Al menos 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron el primer amparo contra el Plan B de la reforma electoral para que no sean despedidos de sus cargos, para que no se cancelen sus pólizas y protegar sus sueldos y salarios.
Rodolfo Martínez, de la firma Trusan & Roma Abogados, promovió la demanda de garantías en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro en donde en las próximas horas el amparo será turnado a un juzgado y corresponderá a un juez determinar si lo admite a trámite.
El litigante explicó a MILENIO que los 147 empleados del INE son tanto del servicio profesional electoral como de las áreas administrativas, quienes impugnan la reforma electoral a efecto de que derivado de la reestructuración no vayan a perder su empleo porque así está previsto este paquete de reformas que se aprobó el jueves pasado.
“Y también dentro de este paquete está previsto el que se les cancelen sus pólizas de gastos médicos mayores y su seguro de separación actualizado, esto expresamente está señalado en la reforma y es lo que estamos impugnando. También te comento que el amparo tiene por objeto proteger sus sueldos y salarios porque en la reforma se prevé una disminución al establecer que se tendrán que ajustar a principios de razonabilidad y proporcionalidad, o sea elemento que no es objetivo para establecer el catálogo de sueldos y salarios de los empleados”.
- Política
El jueves 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto que reforma diversas leyes en materia electoral, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, a partir de reestructurar la organización, administración y ejecución de recursos de las instituciones electorales a nivel federal y local.
El proyecto de decreto publicado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.