Aunque sus Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU) estuvieron penetradas por el crimen organizado al más alto nivel y su líder entre 2008 y 2016, Iván Reyes Arzate, trabajaba como informante de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la DEA en México niega cualquier responsabilidad en “incidentes” como la masacre de Allende.
La agencia antinarcóticos de EU sostiene que “no hay evidencia” que pruebe que desde el interior de las SIU se filtró la información que llevó a la muerte de decenas de personas en el poblado coahuilense, literalmente barrido del mapa por un comando de sicarios entre el 18 y el 20 de marzo de 2011.
También se defiende del secuestro de varios civiles en un Holiday Inn en Monterrey.
Este caso data del 21 de abril de 2010 y, acusan familiares de las víctimas, fue detonado por un operativo de vigilancia de la SIU de la Policía Federal descubierto por Los Zetas que secuestraron y presumiblemente ejecutaron a cinco personas que tuvieron la mala fortuna de estar en el mismo hotel que los policías mexicanos.
Con casos de alto perfil como estos de antecedente y como parte de una serie de respuestas inéditas entregadas al Departamento de Justicia en atención a una auditoría interna, la agencia antinarcóticos aseguró que sus investigaciones en torno a ambos incidentes les exoneran.
Las conclusiones de la revisión hecha por la agencia estadunidense apuntan a que “no hubo ninguna evidencia que conecte a la unidad SIU de México y a la oficina de la DEA en el país con los hechos”, según se establece en la auditoría 21-109, lanzada por el Órgano Interno de Control del Departamento de Justicia y a la que MILENIO tuvo acceso.
Esa es la versión de la DEA, pero los auditores del Departamento de Justicia determinaron que la agencia antinarcóticos cometió numerosos errores que ponen en tela de juicio los resultados de su investigación.
Pese a que la pesquisa del Órgano Interno de Control no se centró en los incidentes de Allende y Monterrey, sino en la cultura corporativa y administrativa de la DEA a escala mundial, las respuestas de los agentes entrevistados y las observaciones de los auditores arrojan una nueva luz sobre cómo respondió la agencia antidrogas de EU en 2010 y 2011 e incluso dan cuenta de que también hubo errores en el manejo de ambas crisis.
Por ejemplo, en el análisis de las respuestas de la DEA el Departamento de Justicia encontró debilidades en la forma en que la oficina de la agencia en México reaccionó a estos casos y determinó que “no tenía procesos establecidos para ver si hubo conexión entre los incidentes de 2010 y el 2011 con la SIU”.
Más aún, “no hay indicación de que la DEA haya intentado considerar la potencial conexión (entre la SIU y la masacre)”. Incluso, la agencia estadunidense admitió que no investigó a fondo.
“La DEA enfatizó que no tiene la autoridad legal para conducir investigaciones criminales o administrativas de personal extranjero en territorio extranjero”, argumentó.
Es decir, aun cuando les creó, entrenó y fondeó, la DEA reconoció que no revisó a profundidad si en Monterrey o Allende fue instrumental la actuación de las Unidades de Investigaciones Sensibles, integradas por alrededor de 250 policías federales en aquel momento.
De la auditoría se desprende que la oficina de la DEA en México tampoco consideró ni la masacre de Coahuila ni el secuestro de civiles en Monterrey como hechos meritorios de atención de sus superiores jerárquicos en Washington.
En el primer caso, “no existe evidencia de que la oficina de la DEA haya notificado a (Washington) del incidente de Allende” y en el segundo, solo se limitó a informar a la sede en DC “mediante un correo electrónico”.
Peor aún, en lo que toca al levantón del Holiday Inn, la agencia antinarcóticos prefirió dejarle la investigación de lo ocurrido a la Policía Federal, que jamás dio respuesta a las solicitudes de las familias de las cinco víctimas. Nunca fueron halladas.
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