A Leonor y a su pareja los deportaron de Estados Unidos hace 10 años. Ya para entonces se inyectaban heroína. De aquel tiempo a la fecha, no hay solo día que Leonor se “chute” la sustancia cafesosa por las venas. Es la única forma que tiene, dice, para “curarse” el síndrome de abstinencia que se ha vuelto más difícil de domar. La razón: la heroína que consume ya no es pura. Ahora llega combinada con fentanilo, un opiáceo 10 veces más potente.
Quien detectó esta mezcla mortífera fue Integración Social Verter, hace dos años. Verter es la única organización en Latinoamérica que cuenta con una sala de Consumo Seguro, un programa para que usuarios de drogas inyectables eviten los lugares sucios, los materiales potencialmente infectados y, sobre todo, las sobredosis.
“Desde 2019 hemos atendido más de mil casos de sobredosis”, cuenta Lourdes Angulo, directora y fundadora.
En promedio, en Mexicali se registran 10 sobredosis al día. La tarea de Verter, dice Angulo, es reducir esos riesgos.
“La reducción de daños se centra en la persona. Es decir: promovemos el derecho de las personas a consumir cualquier sustancia, desde las conductas saludables. Aquí se respeta que quieran o no consumir”.
Además de la sala de Consumo Seguro, Verter entrega pipas limpias, jeringas nuevas, parafernalia para la preparación y consumo de drogas, además de preservativos.
“Cuando tienes intervenciones de reducción de daños está comprobado que puedes ofrecer una terapia de sustitución de drogas o un tratamiento alterno”, dice ahora Said Slim, coordinador de proyectos y también fundador de Verter. “Sin esa chance, las personas siguen siendo invisibilizadas”.
Esas poblaciones vulnerables son personas en situación de calle, trabajadoras sexuales y migrantes. Como el zacatecano Héctor, quien también fue deportado.
“Si no tienes nada de medicamento (el síndrome de abstinencia) es duro, es doloroso”, dice. “Te dura el insomnio bastante tiempo, hasta un mes. Es un proceso bien feo. Yo me miro ahora y digo que es mi última oportunidad de poder hacerlo”.
Según Said, los consumidores de heroína no confían ni en hospitales generales, ni en los centros de atención “porque tienen las mismas políticas de discriminar, de pensar que las personas sólo pueden recibir tratamientos si dejan las drogas. Aquí pensamos diferente”.
Verter es la única institución en Mexicali que ha logrado identificar la llegada del fentanilo. Lo ha hecho a través de pruebas rápidas que aplican a las sustancias que consumen los usuarios. Su colaboración con agencias internacionales que intentan parar la crisis de salud pública que ha provocado el uso de fentanilo, le ha permitido a Verter acceder a un medicamento clave para evitar muertes por sobredosis: la naloxona, una sustancia inyectable que combate los efectos del fentanilo, cuyo mercado interno, dicho sea de paso, se lo disputan el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
A la naloxona no tienen acceso ni los gobiernos ni la Cruz Roja.
“Andamos buscando quién nos apoye con el medicamento para contrarrestar al fentanilo y la heroína”, pide Julio César Ramírez, el coordinador local de la Cruz Roja. “Cada día hay más personas con sobredosis de heroína con fentanilo. No tenemos apoyo del gobierno sobre ese asunto”.
La Cruz Roja junto a las asociaciones civiles han asumido las responsabilidades como primeros respondientes que ninguna autoridad ha tomado en sus manos. El ayuntamiento de Mexicali, por ejemplo, no tiene un programa para combatir la crisis por sobredosis. MILENIO solicitó una entrevista con la presidenta municipal, Norma Bustamante. Su oficina de comunicación dijo que el tema no les corresponde a ellos, sino al gobierno del estado.
“En vez de salir adelante, una se va hundiendo más y es lo que ya no quiero”, dice Leonor desde uno de los tantos picaderos clandestinos que hay por todo Mexicali. Su primera vez sintió muchas ganas de vomitar. Sudó. “Di el azotón”. La reanimaron. “Después quise más y más”.