Pese a que la seguridad pública se ubica como el principal problema para la mayoría de la población, los gobiernos estatales que registran altos índices de violencia como Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán y Jalisco dedican menos de 10 por ciento de su presupuesto en equipar, fortalecer y mantener sus cuerpos de vigilancia y de procuración de justicia.
Incluso, estas cinco entidades federativas presentan reducciones en el porcentaje destinado a temas de seguridad pública para 2023, dejando una gran parte del trabajo al despliegue de fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, de acuerdo con una investigación de MILENIO al revisar los presupuestos destinados a las secretarías de Seguridad Pública y a las Fiscalías de cada estado de la República.
Para el especialista en tareas de seguridad David Saucedo los estados que adolecen de problemas de violencia deberían de destinar por lo menos el 10 por ciento de sus ingresos para poder hacer frente a los retos que representa enfrentar a grupos delictivos fuertemente armados.
“Son pocos los gobiernos estatales que tienen incrementos en sus partidas presupuestales para combatir la inseguridad o para la procuración de justicia, tendrían que estar cuando menos a 10 por ciento de su ingreso en estados que son azotados por la violencia y los más violentos no tienen este porcentaje de inversión en materia de justicia y seguridad pública”, señaló.
La única entidad federativa que destinará un amplio porcentaje de su presupuesto durante 2023 es Ciudad de México, ya que la Secretaría de Finanzas aprobó que, de cada 100 pesos disponibles en el presupuesto, 13.28 pesos serán dedicados para mejorar la seguridad pública y el desempeño de la Fiscalía estatal.
A diferencia de la capital del país donde los fondos públicos dedicados al rubro de la seguridad han aumentado año con año, en Michoacán, donde los grupos de autodefensas dominan en una parte importante de la entidad, los porcentajes han visto una reducción en los últimos tres años.
De acuerdo con las cifras del gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas destinará 5.96 por ciento de sus ingresos totales calculados para 2023. Dicho porcentaje es menor en casi dos puntos porcentuales a lo registrado en 2021 y 2022.
Una historia similar se observa en Jalisco, donde las autoridades estatales destinan a las labores de seguridad 5.3 pesos de cada 100 disponibles en el presupuesto. En este caso los cálculos arrojan que en 2021 se destinaban casi el 6.4 por ciento de los recursos del Estado.
Dicha disminución se presenta justamente cuando se reporta una alta presencia e influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en distintas zonas, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en la sierra colindante con Michoacán.
Otro caso llamativo se observa en Guanajuato, pues a pesar de ser el estado el más violento del país al sumar 2 mil 634 homicidios dolosos en 2022, los porcentajes de inversión pública para mejorar la seguridad pública han visto una reducción en los últimos tres años.
La revisión hecha por MILENIO refleja que en 2021 el estado destinó casi el 11 por ciento de sus recursos para hacer frente a los grupos del narcotráfico y huachicol; sin embargo, para 2022 la cifra se redujo hasta el 9.7 por ciento y para 2023 se prevé que se destinen el 9.33 por ciento de los ingresos estatales.
Cabe resaltar que esta disminución de los recursos viene acompañada de una caída en los homicidios dolosos en esos mismos años, pues en 2021 los 2 mil 823 asesinatos significaron una caída de 15.9 por ciento respecto al año anterior; y en 2022 se cometieron 2 mil 634 delitos que representaron una baja de 6.7 por ciento.
Otra entidad que ha visto una reducción de su gasto en seguridad con respecto a sus ingresos es Quintana Roo, donde los grupos delincuenciales tienen una lucha permanente por el control de las zonas turísticas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, donde los asesinatos se han incrementado casi en 41 por ciento en los últimos cuatro años.
Las cifras arrojan que para 2023 el gobierno estatal destinará 8.42 por ciento del presupuesto total, pero apenas en 2021 se destinaba cerca del 9.6 por ciento.
Otros estados que destacan por tener una baja inversión en seguridad pública respecto a su presupuesto son Sinaloa con 4.07 por ciento, Veracruz 5.13, Coahuila 5.23, Colima 5.46 y Nayarit 5.81.
David Saucedo señala que el hecho de que los gobiernos estatales destinen menos recursos a cuestiones de seguridad corresponde principalmente a que los gobernadores están más interesados en cumplir promesas de obra pública y que le dejan la tarea de la seguridad pública a los cuerpos militares y de la Guardia Nacional.
“Al interior del país muchos gobernadores se escudan señalando que muchos de los delitos son del fuero federal y que ellos no tienen atribuciones en esos conflictos. Son pocos estados los que están invirtiendo en materia de seguridad y eso es también una razón de tipo político-electoral porque para aumentar los estados sus presupuestos en materia de seguridad deberían reducirlos en el rubro de obra pública”.
cog