Acusan a Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala por violentar y humillar a periodistas y partidos políticos

El PRD de Tlaxcala solicitó medidas cautelares y el inicio de un proceso legal contra la CCOM por presuntamente ofender y minimizar tanto a periodistas como a partidos políticos.

Antonio Martínez es acusado por ofender y hasta humillar a miembros de la prensa y partidos políticos / Facebook: Antonio Martínez Velázquez
Tlaxcala, México. /

El Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala (PRDT) inició el proceso legal para denunciar y solicitar medidas cautelares en contra de la Coordinación de Comunicación Social (CCOM) del Gobierno del Estado por considerar que ha incurrido en actos de violencia en agravio de periodistas, personas de la sociedad civil y partidos políticos.

Así lo informó el dirigente estatal del partido político, Juan Manuel Cambrón Soria, quien precisó que presentaron una denuncia formal ante el Instituto Tlaxcala de Elecciones (ITE) en la que señalan directamente a la CCOM y a su titular, Antonio Martínez.

“Antonio Martínez acostumbra, en las mañaneras Región 4, denostar, ofender y minimizar a periodistas, ciudadanos y partidos políticos”, apuntó.

En conferencia de prensa indicó que han documentado las conductas del funcionario durante los denominados Diálogos Circulares que emulan a la Mañanera de Pueblo con encuentros diarios entre funcionarios y representantes de los medios de comunicación local.

Acusan a coordinador de Comunicación Social de Tlaxcala por uso de recursos públicos para ofender a otros partidos ajenos a Morena 

Cambrón Soria precisó que decidieron denunciar cuando, desde un espacio del Gobierno local, Martínez hizo declaraciones “despectivas” en contra del PRDT.

Detalló que el vocero de Cuéllar Cisneros, además de sus constantes expresiones violentas, con sus declaraciones viola los artículos 134 de la Constitución Mexicana y el 351 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tlaxcala (LIPEET) que establecen que los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer expresiones políticas financiadas con el presupuesto público.

Los recursos públicos no deben ser usados para beneficiar o desequilibrar; más bien, generar inequidad en la contienda electoral con las expresiones políticas”, remarcó el dirigente partidista.

Advirtió que la conducta del portavoz del Gobierno estatal pone en riesgo el proceso electoral que está por iniciar en Tlaxcala para la renovación de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

“El vocero está incurriendo en violaciones constitucionales” [...] “No estamos en contra de la crítica, ni tampoco somos de piel sensible porque, al final del día, como actores políticos eso sucede”, agregó.

Sin embargo, remarcó que el vocero tiene limitantes porque sus expresiones violentas las hace desde la plataforma de Comunicación Social del Gobierno tlaxcalteca, con recursos públicos y ostentando un cargo público.

El líder perredista aseveró que el área de Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala es para informar acciones de gobierno, pero no para expresiones políticas con la intención de minimizar a una fuerza política y ponderar a otra.

“Lo que hace es ponderar al gobierno, al partido oficial, a Morena; y eso, a todas luces es violatorio de la Constitución”, asentó.

Remarcó que confían en que el ITE analice correctamente la denuncia y, ante las limitantes del derecho a la libertad de expresión, dicte medidas cautelares como el que la vocería del Gobierno de Tlaxcala deje de hacer expresiones que incitan a la violencia y fomentan un trato despectivo hacia los partidos políticos y otros sectores sociales.

“Hay una responsabilidad constitucional, insisto, es el [artículo] 134 que es clarísimo: que los funcionarios públicos deben abstenerse de alterar la competencia y la equidad de la contienda electoral utilizando recursos públicos, y el funcionario lo está haciendo; por lo tanto, la salida de la libertad de expresión no cabe. Él no es cualquier ciudadano y como funcionario público debe hacer lo que la ley le indica”, acotó.

¿Qué dice el artículo 134 de la Constitución mexicana?

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los recursos públicos, desde dinero, bienes y servicios, de los tres niveles de gobierno deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Además, prohíbe a los servidores públicos utilizar su cargo o la propaganda gubernamental para promover su imagen personal o influir en las elecciones.

Se sustenta en tres ejes principales:

  • Administración de Recursos: El dinero público se debe aplicar para cumplir con los objetivos a los que está destinado y es evaluado por instancias técnicas.
  • Contrataciones (obras públicas y adquisiciones): Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios u obras se realizan preferentemente a través de licitaciones públicas (concursos abiertos) para garantizar las mejores condiciones para el Estado.
  • Imparcialidad y Propaganda: La publicidad que realicen los entes públicos debe tener un carácter institucional, informativo o de orientación social. En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
  • Equidad Electoral: Los servidores públicos tienen la obligación de aplicar los recursos con imparcialidad, sin afectar la equidad de la competencia entre los partidos políticos

Artículo 351 de la LIPEET

El artículo 351 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (LIPEET) define las infracciones en las que pueden incurrir las autoridades y servidores públicos de todos los niveles de gobierno, entes públicos y órganos autónomos.

Las conductas sancionables incluyen: Incumplir la obligación de colaborar, auxiliar o proporcionar información en tiempo y forma a la autoridad electoral.

Difundir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas y hasta el día de la jornada electoral, con excepción de las campañas de servicios de salud, educación o protección civil en casos de emergencia.

Usar recursos públicos o programas sociales con fines electorales, para coaccionar el voto, beneficiar o perjudicar a un candidato o partido.

Incumplir las medidas cautelares o resoluciones emitidas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) o el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

EG

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