Ignacio Mendoza Gandaria, ex mando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuenta con una orden de aprehensión desde el 20 de junio y hasta el momento acumula casi 11 semanas prófugo. Acusado de cuatro delitos graves relacionados con el caso Ayotzinapa, se trata del primer miembro de un organismo mexicano de inteligencia que es llevado ante la justicia por agravios cometidos durante su servicio.
Los cargos presentados contra Mendoza son desaparición forzada de personas, tortura, intervención de comunicaciones sin autorización judicial y coalición de servidores públicos. Los dos primeros son considerados violaciones a los derechos humanos, por haber sido cometidos por un servidor público y, además, crímenes de lesa humanidad porque fueron llevados a cabo de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado.
El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, obsequió la orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República (FGR), de la causa penal 72/2022, por considerar que Mendoza Gandaria incumplió injustificadamente la orden de presentarse a su segunda audiencia de imputación.
En la primera, del 3 de junio, el abogado de Mendoza alegó que él y su esposa tenían salmonelosis y que no había tenido tiempo de leer el expediente, por lo que solicitó un aplazamiento. El juez lo concedió con la advertencia de que, si la defensa privada no estaba lista, se haría cargo la defensoría de oficio.
Tanto el acusado como su representante se habían conectado a la sesión vía digital. Pero Mendoza no apareció en la del 20 de junio. Su abogado, Javier Avendaño Sandoval, presentó la copia fotostática simple de un certificado de covid-19 al alegar que Mendoza estaba enfermo, pero el juez consideró que “no era si él quisiera o no conectarse, era una obligación conectarse”, y pidió a la FGR verificar la autenticidad del justificante médico.
Esa misma tarde, en audiencia privada, el juez obsequió la orden de aprehensión, que hasta el momento no ha podido ser ejecutada por la Policía Federal Ministerial.
Larga carrera de espionaje
Mendoza Gandaria, actual director de Operaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, segunda posición del organismo, debajo de su director general Audomaro Martínez Zapata), ocupaba esa misma posición en el extinto Cisen (entonces encabezado por Eugenio Ímaz Gispert) cuando cometió los presuntos delitos de los que se le acusa, y tiene una carrera de casi tres décadas en tareas de espionaje e inteligencia.
El proceso en su contra es parte de las tareas de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, encabezada por el fiscal especial Omar Gómez Trejo, específicamente en lo relativo al montaje de la llamada “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam (también imputado).
Con el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y el jefe de la Unidad Antisecuestros, Gualberto Ramírez Gutiérrez, Mendoza Gandaria es uno de los altos funcionarios que aparecen en videos de interrogatorios en los que se practica la tortura a detenidos para obligarlos a autoinculparse y declarar conforme a una narrativa de los hechos previamente elaborada.
Además, otro video muestra que Mendoza Gandaria condujo otra sesión de cuestionamientos con violencia sobre el sospechoso Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo. Según la FGR, la asociación con otros funcionarios configura el delito de coalición de servidores públicos, y la extracción de datos del teléfono celular de Rodríguez Salgado, el de intervención de comunicaciones.
El de desaparición forzada se fundamenta en que, dado que un juez había librado dos órdenes de aprehensión contra Rodríguez Salgado, el detenido debió haber sido presentado ante el agente del Ministerio Público o el propio juzgador inmediatamente después de su arresto, ocurrido el 15 de enero de 2015 a las 23:00 horas, pero esto no ocurrió hasta las 04:00 horas del día siguiente.
El de Rodríguez Salgado representa un “patrón de incriminación contra cierto grupo de personas”, asegura la fiscalía: jóvenes de escasos recursos, con poca instrucción y provenientes de zonas rurales. Es decir que las autoridades definieron previamente un perfil del tipo de personas a quienes iban a culpar de los crímenes de Iguala.
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