Caso Wallace: juzgado termina prisión domiciliaria de Brenda Quevedo; le retirarán el brazalete electrónico

Tras una audiencia virtual que se extendió por casi once horas, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México dictó el fin de la prisión domiciliaria para Brenda Quevedo Cruz y le retirarán el brazalete electrónico.

La mujer, quien enfrenta un proceso penal desde el año 2007 por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, podrá continuar su proceso en libertad tras demostrarse cambios significativos en las condiciones de su medida cautelar.

¿Por qué se determinó el fin del arraigo domiciliario y el uso del brazalete?

La defensa de Quevedo Cruz, ahora integrada por especialistas privados en derechos humanos, logró demostrar que las restricciones impuestas hace poco más de dos años ya no eran necesarias debido a un cambio en las circunstancias del caso.

Entre los factores presentados ante el juez Juan Alfredo Buendía Rodríguez, se destacó que la procesada ha mantenido un comportamiento respetuoso de las medidas previas y que, tras haber pasado 15 años en prisión preventiva, no existe un riesgo real de fuga. 

Como consecuencia directa, el juzgado ordenó el retiro del dispositivo de geolocalización (brazalete electrónico) y el cese de la vigilancia permanente que elementos de la Guardia Nacional mantenían en su domicilio.

Los argumentos sobre la salud y el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace

Uno de los puntos más determinantes en la resolución fue el cambio en la situación de riesgo tras el deceso de Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima.

Originalmente, el confinamiento se justificaba para proteger la integridad de Miranda, cuyos abogados señalaban supuestas amenazas; sin embargo, con su fallecimiento, dicha condición de riesgo se consideró modificada.

Asimismo, la defensa documentó diversos padecimientos de salud que aquejan a Quevedo Cruz, señalando la urgencia de que reciba atención médica especializada que no puede obtener bajo reclusión domiciliaria.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso alegando riesgos para otros familiares, el juzgador concluyó que las condiciones para mantener el arraigo habían variado sustancialmente.

Un proceso penal de casi dos décadas sin resolverse, marcado por denuncias de irregularidades

A pesar de este cambio en las medidas cautelares, el proceso legal por el caso Wallace se aproxima a cumplir 20 años sin alcanzar una sentencia definitiva.

El expediente se ha visto afectado por denuncias de violaciones graves a los derechos humanos; de hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones reconociendo que Quevedo fue víctima de tortura física y sexual durante el debido proceso.

Además, en 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU determinó que su encarcelamiento prolongado fue injustificado.

Actualmente, diversas organizaciones civiles y clínicas jurídicas de universidades como el ITAM y la Ibero Puebla han asumido su defensa para buscar un desenlace definitivo al juicio.

SORG