Con 455 votos a favor y 25 abstenciones del PT, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional “3 de 3” contra la violencia hacia las mujeres para impedir que personas sentenciadas por violencia familiar, violación a la intimidad sexual o violencia política, así como deudores alimentarios, puedan acceder a candidaturas u ocupar cargos en el servicio público.
De acuerdo con los cambios a los artículos 38 y 102 de la Constitución turnados a al Senado de la República para su análisis y ratificación, los derechos de los ciudadanos quedarán suspendidos en caso de tener “sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y la seguridad sexuales, o el normal desarrollo psicosexual”.
Asimismo, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, o por ser declarada como persona deudora alimentaria.
En dichos supuestos, “la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
No obstante, al comienzo de la discusión, el vicecoordinador petista Gerardo Fernández Noroña presentó una moción suspensiva para frenar la discusión de la reforma que, a su juicio, le da “manga ancha” a los impartidores de justicia para sacar de la actividad política a compañeros afines a la llamada cuarta transformación.
En respuesta, la vicecoordinadora morenista Aleida Alavez remarcó que la reforma no lleva dedicatoria para nadie y sostuvo que nunca más habrá un violentador en el servicio público:
“Esta reforma no es punitiva, ni vulnera derechos de nadie, ya que solo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme, o sea, al momento de pretender participar como candidato, candidata a ocupar un cargo en el servicio público”, puntualizó.
Calificó la “3 de 3” como un mensaje social muy claro respeto a que ninguna persona agresora tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno, ninguna persona deudora alimentaria o morosa podrá percibir ingresos del erario público.
El proyecto establece que elevar a rango constitucional la 3 de 3” dará certeza a las víctimas sobre la no elegibilidad de sus agresores.
“Que lo escuchen bien, y que lo escuchen fuerte, no más agresores en el poder público, ningún agresor al poder, la mujer no es un dato, las mujeres somos una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”, advirtió la vicecoordinadora priista Blanca Alcalá.
jvl