La lucha de las organizaciones humanitarias de México para sacar de la cárcel a mujeres que enfrentan procesos relacionados con abortos se anotó una victoria luego de que un tribunal ordenó la liberación de la joven indígena Aurelia García Cruceño, detenida desde hace tres años acusada de homicidio en grado de parentesco.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el año pasado el aborto, los procesos relacionados con interrupciones del embarazo se mantienen en un limbo y continúan presentándose casos como el de Cruceño, una indígena nahua de 23 años que fue detenida por un aborto espontáneo que sufrió tras quedar embarazada a consecuencia de una violación.
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Ahora las organizaciones humanitarias aspiran a que la sentencia de la joven sirva de precedente para lograr la liberación de otras mujeres detenidas por procesos relacionados con abortos y que enfrentan juicios por delitos como homicidio en razón de parentesco, infanticidio u omisión de cuidado. Según las organizaciones locales superan las 200.
Así lo reconoció Verónica Garzón, abogada de Cruceño e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien afirmó que la sentencia “tiene muchas implicaciones tanto políticas como jurídicas y sociales” y puede servir de precedente para otras mujeres acusadas por el Estado y “violentadas desde las instituciones que son incapaces de garantizar un acceso a la justicia”.
La noche del 20 de diciembre una jueza dictaminó que no había suficientes pruebas para mantener detenida a Cruceño por el delito de homicidio en grado de parentesco, con lo que culminó la pesadilla que enfrentó desde 2019 cuando fue encarcelada en una prisión de la localidad sureña de Iguala, en el estado de Guerrero.
La joven es originaria del remoto poblado de Xochicalco, ubicado en la Montaña Baja de Guerrero, donde pasó su infancia y juventud y que dejó luego de quedar embarazada de un hombre, que era una autoridad comunitaria, que abusó de ella.
A mediados de 2019 la joven se mudó a Iguala a vivir con una tía y pocos meses después comenzó a presentar un sangrado vaginal y tuvo un parto prematuro, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir transfusiones de sangre. Mientras se encontraba convaleciente fue esposada a su cama y luego de notificarle el motivo de su detención le hicieron firmar una carta de derechos cuyo contenido no entendió debido a que no hablaba bien el español.
Aun conmocionada por su liberación, Cruceño dijo a The Associated Press que todavía no se acostumbra a su nueva realidad y que en las mañanas se sorprende al despertar y ver que está en un lugar diferente a su celda. “Me siento rara. Todavía no lo puedo creer el ver a mi mamá al despertar”, agregó.
Sobre los tres años que pasó en la cárcel la joven habla poco y reconoce que “me daba mucha ansiedad, mucha tristeza”.
Pese a las dificultades que atravesó, Cruceño considera que su encierro fue una etapa de aprendizaje y le permitió mejorar su conocimiento del español. “Mis compañeras me animaban mucho y una señora me dio un consejo que nunca olvidé: ‘aquí tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente'”.
“El caso de Aurelia es uno de muchos”, reconoció Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres, quien explicó que, en ese estado, que está entre los 20 con mayores registros de violencia contra la mujer de México, la población indígena femenina es una de las más vulnerables del país por los usos y costumbres que mantienen las cuatro etnias que viven en esa región.
Entre enero y noviembre se reportaron en Guerrero 12 feminicidios y 108 homicidios dolosos, levemente por debajo de los registros del mismo período de 2021, según cifras oficiales.
Aunque Guerrero se convirtió en mayo en uno de los 11 estados de México donde está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, Reyna Aguilar afirmó que aún queda un largo camino por transitar en esa materia y sostuvo que “hay que reforzar esas instancias que tienen la obligación, por mandato de ley, de defender los derechos de las mujeres”.
La decisión de la jueza a favor de Cruceño sorprendió a las activistas que habían luchado para sacarla de la prisión, reconoció Ana Gabriela Candela Garzón, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, quien atribuyó la medida a que “visibilizamos su caso” a través de los medios de comunicación.
Durante su conferencia matutina -en la que se suele fijar la agenda diaria del país- el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la situación de Cruceño y dijo que se revisaría su caso. “Siempre buscamos que no se cometan injusticias, siempre, siempre, siempre, no se aceptan”, indicó.
Pese a que el máximo tribunal del país ordenó a las defensorías públicas buscar y asistir a mujeres detenidas por casos vinculados con abortos como el de Cruceño para lograr su liberación, muchas aún permanecen encarceladas y no hay una cifra oficial de cuántas están en esa situación ni las prisiones donde se encuentran, expresó Verónica Cruz, directora de la organización “Las Libres”, que defiende los derechos de las mujeres.
En un intento por tratar de ubicar a esas mujeres, una coalición de organizaciones humanitarias introdujo este año amparos en cinco de los 32 estados del país para presionar a las autoridades judiciales para que las busquen.
Decidida a comenzar una nueva vida, Cruceño afirmó que retomará pronto sus estudios de preparatoria para luego dedicarse a trabajar como maestra. Al hablar de la trascendencia de su caso la joven dijo que espera que sirva de referencia para otras mujeres. “Quisiera que no pasaran esto como yo pasé… que no se queden calladas, tienen que hablar lo que les pasa”.
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