Ha pasado más de una década desde el asesinato del agente especial de Estados Unidos, Jaime Zapata, quien murió en México durante una emboscada realizada por Los Zetas, presuntamente con armas del operativo Rápido y Furioso. A los responsables del crimen se les invalidó la sentencia o ya se encuentran en libertad.
MILENIO obtuvo decenas de documentos de agencias de gobierno y del Buró de Prisiones de Estados Unidos, los cuales revelan que, a los autores intelectuales del crimen, José Emanuel García Sota, El Zafado, 36, y Jesús Iván Quezada Piña, Loco, les fue anulada su sentencia de cadena perpetua que habían recibido en 2017.
El reporte de la Corte de Apelaciones señala que el conflicto vino luego de que los jueces confirmaron que se les procesó por el “asesinato de un oficial o empleado de los Estados Unidos”. Sin embargo, el tribunal confirmó que este delito no se aplicaba extraterritorialmente según la ley estadounidense.
De tal manera que ordenó que fueran juzgados nuevamente con los delitos que sí tenían jurisdicción en Estados Unidos. Este diario encontró que apenas este 22 de noviembre se determinó que en 60 días se fijará la nueva fecha para la sentencia. Después de una larga pausa, tendrá fin el entramado legal que ha dejado a la familia del agente en busca de justicia.
Los delitos por los que ahora procesarán a Los Zetas son por usar un arma de fuego mientras se comete un delito de violencia y por el asesinato de una persona protegidas por el derecho internacional. No obstante, omitirán insistir en que las armas provienen de Rápido y Furioso.
La familia, la defensa y un congresista han acusado que los criminales forman parte de la red de traficantes a los que se les permitió el ingreso de esas armas como parte del operativo. Además, cuatro detenidos ya se encuentran en libertad.
Jaime Zapata murió cuando fue emboscado por el cártel de Los Zetas en San Luis Potosí, en 2011, cuando se dirigía a la Ciudad de México como parte de una misión para la Agencia de Migración (ICE) junto con su compañero Víctor Ávila.
Las investigaciones en Estados Unidos señalan que fueron emboscados cuando miembros del escuadrón asesino llamado Las Estacas, de Los Zetas, tenían como misión robar vehículos para el cártel. Zapata murió en el lugar, mientras que el agente especial Víctor Ávila sobrevivió.
Otro caso en que aún se busca justicia, es el del otro agente asesinado, Enrique Camarena y su piloto Alfredo Zavala, en 1985 en México, cuando realizaban operaciones encubiertas para la DEA. El caso, abierto desde entonces, ha tenido varios reveses que incluyen montajes que llevaron a la libertad de los acusados.
Comando 'Los Estacas'
La tarde del 15 de febrero de 2011, García Sota y Quezada Piña se encontraban entre un grupo de miembros del cártel que dispararon contra un vehículo blindado modelo Chevrolet Suburban, que incluso llevaba matrícula diplomática.
Era conducido por los agentes especiales Jaime Zapata y Víctor Ávila, en una autopista muy transitada al sur de San Luis Potosí. Según las autoridades norteamericanas ambos se encontraban en una misión oficial y se dirigían hacia el sur de la Ciudad de México cuando ocurrió el ataque.
Durante la emboscada, los miembros de Los Zetas dispararon hacia el vehículo con pistolas y armas semiautomáticas, incluyendo rifles de asalto AK-47 y AR-15. El agente especial Zapata, en ese entonces de 32 años, falleció a tiros, mientras que el agente especial Ávila, de 38 años, fue herido. Los investigadores encontraron unos 90 casquillos de bala en la escena.
La versión de Estados Unidos sobre estos hechos fue que los agentes especiales Jaime Zapata y Víctor Ávila se encontraban en México “para proteger y servir a nuestro país cuando fueron emboscados por estos despiadados criminales”.
“Mientras trabajaban en nombre de nuestro país, fueron abatidos a tiros en un intento de robo de vehículo a mano armada por miembros de escuadrones de asesinos del cártel narcotraficante Los Zetas. Nunca nos hemos olvidado de lo que les ocurrió a estos dos héroes estadounidenses en esa emboscada en una autopista mexicana”.
En 2016, los dos narcos fueron extraditados por el gobierno mexicano y presentados en una corte de Washington para enfrentar un juicio por cuatro cargos.
Fuera de área
Un año después, el 27 de julio del 2017, fueron encontrados culpables en la corte de Distrito de Columbia por el juez Royce C. Lamberth. En ese entonces los cargos fueron: asesinato de un oficial o empleado de los Estados Unidos, intento de asesinato de un oficial o empleado, intento de asesinato de una persona protegida internacionalmente, además de utilizar, portar, blandir y disparar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia causando la muerte.
El gobierno presentó el testimonio de 22 testigos, incluyendo el agente especial Ávila, quien sobrevivió al ataque.
Ese día se reveló que tenían a otros cinco involucrados en el asesinato: Rubén Darío Venegas Rivera, José Ismael Nava Villagrán, Julián Zapata Espinoza, Alfredo Gastón Mendoza Hernández y Francisco Carbajal Flores.
Los responsables directos, José Emanuel García Sota y Jesús Iván Quezada Piña, recibieron penas implacables: cadena perpetua.
“Las penas dictadas hoy deben servir como un poderoso mensaje para los cárteles narcotraficantes y otras organizaciones criminales transnacionales de que no es posible escapar de la justicia y que no descansaremos hasta que rindan cuentas por sus crímenes con todo el peso de la ley”, dijo el director interino de ICE en ese entonces.
La sorpresa vendría después, cuando los acusados interpelaron esta sentencia en una corte de Apelaciones de Columbia en Estados Unidos, a través del caso 17-3091 en poder de este diario. Los jueces anularon esta sentencia.
El argumento fue: “Aquí, dos acusados criminales atacaron a un par de agentes de la ley estadunidenses en México, matando a uno e hiriendo al otro; ahora argumentan que el canon requiere que anulemos tres de las condenas resultantes para cada acusado”.
“Después de la detención y extradición a los Estados Unidos, los acusados fueron juzgados en el Distrito de Columbia y un jurado los condenó por cuatro cargos: dos cargos bajo el 18 U.S.C. 1114, que penaliza el asesinato de un oficial o empleado de los Estados Unidos; un cargo bajo 18 U.S.C. 924 por usar un arma de fuego mientras se comete un delito de violencia; y un cargo bajo 18 U.S.C. 1116, que tipifica como delito el asesinato de ciertas personas protegidas por el derecho internacional”.
Destacan que los demandados argumentaron que el 1114 y el 924 no se aplicaban extraterritorialmente. Los jueces determinaron que Los Zetas tenían razón: y es que el 1114 tenía un alcance puramente nacional.
“Por lo tanto, anulamos sus condenas bajo el 1114 y devolvemos sus casos para una nueva sentencia limitada”.
Los jueces de la Corte de Apelaciones también revelaron que los acusados impugnaron la decisión del tribunal de distrito de limitar su capacidad para contrainterrogar a un testigo del gobierno sobre su mala conducta.
Al igual que los acusados, el testigo que utilizó Estados Unidos en su contra, se desempeñó como sicario de Los Zetas; de hecho, también participó en el ataque a los agentes Zapata y Ávila.
“El tribunal de distrito impidió que el acusado interrogara al testigo sobre su papel en una mezcla de delitos, que incluían secuestro, ordenar que se les dispare a personas en la cabeza, quemar cuerpos en barriles de petróleo y participar en un tiroteo con el Ejército mexicano”.
El documento fechado el 22 de noviembre de este año revela que la nueva sentencia tiene que fijarse en unos días, eliminando dos de los cuatro cargos en contra de Los Zetas que asesinaron a su agente en operaciones en México. Una tragedia para el Departamento de Justicia.
'Rápido y Furioso'
Michael E. Horowitz, inspector general del Departamento de Justicia, compareció el 9 de marzo de 2017 ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ahí reconoció que dos armas de fuego utilizadas en el ataque contra los agentes fueron rastreadas hasta Texas, donde fueron compradas por Otilio Osorio y Robert Riendfliesh.
El funcionario reveló que los nombres de estos dos personajes aparecían en investigaciones oficiales sobre tráfico de drogas, justo antes del ataque en México.
“Y sí, los agentes no incautaron armas de fuego destinadas a México”, reconoció.
Otro de los traficantes, Manuel Gómez Barba, dice que incluso fue liberado de una prisión en julio de 2010 luego de un arresto por posesión de narcóticos. Tras su liberación, Barba traficó el arma de fuego comprada por Riendfliesh, que más tarde fue recuperada a miembros del Cártel de Los Zetas tras el ataque a los agentes.
“Nuestra revisión encontró numerosos problemas con la forma en que ATF asimiló la información.
Sobre Osorio, su hermano Ranferi Osorio y su vecino Kelvin Morrision, y con la puntualidad de la respuesta de ATF a la creciente evidencia de que estas personas estaban cometiendo delitos con armas de fuego”.
Involucró a otra agencia: “Además, teníamos serias preocupaciones sobre cómo la DEA manejó su investigación de narcóticos, que también descubrió información sobre el importante tráfico de armas de Barba. La DEA nunca compartió esa información con la ATF”.
La ATF, en la División de Campo de Dallas, había recopilado suficientes datos antes de la compra por parte de Otilio Osorio del arma de fuego, para justificar interrogar a Ranferi Osorio y Morrison o tomar otras medidas de investigación.
Incluso habían detectado que los traficantes hicieron una transferencia de 40 armas de fuego, de las cuales 37 tenían números de serie borrados.
“Determinamos además que ATF retrasó sus investigaciones y detenciones de Osorio y Morrison por razones que carecían de justificación suficiente”.
Otilio Osorio después aceptó que en al menos 12 armas de fuego Romarm, modelo Draco, calibre 7.62 x 39, habían eliminado y borrado los números de serie del importador o fabricante. Después los transfirió a un informante confidencial que trabajaba para la ATF.
Según la madre y los abogados del agente asesinado, estas armas llegaron hasta las manos de los criminales, luego de que entraron a México como parte del operativo Rápido y Furioso implementado por la ATF.
Incluso en ese entonces, la cadena CBS informó haber obtenido archivos que revelaban que el arma con la que fue asesinado Zapata había llegado gracias al fallido operativo Rápido y Furioso.
La redención de un traficante
En 2011, Otilio y su hermano Ranferi Osorio, Morrison y Carbajal, junto con los coacusados Ángel Pablo Monroy, Rosendo Quiñones, Eder Talamantes y Kevin Bueno fueron sentenciados a pasar años en prisión. La máxima fue de 10 años, otros tuvieron sentencias más cortas.
MILENIO obtuvo los reportes de libertad condicionada de Kevin Bueno, Rosendo Quinones, de Otilio Osorio y Ranferi Osorio; este fue el último en obtener su libertad definitiva el 14 de enero del 2021.
Ranferi presentó una solicitud “para terminar la Supervisión antes de la Fecha de Vencimiento Original” de su sentencia condicional. Ahí cuentan que fue sentenciado a pasar 10 años en prisión con otros dos de libertad supervisada.
Los informes muestran cómo ha sido la vida del traficante de armas: “El señor Osorio ha mantenido un empleo estable a tiempo completo como asistente de soldadura con Floyd Peacock Company en Hutchins, Texas, desde el 24 de febrero de 2020. Su empleador fue contactado y lo describió como un empleado dedicado y trabajador”.
Anteriormente a ese empleo, Osorio trabajó en American Standard como conductor de montacargas y desde entonces completó cuarenta y seis créditos a través del Lincoln College of Technology en Grand Prarie, y obtuvo un certificado en tecnología de soldadura con una introducción a la instalación de tuberías.
“El señor Osorio ha mantenido una residencia estable a lo largo de su mandato de supervisión y vive con su esposa, dos hijos, madre y hermano. El 21 de diciembre de 2020 se contactó a su esposa, Valeria Rojas, y lo describió como un padre dedicado que trabaja arduamente para brindar para su familia”.
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