La Cámara de Diputados se convirtió en el epicentro de una reconfiguración administrativa en México tras la aprobación en lo general del dictamen de Reforma Electoral, conocido como "Plan B".
Con una mayoría calificada de 377 votos a favor, el bloque integrado por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), sumó el apoyo estratégico de Movimiento Ciudadano (MC) para validar cambios constitucionales que buscan implementar un régimen de austeridad en los tres niveles de gobierno.
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En contraparte, las bancadas del PRI y el PAN registraron 102 votos en contra, calificando la iniciativa como un retroceso centralista y autoritario.
¿En qué consiste el Plan B de la Reforma Electoral, propuesto por Claudia Sheinbaum?
El corazón de esta reforma radica en un ajuste estructural profundo a los ayuntamientos y las legislaturas locales.
Entre las modificaciones más significativas a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales, destaca la limitación del número de regidurías en todo el país, estableciendo un techo máximo de 15 integrantes por cabildo municipal.
Asimismo, se determinó que los congresos de los estados no podrán absorber más del 0.70 por ciento del presupuesto anual de su respectiva entidad federativa, una medida que pretende liberar recursos públicos para otros rubros de inversión social.
En el ámbito de las remuneraciones, el dictamen asesta un golpe directo a la alta burocracia de los organismos electorales.
El texto aprobado prohíbe explícitamente que los consejeros del INE, así como magistrados y titulares de áreas ejecutivas en organismos locales, perciban ingresos superiores a los de la presidenta de la República.
Adicionalmente, se cancela la posibilidad de contratar, con recursos del erario, seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida o regímenes especiales de retiro y pensiones privadas, obligando a los funcionarios a ajustarse estrictamente a las prestaciones previstas por la ley.
El debate en tribuna reflejó la fractura política actual. Mientras el morenista Leonel Godoy defendió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con los privilegios, la oposición, representada por figuras como el priista Alejandro Domínguez, denunció que no se consultó a los pueblos originarios y que la medida es una "cortina de humo".
Por su parte, la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, a través del legislador Pablo Vázquez, señaló que, aunque la reforma les parece limitada o "un tirititito", decidieron no obstaculizar la reducción del gasto innecesario en las instituciones públicas.
El proyecto también impone una ruta de austeridad al Senado de la República, que deberá reducir su presupuesto un 15 por ciento de manera progresiva en los próximos cuatro años.
SCM