Jefes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, donde murieron 39 centroamericanos calcinados, no tenían experiencia en materia migratoria antes de llegar a dicho organismo, el cual arrastra, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), deficiencias en gobernanza y control interno institucional.
De acuerdo con una revisión hecha por MILENIO a los perfiles de dichos mandos, algunos de ellos llegaron de otras áreas del sector público, como la Secretaría de Marina (Semar) o del Bienestar, o desde el privado, como la compraventa de autopartes o las ventas en tiendas de moda.
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El primer caso es el del titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, un hombre con larga trayectoria en la Semar, pero no en temas migratorios.
Se trata de un contraalmirante que comenzó a trabajar en el INM desde julio de 2019, pero que tuvo una larga carrera en la secretaría, donde alcanzó la maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales.
Antes de llegar al INM fue jefe de Sección de Planes y Operaciones en el Estado Mayor de Fuerza Naval del Pacífico; sus tareas eran elaborar planes y órdenes de operaciones para las unidades de la Armada de México, buques, aviones y de infantería de Marina.
Entre 2019 y 2021 fue nombrado titular de Oficinas de Representación del INM en Quintana Roo, Sonora, Guerrero y Ciudad Juárez.
Otro caso es el del jefe del Departamento de Control Migratorio en Ciudad Juárez, Alberto Saguilan García, de cuyo currículum destaca que antes de ocupar ese cargo trabajó en un yonque (deshuesadero), donde hizo trabajos administrativos.
Saguilan García estudió Relaciones Internacionales y asumió la responsabilidad de Control Migratorio en Juárez en abril de 2020 sin experiencia en la materia.
El cargo anterior a ocupar dicha jefatura fue el de auxiliar administrativo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí trabajó poco más de un año —de agosto de 2006 a noviembre de 2007— en atención de casos de protección consular, manejo de documentación oficial, captura de datos, impresión de pasaportes y digitalización de documentos.
Antes fue gerente en Autopartes Yonke El Diamante de Juárez.
Otro caso es el de Rosalinda Apodaca Pasillas, jefa de Departamento de Regulación Migratoria desde el 16 de octubre de 2019; según su currículum, tiene la responsabilidad de la dictaminación de asuntos migratorios, aunque su mayor experiencia ha sido la de ser vendedora en tiendas de moda.
Antes del INM fue secretaria de dirección en el Departamento Estatal de Transporte en Ciudad Juárez, de agosto de 2018 a octubre de 2019, y antes, entre 2017 y 2018, fue vendedora en la Boutique Noé Gae y en Fajas Ann Cherry.
En ese mismo cargo aparece Diana Avitia Núñez; antes de ingresar al INM en febrero de 2022 solo había tenido otro encargo público como auxiliar administrativo en Liconsa, entre 2011 y 2014, con funciones de control de cartera financiera y conciliaciones bancarias.
INM deficiente, advirtió ASF
En una auditoría de 2021, la ASF determinó que el INM “presentó deficiencias en la gobernanza y control interno institucional para atender con eficiencia los asuntos en materia migratoria, a fin de garantizar la transparencia y la gestión eficaz y eficiente de los recursos asignados”.
Destacó que el instituto no cuenta con manuales actualizados en cuanto a estructura, funciones y organigramas, que hay servidores públicos que no acreditaron el nivel o área académicos requeridos o los años de experiencia necesarios, entre otras deficiencias.
Además, no se lograron vincular las contribuciones y relaciones de la Matriz de Indicadores de Resultados con los objetivos establecidos en la Ley de Migración.
También detectó que el INM no cuenta con una metodología de administración de riesgos para el logro de sus objetivos.
“Enfrentarán la ley”
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que están identificados ocho posibles responsables de la muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez, entre ellos dos agentes federales, uno estatal de Migración y cinco elementos de seguridad privada.
En conferencia de prensa, se informó que la FGR solicitó cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de lesiones, homicidio y daños en propiedad contra dos agentes de Migración, un guardia de seguridad privada y un migrante señalado de haber iniciado el incendio.
“La empresa de seguridad privada y los servidores públicos tendrán que enfrentar la ley”, aseguró.
Afirmó que es claro que no respetaron protocolos de protección civil, pues en lugar de ayudar a los migrantes se les dejó encerrados.
“No fueron capaces de abrir una reja (...) ¿Quién no permitió la salida de estas personas? Hay un delito grave”, admitió.
De acuerdo a las autoridades, los ocho presuntos responsables ya declararon ante la FGR, pero no han sido detenidos. Del migrante, señalaron que es “localizable”.
A estos hechos sobrevivieron 27 migrantes que están hospitalizados, de ellos hay seis “sumamente graves” y nueve más se reportan como delicados.
“De ninguna manera se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie. En este gobierno se castigan los abusos y las violaciones a los derechos humanos”, agregó, y no descartó cesar a algún funcionario, incluyendo al titular del INM, Francisco Garduño.
Sara Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la FGR, dijo que se sabe que el fuego se originó por una protesta tras la detención de los migrantes, pero reconoció que hay versiones de que llevaban horas sin tomar agua.
- Internacional
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la mañanera que su gobierno no ocultará información ni permitirá que haya impunidad si es que hubo dolo o ineficiencia durante el incendio, incluso pidió al fiscal general, Alejandro Gertz, que atienda personalmente el caso.
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