Alerta por 'cemento huachicol': Congreso actúa ante riesgo de material adulterado en Tijuana

Lo que comenzó como un rumor entre constructores y maestros de obra en las colonias tijuanenses escaló formalmente a las altas esferas de la política nacional.

El avance del cemento adulterado o de procedencia irregular, popularmente conocido como cemento huachicol, encendió las alarmas en el Congreso de la Unión, donde la Tercera Comisión de la Permanente aprobó un exhorto urgente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para frenar la comercialización de este insumo que pone en jaque al sector inmobiliario y a la economía popular.

Así, el cemento huachicol de Tijuana dejó de ser un problema del ámbito local para convertirse en un asunto prioritario de seguridad y economía para el Gobierno Federal.

En el dictamen emitido, los legisladores instruyeron a la PROFECO a intensificar las acciones de verificación y vigilancia en la venta de productos cementeros. La dependencia federal deberá reforzar las labores de orientación, información y emisión de alertas públicas para evitar la circulación de este material.

La medida nacional busca garantizar el cumplimiento de la normatividad y proteger los derechos, la seguridad y la economía de los compradores en todo el país.

Para los habitantes de Tijuana y el resto de Baja California, la intervención de la Comisión Permanente responde a una amenaza tangible que impacta de forma directa en el patrimonio familiar.

Construir un cuarto, levantar una barda o cimentar una vivienda con cemento rebajado implica un riesgo severo en una ciudad caracterizada por sus laderas inestables, cañadas y actividad sísmica. La falta de resistencia en este tipo de materiales reduce la vida útil de las obras y expone a las familias a colapsos estructurales en terrenos complejos.

El impacto golpea la integridad de las viviendas y perjudica la economía de las familias tijuanenses. Al verse atraídas por precios debajo de la media del mercado, las personas terminan perdiendo el patrimonio de su vida en edificaciones propensas a grietas.

A través del punto de acuerdo aprobado en el Congreso, las autoridades federales buscan cerrar el paso a los distribuidores irregulares y constructores que utilizan este producto huachicol para garantizar que ningún producto de la construcción ponga en peligro el desarrollo urbano de la frontera.

Ante la gravedad del problema, la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) ha hecho un llamado urgente a la población para adquirir únicamente materiales de calidad probada y provenientes de distribuidores autorizados.

El organismo empresarial enfatizó que la única forma de blindar las construcciones frente al cemento huachicol es verificar los sellos de garantía del fabricante, las normas oficiales mexicanas de cumplimiento y desconfiar de ofertas fuera del mercado regular.

bimc