Por unanimidad, con 470 votos, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid para castigar hasta con 10 años de prisión a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen imagen, audio, video, documento, información, indicio o evidencia relacionados con una investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho.
Las sanciones aumentarían en una tercera parte en el caso de que la información que se difunda se refiera a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
El proyecto de reformas al artículo 225 del Código Penal Federal, turnado al Senado de la República, busca evitar la “revictimización” de las personas, particularmente mujeres, y fue impulsado por la sociedad civil tras la difusión indebida de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el legislador panista Fernando Felipe Macías urgió a aprobar la reforma y evitar la repetición de casos como el de Ingrid Escamilla.
“Ya ha habido terribles casos que han indignado a la sociedad mexicana, donde personas sin escrúpulos subieron estas imágenes, estos videos a redes sociales, e incluso medios amarillistas, tabloides, publicándolos para su difusión. Esto no puede permitirse nunca más”, puntualizó.
Por Morena, la diputada Laura Imelda Pérez remarcó a su vez la importancia de la reforma al Código Penal Federal para desalentar y sancionar a quien o quienes expongan por cualquier medio imágenes, audios, videos, documentos o información de víctimas de cualquier tipo de crímenes.
“Resulta indispensable marcar un antes y un después de los protocolos de actuación en la investigación de este tipo de delitos, en donde se tipifiquen y se castiguen esas conductas, que tienen solamente la intención de causar perjuicio especialmente a mujeres víctimas de homicidio y feminicidio”, agregó.
La legisladora panista Ana María Balderas insistió a su vez en la urgencia de aprobar el dictamen para atender a las víctimas indirectas.
“No olvidemos que esas imágenes quedan de por vida en las redes sociales. No queremos ni debemos permitir que existan otras historias como el final que tuvo Ingrid con esos videos tan trágicos”, dijo.
Con la reforma avalada, el artículo 225 del Código Penal Federal prevé una pena de cuatro a 10 años de prisión y multa de 100 a 150 días al que “por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima”.
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