Un presunto envenenamiento masivo de gatos fue descubierto la mañana del martes 16 de diciembre en el Mercado Popular Morelos, ubicado en el puerto de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Pobladores exigen una investigación urgente para localizar y sancionar a los responsables.
De acuerdo con testimonios de clientes y locatarios, al menos diez gatos fueron hallados muertos en distintos pasillos del centro de abasto. Los animales presentaban espuma en la boca y signos de intoxicación, lo que apunta a un acto deliberado.
Algunos testigos señalaron que presuntamente otros comerciantes del lugar habrían colocado veneno, argumentando que los felinos representan una "plaga".
De manera anónima, una vendedora relató:
"Cuando llegué a abrir mi negocio encontré varios gatos muertos. Alcancé a tomarle fotos a dos. Se llevaron uno en una caja y luego los tiraron a la basura.
Quienes lo hicieron son unos desalmados". Añadió que esta no sería la primera ocasión en que se cometen actos de crueldad contra animales en el mercado.
Activistas piden intervención de las autoridades
Ante la situación, la activista Isis Guillén Rasgado trasladó de inmediato a una gata sobreviviente a la Médica Veterinaria Zootecnista Elizabeth Nolasco para recibir atención de urgencia.
En declaraciones a medios locales, Guillén Rasgado alertó sobre el peligroso recurso al uso de sustancias tóxicas para controlar la fauna urbana.
"Es preocupante la tendencia a usar venenos o insecticidas. Los animales, por hambre, ingieren estos químicos. Es necesario que las autoridades intervengan, investiguen y sancionen a los responsables para frenar estos actos de crueldad", afirmó.
Hasta el momento, el ayuntamiento de Coatzacoalcos informó que ya atiende el caso y se espera que en las próximas horas se emitan los primeros resultados de la investigación correspondiente.
De acuerdo al Código Penal del Estado de Veracruz los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad animal en contra de animales causándoles sufrimiento o heridas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario mínimo.
AGA