 años, de Kent, Washington, quien se convirtió en lugarteniente del CJNG en ese estado, en el que distribuía heroína, metanfetaminas y fentanilo, además de perseguir y acosar a aquellos que tenían deudas con la organización.
Redadas contra células completas
Sin embargo, aunque los anteriores casos se relacionan con uno o dos individuos coludidos en actividades delictivas, los informes revelan que se desmantelaron estructuras que incluyen la participación de más de una decena de personas al servicio del cártel mexicano que trabajan desde Estados Unidos.
El 28 de julio de 2020, las fuerzas del orden arrestaron a 13 personas mencionadas en una investigación que perseguía tráfico de drogas y que estaba relacionado con el CJNG. Gran parte de la actividad ilegal en ese caso se ubicaba en la zona South Puget Sound, en la península de Kitsap, en Washington.
Si bien hay muchos nombres latinos en estas acusaciones, lo que destaca es el lugar de nacimiento de los inculpados: Gonzalo Villaseñor, 23, Lynnwood; Julio Cesar Ramírez-Meneses, 32, Kent; Jocelyn Leyva-Castellanos, 21, Lynnwood; Edgar Efren Olivas-Armenta, 43, Edmonds; Rozzy Marie McGee, 34, Everett, etc. Uno tras otro, su lugar de nacimiento es Estados Unidos.
En julio de 2020 la Fiscalía de Seattle confirmaba que los arrestos federales incluían no sólo personas de la región de Puget Sound, sino también de California, luego de una investigación de 18 meses contra miembros de una organización narcotraficante vinculada al CJNG.
La constante era que gente con nombres latinos pero nacidos en Estados Unidos se habían puesto al servicio del Cártel mexicano para llevar sustancias psicoactivas y terror a diversas comunidades.
Soldado del cártel busca redención
Aunque todos ellos comprobadamente trabajaron en territorio estadunidense para la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, algunos como Ángel Domínguez Ramírez Jr, el marine que fue cooptado y llevado a las filas del CJNG, en mayo del año pasado pidió ser perdonado por haberse relacionado con las fuerzas del cártel.
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A través de una serie de cartas, familiares, amigos e incluso marinos en activo de la Armada estadunidense pidieron clemencia al juez William Q. Hayes, que lleva el caso en San Diego, California. Uno de los que abogaron por Ángel fue Crispín Castro, sargento de la Marina a cargo de los detenidos.
“Domínguez ha estado bajo nuestro cuidado durante aproximadamente tres años”, dijo Castro. “Desde su llegada he tenido mucho de tiempo de escuchar su historia y tuve la oportunidad de conocerlo mejor como persona. Domínguez sirvió con orgullo en el ejército y es un veterano de la Marina”.
El sargento de la Marina describió cómo durante esas conversaciones el detenido le compartió un período importante y extremadamente doloroso de su vida: “El profundo dolor que sintió cuando perdió a sus dos hijas después de un horrible accidente mientras estaba sirviendo en el ejército”, explicaba Crispín Castro.
Otra de sus hijas, Jacqueline, escribió una carta al juez Hayes donde decía en referencia a Ángel Domínguez: “Todo lo que hizo fue para que nunca nos faltara comida, estudio, educación y prepago de escuelas con educación de excelencia. Pero como dice el dicho: ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’. Él nunca pensó en las consecuencias de sus acciones. Le ruego que le dé una segunda oportunidad para poder enmendar sus errores”.
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