Una jueza federal ordenó liberar a los ocho militares acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, debido a su posible relación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes cercanas al caso informaron que la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, echó para atrás la prisión preventiva justificada en la que los ocho militares se encontraban desde febrero de 2024.
¿De qué acusan a los militares relacionados con el caso Ayotzinapa?
Los militares están sujetos a un proceso penal por sus presuntos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como el responsable de la desaparición y probable asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Sin embargo, tras la decisión de la jueza, podrán abandonar el Campo Militar número uno, en la Ciudad de México, si cubren con una fianza de 100 mil pesos. Posteriormente, los ocho uniformados tendrán que acudir los días 1 y 16 de cada mes a firmar a un juzgado en el Estado de México.
¿Quiénes son los militares relacionados con el caso Ayotzinapa?
Los elementos presuntamente relacionados con el grupo Guerreros Unidos fueron identificados como Juan Andrés ‘N’, Ramiro ‘N’, Gustavo ‘N’, Omar ‘N’, Roberto ‘N’, Eloy ‘N’, Uri Yashiel ‘N’ y Juan ‘N’.
Apenas en febrero de 2024, la misma jueza les había dictado la medida de auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, del que eran acusados por la FGR.
¿Por qué la FGR acusa a los militares del caso Ayotzinapa?
La acusación en contra de los uniformados está basada en los testimonios de Carla y Neto, delincuentes confesos que participaron en diversos delitos, incluyendo la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014. Según sus declaraciones, los militares protegían a los delincuentes a cambio de un pago.
Sin embargo, la defensa de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, exigieron desde aquella fecha la libertad de sus defendidos y aseguraron que este asunto no es más que una “persecución política”.
“Estos testigos Carla y Neto fueron evidenciados por mentirosos y manipuladores. Por ejemplo, el testigo Carla aportó en su momento mensajes de WhatsApp para involucrar en su momento a elementos del Ejército Mexicano. El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que no era posible garantizar la autenticidad de estos mensajes, por lo que no existía confiabilidad en las imágenes y no podía considerarse prueba”.
El abogado Robledo recordó que el ex subsecretario de Derechos Humanos y ex encargado de la Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, reconoció que los chats no podían verificarse como reales.
“Ahora, estos testigos señalan que por temor y miedo no habían declarado, lo cual es absolutamente falso, ya que habían rendido la declaración en diversas ocasiones, incluso pidiendo perdón a Dios por los delitos que habían cometido. Y ahora resulta que nueve años después recuerdan hechos y circunstancias y detalles para imputar al personal militar”, explicó el abogado.
El 24 de enero de este año, los soldados abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, luego de que la jueza modificó la medida cautelar que les fue impuesta en la causa penal por desaparición forzada y les otorgó la libertad provisional.
La salida ocurrió tras cubrir el pago de una garantía de 50 mil pesos que les impuso. Además, se ordenó a los elementos castrenses presentarse a firmar los días 1 y 16 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares.
También se les prohibió salir del país, acercarse al estado de Guerrero o comunicarse con víctimas o testigos protegidos.
Sin embargo, la FGR solicitó una nueva orden de aprehensión, horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su molestia por la decisión adoptada por la juzgadora, y encomendó ver el asunto con la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
KT