En Oaxaca, Salomón Jara manda desalojar a triquis que vendían frente al ayuntamiento

Jara rindió protesta como gobernador de Oaxaca el 1 de diciembre y dos días después ordenó el desalojo de los vendedores triquis.

Desalojo de indígenas triquis / Archivo Milenio
Oaxaca /

A dos días de rendir protesta como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, mandó a desalojar durante la madrugada del 2 de diciembre a indígenas triquis que vendían a las afueras del Palacio de Gobierno; llevaban 12 años comerciando en ese lugar.

El Gobierno informó que el operativo se llevó a cabo para garantizar el libre tránsito a todas las personas, lo cual se dio tras agotar todas las instancias de diálogo y el ofrecimiento de alternativas sin que los triquis las hayan aceptado.


Los indígenas triquis acusan que la policía robó su mercancía y que llevarán sus denuncias hasta la vía jurídica.

En un video compartido por MILENIO se puede observar a hombres aventando, sin precaución, la mercancía hacia un tractocamión; mujeres gritan pidiendo ayuda a la policía sin tener éxito.


Comunidades triquis sufren violencia histórica: Natalia De Marinis

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Natalia De Marinis, señaló en una de sus investigaciones publicadas por la Universidad Veracruzana, que el pueblo indígena triqui del estado de Oaxaca se ha caracterizado durante muchos años por una violencia histórica.

Debido a la constante violencia en la que se ven inmersos, comunidades enteras han tenido que migrar a otras partes.

Según datos del Sistema de Información Cultural, hay 17 mil 385 personas pertenecientes a la comunidad triqui en Oaxaca.

En 2020 habitantes triquis de la localidad Tierra Blanca sufrieron un desplazamiento forzado debido a la violencia e inseguridad en la zona, una de las denuncias fue que grupos paramilitares se adueñaban de sus tierras.


Debido a tal situación, algunos afectados de esta etnia realizaron manifestaciones en la Ciudad de México exigiendo se les garantizara un retorno seguro a sus tierras.

En una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que las consecuencias del desplazamiento forzado de las personas de la comunidad indígena triqui de Tierra Blanca Copala fue la imposibilidad de subsistir por sus propios medios, así como ejercer sus derechos de manera libre y voluntaria, tener un lugar físico para vivir y alimentarse, trabajar, acceder a educación y tener los medios y recursos para acceder a centros de salud.


LARR

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