Durante un juicio rápido, surgieron acusaciones cruzadas entre agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y del Buró de Investigaciones (FBI). En este contexto, numerosas voces abogaban por la retención de información adicional relacionada con la agencia antinarcóticos.
Por ello, un tribunal del gobierno de Estados Unidos declaró culpables a Manuel Recio y John Costanzo Jr., a quienes se les acusó de estar coludidos y de entregar información confidencial a bandas de narcotraficantes mexicanos.
No obstante, documentos judiciales obtenidos por MILENIO revelan que los agentes ya preparan una apelación y, por lo pronto, lograron que la sentencia se fije hasta el 24 de abril de 2024, a fin de darles oportunidad de preparar sus alegatos y una defensa más efectiva.
Independientemente del diferimiento del juicio, el proceso se convirtió en algo que recordaba más a los juicios contra narcotraficantes mexicanos, porque, entre otros aspectos reveladores, durante la etapa final de las pruebas y contraargumentos, los agentes llegaron a acusar a sus colegas de utilizar testigos protegidos criminales en su contra.
Apenas en septiembre pasado, el gobierno estadunidense abrió una transcripción de una audiencia entre los fiscales, los abogados y el juez, donde se reveló que las escuchas telefónicas que terminaron inculpando a los agentes se llevaron a cabo gracias a la información de una fuente confidencial con carrera criminal.
Hasta ese punto ha llegado esta historia, que incluso la misma Fiscalía de Estados Unidos dejó entrever que parece sacada de una película.
Jurado ajeno a ‘thrillers’ policiacos
Un par de semanas antes de arrancar el juicio contra los agentes Manuel Recio y John Costanzo, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York envió un cuestionario para examinar a los posibles miembros del jurado. Entre las 50 preguntas había unas que lucían un poco ridículas, dada la gravedad de los cargos:
“¿Ve algún programa de televisión, película o documental sobre justicia, sobre ‘true crime’ o personas acusadas de crímenes? ¿Qué programas ha visto recientemente? ¿Esos programas afectarían de alguna manera su capacidad de ser justo en este caso? ¿Escucha usted podcasts?”.
Era evidente que la Fiscalía quería saber si los jurados eran fans de series como Law & Order, Making a Murder y ese estilo de programas donde los acusados, al final, resultan ser víctimas del sistema. Porque, honestamente, la historia de Recio y Constanzo sí parece sacada de una serie de televisión, con todo y sus arcos dramáticos.
Manuel Recio es un hombre recién jubilado que trabajó con excelencia para la DEA desde 1997. En el año 2018 decidió montar su propio negocio: Global Legal Consulting, una empresa pequeña que brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores penales.
Pronto se dio cuenta de que sus años en la DEA podrían ayudarlo a hacer crecer con atajos su negocio. Así que contactó a un agente llamado John Costanzo Jr., otro policía sin fichas rojas en su expediente interno.
Desde una oficina en Florida arrancaron el negocio. La página aún está en internet, este es el enlace para ingresar: https://www.globallegalconsulting.net/.
Una página algo anacrónica y sobria, con bloques de color azul y secciones divididas en pequeños cuadros con logos obtenidos de páginas genéricas. Ofrece investigación, búsqueda de antecedentes de personas y uno muy peculiar llamado vigilancia.
“La vigilancia generalmente se lleva a cabo para investigaciones de infidelidad”, dice la misma página web. Pero claramente los servicios de los agentes de la DEA no se concentraban en pequeños deslices matrimoniales.
Porque Recio y Costanzo omitieron detallar su servicio estrella: la obtención de información secreta desde la plataforma de la DEA, como el Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NADDIS, por sus siglas en inglés), una herramienta que contiene información sobre personas que están o han estado bajo investigación.
Además de que lograron extraer acusaciones selladas con las que dieron aviso a sus clientes de las investigaciones abiertas en su contra, contaban también con la identidad de otros acusados e incluso la fecha en que serían arrestados. Entre los VIP se encontraban narcotraficantes mexicanos, “objetivos” prioritarios.
Recio y Costanzo fueron descubiertos gracias a una operación encubierta realizada por sus propios compañeros de la DEA. Según los registros policiales, se reportó el arresto de John y el de Manuel justo el mismo día: 20 de mayo de 2022.
Los cargos oficiales fueron: Conspiración para sobornar a un funcionario público; funcionario público aceptando un soborno; Constanzo: soborno a funcionario público; Recio: conspiración para cometer fraude electrónico en “servicios honestos”.
El Código Penal estadunidense define a este último delito como “un plan o artificio para privar a otra persona del derecho intangible a recibir servicios honestos”.
Una frase aparentemente pasada por alto en la acusación, mostraría la verdadera relación de los agentes de la DEA con México. A continuación, reproducimos una vez más el extracto de una conversación publicada por este diario cuando revelamos esta historia en septiembre de 2022.
—Costanzo: Es un agente de la DEA amistoso.
—Recio: Oh, ¿y en dónde está?
—Costanzo: En la División de Operaciones Especiales.
—Recio: Ah, está bien.
—Costanzo: Pero creo que se está preparando para ir a algún lugar al extranjero.
—Recio: Ah, ¿y quieres trabajar con ese tipo?
—Costanzo: Sí.
—Recio: Bueno.
—Costanzo: Sí, pero tranquilo... Déjame llamarlo.
—Recio: No, no, no lo queremos llamar todavía. Es (información) para alguien con quien podemos trabajar, es un mexicano objetivo (‘target’ de la DEA).
De estas llamadas se desprende que la idea de Costanzo y Recio era negociar con un compañero en activo de la DEA para que los ayudara a conseguir información para un cliente mexicano, que era uno de los objetivos de la agencia antidrogas.
Entre el 20 de mayo de 2022 y el 24 de octubre del 2023, cuando arrancó el juicio con jurado, la Fiscalía y el vaivén de argumentos de los abogados que defienden a los presuntos narcoagentes se convirtió en una exhibición de secretos de ambos lados, según documentos a los MILENIO tuvo acceso.
Sin embargo, es sólo parte de la historia porque algunos documentos aún están bajo reserva: se trata de ocho pruebas contra los agentes que aún no han sido dados a conocer. Será hasta el 24 de abril cuando se revele el siguiente capítulo de esta trama.
Desde junio del 2022 fue la misma Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que pidió que se sellara información y no se diera a conocer públicamente. Tal es el caso de testigos que pudieran ser objeto de intimidación u obstrucción.
“Cuyas vidas, personas y bienes, así como las vidas, personas y bienes de sus seres queridos, estarán sujetos a riesgo de daño en ausencia de las consideraciones de protección”, dijeron en un documento.
Aunque después, ya en 2023, se vendría uno de los giros menos esperados en el juicio de los agentes de la DEA: en un documento la Fiscalía involucró al abogado de uno de los acusados, llamado Philip Reizenstein.
La razón es que parte del juicio se centró en la triangulación de dinero sucio proveniente de los clientes VIP, recursos que eran blanqueados a través de Global Legal Consulting.
La Fiscalía aseguró que Manuel Recio y sus cómplices crearon una factura falsa de una empresa fantasma para disfrazar los pagos de sobornos a John Costanzo. La factura, bajo este mecanismo, fue expedida con el concepto “Servicios para el caso Johnny Grobman”.
Johnny Grobman se dio a conocer cuando las autoridades estadunidenses descubrieron un megafraude que se hizo a través de la fabricación y ventas de fórmulas para bebés. Su abogado era Philip Reizenstein, el mismo que hoy lo representa debido a la obtención ilegal de información para favorecer a los narcos.
“El Gobierno considera que el testimonio del Sr. Reizenstein es necesario en el juicio y por lo tanto propone descalificarlo como abogado de Recio”. Así, de un momento a otro el abogado de los agentes podría pasar a ser un testigo potencial.
El 25 de octubre del 2022 el juez J. Paul Oetken, del Distrito Sur de Nueva York, sacó del caso a Reizenstein, aduciendo que este también trabajó y se reunió directamente con Recio, en ocasiones, incluso, sin la presencia de los otros dos abogados.
Buenos y malos, abogados y acusados, todos terminaron en el lodo.
Para algunos el apellido Reizenstein tal vez les resulte familiar debido a que se le ha mencionado en ciertos programas de televisión y espectáculos mexicanos, puesto que también fungió como abogado defensor del actor mexicano Pablo Lyle, quien asesinó en una riña callejera a un hombre de 63 años en el año 2019.
Los trapos sucios de la DEA y el FBI
A pesar de todos estos enredos, los agentes de la DEA quisieron mantener sus privilegios; en un documento obtenido antes de retirarse del caso, Reizenstein reveló que Manuel Recio realmente se encontraba bajo fianza y en su casa.
“Manuel Recio desea viajar a Ft. Meyers, Florida (...) aproximadamente a 160 millas de Miami, del viernes 25 de noviembre de 2022 al domingo 27 de noviembre de 2022 para asistir a la boda de un amigo. A él se le concedió permiso para viajar a Ft. Meyers para asistir al béisbol de su hijo adolescente”, revelaba en una petición.
Para marzo de este 2023 continuaron las peticiones: John Costanzo exigió suprimir las pruebas derivadas de las escuchas telefónicas del coacusado Manuel Recio.
Sin embargo, el mismo día que hizo esa petición se revelaron algunas de las pruebas que serían utilizadas en el juicio. Como el testimonio de un agente especial de la DEA llamado Christopher Delzotto, fechada en julio del 2019, además de documentos con entrevistas, registros de vigilancias físicas, informes del FBI y una grabación de audio. El gobierno clasificó como confidencial todas estas evidencias.
Para junio del 2023 a Recio ya no le importa la agencia en la que trabajó y solicitó los Manuales y declaraciones de políticas de la DEA y el FBI, y “corazón del gobierno”, como llamaron a esa información, además de que pidieron la emisión de citaciones a la agencia antidrogas y al Buró de Investigaciones en busca de los manuales y declaraciones de políticas anteriores.
Fueron más lejos y en un documento solicitan declaración de políticas de la DEA relacionados con la divulgación de información no pública, la aceptación de beneficios fuera de empleo, y mal uso del cargo oficial durante los años 2018 y 2019, además de todas las declaraciones de políticas relacionadas con el establecimiento y uso de información confidencial e informantes durante los períodos durante los cuales “CI-1” (uno de los testigos que utilizarían en su contra) fue utilizado como informante confidencial por la DEA.
Abrir los archivos secretos federales. Eso es lo que quería Manuel Recio.
Finalmente, en septiembre de 2023 el gobierno abrió una transcripción de una audiencia entre los fiscales, los abogados y el juez, donde se reveló que las escuchas telefónicas se llevaron a cabo gracias a la información de una fuente confidencial con carrera criminal.
“Hay un número sorprendente de omisiones relacionadas con la credibilidad del informante confidencial. Una historia de tres asesinatos omitidos (...), que son violentos, sino también una extensa historia de narcotráfico, soborno”, dijo la defensa de los agentes de la DEA.
Y los abogados también acusaron a quien llevó a ese testigo protegido: el agente del FBI que investigó el caso, de nombre Christopher S. Delzotto.
Dijeron respecto de él: “Era un agente experimentado, es imprudente no identificar esta información, particularmente cuando está trabajando con ese informante confidencial en múltiples casos y ha hablado con él 40 veces”.
La defensa de John Costanzo Jr. argumentó: “El Sr. Costanzo era un agente activo de la DEA bajo control en todo momento, lo que significa que la DEA tuvo acceso a su computadora, su teléfono, su paradero, sus formularios de seguridad, sus relaciones con los extranjeros, su uso de NADDIS. La DEA también tenía una función administrativa la capacidad de llamarlo y hacerle preguntas. Eso es mejor que una intervención telefónica”, cuestionaron el 29 de junio de 2023.
“Decían que era demasiado peligroso perseguirlo con otros medios de investigación, peligroso para los testigos y otros agentes. ¿En serio? Él todavía estaba activo, todavía armado con un arma de la DEA, con total seguridad y autorización, y afirman que era demasiado peligroso. Esa excusa simplemente no se aplica aquí. Esos son los típicos argumentos que utilizas para operaciones de tráfico de drogas, pero no aquí. Y no fue sólo el señor Costanzo. Quiero decir, hubo otros objetivos”, dejando entrever que se investigaron a otras personas.
Escuchas comprometedoras
Se evidenció la dificultad que se enfrenta para descubrir a los supuestos narcoagentes; no es que alguien se pueda acercar a un funcionario de la DEA y decirle: oye, ¿te gustaría trabajar encubierto contra tu colega?
Sin embargo, es posible imaginar lo que ocurrió gracias a ciertas investigaciones. En un documento de 50 páginas se relata la cooperación de un narcotraficante llamado C-1 con detalles inéditos. Por ejemplo:
“Así le dice CI-1 al FBI: estuve en una reunión con Manuel Recio y un abogado. Me pidieron que los ayudara a reclutar clientes para compartir una parte de los honorarios. Después de eso, puede asistir a reuniones con Recio y no con ese abogado, sino con otro”.
Reconocen también que el agente Christopher S. Delzotto reveló con precisión que su fuente está siendo investigada por lavado de dinero, pero está dispuesta a proporcionar información con la esperanza de obtener indulgencia.
Una cosa que se conoció gracias al documento citado en el juicio es que ese testigo, además, es alguien cercano al empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado un testaferro del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Otra cereza en el pastel fue que Nicholas Palmeri, ex jefe de la DEA en México y Centroamérica, destituido sin que se aclararan los motivos, recibió boletos para ver a los Yankees de Nueva York y aceptó costosas cenas por parte de Costanzo y de Recio.
Los documentos de este juicio también revelaron que cuando Palmeri fue nombrado en 2019 jefe de la oficina regional de la Administración para el Control de Drogas, los agentes Recio y Costanzo se enviaron mensajes de texto donde aseguraban que, en ese momento, “estamos a punto de ser los dueños de México”.
El 24 de octubre pasado inició el juicio con todo y el jurado cuidadosamente observado, como en las películas de Hollywood. Sentados en el banquillo, el 8 de noviembre los agentes fueron declarados culpables. Luego de 11 días se les encontró culpables de cuatro cargos, cada uno relacionado con sobornos, mientras que el tema de su colusión con el narcotráfico fue secundario.
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