Hasta 14 años de cárcel y la suspensión de la profesión, será la pena para el personal médico que cometa procreación asistida, esterilización forzada o incurra en inseminación artificial sin consentimiento de una mujer, en Oaxaca.
Diputados del Congreso del estado de Oaxaca aprobaron con 37 votos a favor reformas al Código Penal, en el que se establece el castigo para aquellos que incurran en una mala práctica médica que tenga consecuencias graves en las víctimas.
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Después de la aprobación de la reforma, la diputada de Morena Haydeé Reyes Soto apuntó que la esterilización forzada es una práctica médica inadmisible que, de acuerdo con investigaciones académicas, se han documentado principalmente en contra de mujeres indígenas de Oaxaca a quienes se les practica la salpingoclasia o colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), entre otros métodos sin su consentimiento.
Haydeé Reyes celebró la aprobación de la 65 Legislatura que protege el derecho de las mujeres sobres sus cuerpos, su maternidad, o bien, el no ejercicio de ella que es un derecho constitucional a la inviolabilidad de la vida privada con relación a la autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia, y contar con acceso a la información.
¿Qué implica la aprobación?
Cabe señalar que en junio del año 2022, la legisladora presentó la iniciativa para subsanar el vacío legal que dejaba en la impunidad la violencia reproductiva en Oaxaca en la que propuso la incorporación de tres ilícitos: la esterilización forzada, la inseminación artificial no consentida y la disposición de óvulos, espermatozoides y embriones para fines no autorizados.
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Reyes Soto destacó que la protección a menores de edad fue una premisa en el proyecto aprobado ya que se establecieron agravantes cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o se trate de persona incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Además, si el delito es cometido en contra de una persona menor de edad, tenga alguna discapacidad o sea incapaz para comprender el significado del hecho o para resistirlo, el hecho será perseguido de oficio, entre otras previsiones contenidas en el dictamen aprobado.
En este marco de combate a la violencia reproductiva, la representante popular resaltó que la protección penal a la libertad de elección reproductiva representa un avance para proteger ese derecho humano fundamental.
AGA