Cinco años después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgara la Ley de Extinción de Dominio con el objetivo de confiscar activos y recursos a la delincuencia organizada, los magistrados mexicanos determinaron en más de cien casos la justificación para incautar propiedades como casas, aviones, vehículos, efectivo, lingotes de oro y hasta peluches.
Una investigación de MILENIO, con base en 100 versiones públicas de sentencias en las cuales los jueces determinaron legal la acción de extinción de dominio, reveló que fue posible confiscar una tajada de las ganancias obtenidas por medios ilícitos, sobre todo en detenciones en flagrancia –no necesariamente a través de tareas de inteligencia.
Calculan millonaria incautación al narcotráfico
En más de la mitad de los casos los jueces declararon “procedente” la extinción de dinero en efectivo, en virtud de que los delincuentes fueron detenidos en retenes, en aeropuertos o en operativos callejeros realizados por el Ejército, la Guardia Nacional o la policía de a pie.
Según estas sentencias, a los imputados de diversos crímenes les confiscaron nueve inmuebles, cinco vehículos, tres aeronaves y en 74 asuntos se ejecutaron órdenes para incautar dinero en efectivo por un monto equivalente a los 85 millones de pesos.
Las autoridades también tomaron posesión de monedas de oro y joyería. En suma, la Fiscalía General de la República (FGR) calcula haber arrebatado al crimen organizado unos 138 millones de pesos.
Los enjuiciadores incluso consideraron pertinente embargar un osito de peluche que en su interior escondía dinero en efectivo que los delincuentes planeaban enviar por paquetería.
Las confiscaciones pasaron de 6 en 2019 a 72 en 2023. Los años más duros de la pandemia registran apenas dos casos en 2020 y uno en 2021, mientras que en 2022 se consiguieron 19 incautaciones al crimen organizado.
“Celebro que se haya aprobado lo de la extinción de dominio y lo que nos va a permitir el buen funcionamiento del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que es un nombre muy peculiar, quisimos que fuese así porque ya basta de tecnicismos”, anunció el 2 de julio del 2019 el presidente López Obrador cuando se aprobó la Ley con la que pretendía quitarle de las manos dinero y bienes ilícitos a los narcotraficantes, secuestradores, lavadores de dinero y funcionarios corruptos.
“Antes se confiscaban bienes y se tenían en bodegas, se echaban a perder. Se gastaba muchísimo en mantener aviones decomisados, vehículos, ranchos, joyas, de todo. Al final no se sabía en qué quedaba todo esto que se recogía, que se confiscaba a la delincuencia; tanto a la delincuencia común, como a la delincuencia de cuello blanco”, decía orgulloso.
Según el presidente de México, con la nueva legislación se darían plazos menores a un mes para que el efectivo y los objetos muebles e inmuebles se pudieran transformar en dinero para ser entregados a quienes pudieran pagar por ellos. “Que se le entregue al pueblo, eso es muy importante en la Ley”, decía López Obrador.
Esta figura ya existía en la legislación mexicana, pero la nueva Ley Federal de Extinción de Dominio se volvió más estricta y precisa, al adaptar el espíritu y experiencia de Colombia, uno de los países más avanzados en este tipo de legislación para combatir al crimen organizado al atacar la riqueza que se genera de la actividad criminal.
¿Qué es la extinción de dominio?
La extinción de dominio se define como el instrumento jurídico con el que alguien pierde el derecho de propiedad sobre bienes cuyo origen es ilícito o que pueden ser utilizados para cometer actos ilícitos, y tales bienes pasan a ser del Estado, luego de que así lo determina una sentencia de un juez calificado. El Estado no se obliga a compensación alguna, no tiene que pagar ni dar nada a cambio.
Finalmente, el 9 de agosto del 2019, apareció en el Diario Oficial de la Federación el documento de la Ley de Extinción de Dominio que, en pocas palabras, pretendía quedarse con bienes patrimoniales cuya procedencia no pudiera acreditarse, pero, sobre todo, que se hubieran obtenido por hechos ilícitos.
Los bienes se les confiscarían a aquellas personas que estuvieran involucradas en delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, extorsión y recursos de procedencia ilícita.
Evidentemente “el ejercicio de la acción de extinción de dominio”, es decir, quien llevaría la investigación, sería el Ministerio Público de la FGR a través de distintas dependencias de gobierno y de seguridad pública. Sin embargo, serían los titulares de los juzgados de extinción de dominio los que resolverían a favor o en contra.
Y así lo han hecho en los casos mencionados
Sin embargo, no siempre el resultado de las pesquisas y acusaciones es el decomiso.
Por ejemplo, uno de los reveses mediáticos que sufrió la FGR con esta ley, sucedió el 23 de noviembre. La jueza Ana Lilia Osorno Arroyo le dejó claro a los fiscales que no se le quitaría una mansión al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, a quien intentaban arrebatársela con la extinción de dominio.
- Nacional
Desde enero de 2023, también el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que, aunque el presidente López Obrador había realizado una gran modificación a la ley en 2019, a través de las cuales se haría efectivo el decomiso de bienes, han observado poco efectiva la actuación de la FGR.
Decomisos in fraganti
A través del servidor llamado “buscador de sentencias del CJF”, donde el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial está obligado a subir todas las resoluciones de sus jueces, se hicieron públicos 150 asuntos relacionados con la extinción de dominio entre diciembre del 2018 y enero del 2024.
En al menos 100 casos consideró procedente la “vía de extinción de dominio” o “la pérdida de los derechos” sobre inmuebles, dinero y otros bienes. MILENIO obtuvo la versión pública de esos casos y revisó todas las sentencias y resoluciones, las cuales constan de entre 50 y 100 páginas.
En estos cinco años y según la información del CJF, se encontró que en 2019 se resolvieron seis casos, en 2020 apenas dos, en 2021 fue uno, en 2022 subió a 19, mientras que en 2023 se resolvieron a favor 72 expedientes.
Se encontró que hubo 17 delitos contra la salud, dos de delincuencia organizada, tres por portación de armas de fuego, uno de documentos falsos y la gran mayoría fue por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ocho de los expedientes no estaba disponible la información.
Las versiones públicas del Consejo de la Judicatura arrojan más información sobre estos 100 casos: se falló a favor de extinguir nueve inmuebles, cinco vehículos, tres aeronaves y en 74 asuntos se autorizó decomisar dinero en efectivo.
En el caso de los 50 documentos públicos restantes se encontró que fueron desechados, que resultó improcedente, o que el Ministerio Público no acreditó la totalidad de los elementos de la acción, o bien no precisó el bien inmueble que quería extinguir, entre otras razones.
De hecho, la desproporción entre el dinero y los bienes inmuebles tiene una explicación: en las versiones elaboradas por los juzgados del país que obtuvo MILENIO se relata con lujo de detalle, con extractos ministeriales, partes policiacos, del Ejército o de la Guardia Nacional, cómo fueron incautados esos bienes. En la mayoría de los casos fue en flagrancia, es decir que los delincuentes fueron detenidos en el momento en que cometieron el ilícito, cuando trasladaban el dinero de un lugar a otro.
De estos 100 expedientes se documentó que en 53 casos fueron detenidos in fraganti. Se lograron algunos cateos, sí, 10 según la información del CJF, y si bien algunos fueron realizados durante la pasada administración, la extinción de dominio de los bienes concluyó en este sexenio.
También hubo aseguramientos gracias a denuncias ciudadanas, pero en general la acción de extinción se recargó en la labor de las fuerzas policiales en las calles, en operativos de vigilancia y recorridos de prevención del delito, entre otros.
Al revisar las sentencias, sin embargo, no queda claro que los decomisos se realizaron contra integrantes de estructuras del narcotráfico o la delincuencia. Por ejemplo, hay casos en que pareciera ser de ciudadanos nada o poco informados sobre el monto permitido de portación de dinero y que fueron interceptados por autoridades en carreteras del país, migrantes que ganaron dinero en Estados Unidos pero que están imposibilitados de comprobar la portación del dinero en sus traslados.
Aeronaves aseguradas
El 24 de octubre de 2020, elementos del Ejército Mexicano informaron que al realizar el servicio de revisión de aeronaves que despegan y aterrizan en el aeropuerto nacional Juan Guillermo Villasana, aproximadamente a las 14:00 horas, “vía telefónica les informaron que una aeronave había realizado un vuelo de prueba local, que al parecer se encontraba en reparación y al verificar la matrícula, según el sistema, estaba asignada a otra aeronave que se encontraba en Canadá”.
—Se tiene a la vista un lugar abierto, donde se encuentra una aeronave en color blanco con franjas azules y grises, que cuenta con dos motores y dos hélices.
Eso registró un elemento de la policía en el aeropuerto de Pachuca, Hidalgo.
Con este reporte iniciaría uno de los procesos de extinción de dominio del sexenio.
Luego de más de tres años, el 7 de diciembre del 2023, un juez estimó suficiente motivo para que, a pesar de no tener más información y que dentro de la carpeta de investigación se haya considerado como recurso de procedencia ilícita a la aeronave asegurada, resolviera que “sin que se considere necesario analizar si tal delito se acredita o no en el proceso penal respectivo o en este asunto, se declara la extinción de dominio de la aeronave en favor del Gobierno Federal”.
En la lectura de las versiones públicas se encontró que se registraron otros dos casos de decomisos y acción de dominio de aeronaves.
En uno de ellos, todo empezó el 28 de agosto de 2020, cuando un hombre recibió un sobre en casa de su padre, en Aguascalientes. Dentro venían varios documentos en inglés, entre ellos, uno en el que aparecía su nombre como comprador de una avioneta. Se quedó anonadado: eso no podía ser pues él sólo era un vendedor de fruta. Alguien había usurpado su identidad.
Así iniciaría una carpeta de investigación para los agentes del ministerio público, quienes finalmente dieron con la aeronave en una pista de aterrizaje. El avión fue considerado producto de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación y uso ilícito de las instalaciones destinadas al tránsito aéreo. La Fiscalía logró que se concediera la acción de extinción de esta avioneta de ala fija, color negro, con asientos de piel y doble forro que era encendida con un llavero con forma de naipes.
El dinero en efectivo
El 25 de agosto de 2022, a las 10:00 de la noche, Juan Campos llegó al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Únicamente llevaba al hombro una mochila que llevaría en la cabina del avión de Viva Aerobus 1229, el cual saldría una hora después rumbo a la Ciudad de México.
Esa noche, en el puesto de revisión, se encontraban elementos de la Guardia Nacional de apellidos Sánchez y De la Cruz, quienes fueron llamados por la operadora de la máquina de rayos X de la estación aérea. Algo había brincado en las entrenadas pupilas de la especialista: dinero en efectivo. Ese que el señor Juan Campos llevaba en la pequeña mochila.
La primera respuesta que dio el sospechoso fue que llevaba 16 mil dólares para comprarse un carro. Ahí sobre las mesas de metal extrajeron decenas de billetes de 50 y 20 dólares que en total sumaron 34 mil dólares. Campos insistió en explicar que era el dinero de sus ahorros de muchos años de trabajo en Estados Unidos. No tenía documentación en ese país y quería comprarse un carro en Reynosa, Tamaulipas.
Debido a que Campos no pudo comprobar cómo ganó esos billetes de 50 y 20 dólares que se apilaban en el aeropuerto, quedó detenido acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez determinó que Juan tuvo contradicciones en sus declaraciones y no pudo comprobar el origen de esos recursos.
“Lo procedente es declarar la extinción de dominio con respecto del dinero en efectivo”, se pronunció un juez en julio del 2023.
La historia de Juan Campos, de hecho, se repite muchísimo en los partes judiciales de los expedientes de extinción de dominio. Como en el caso de una mujer de nombre Patricia, que portaba 46 mil dólares en la bolsa. Según ella tenía esa cantidad porque era propietaria de una empresa de bienes raíces en San Bernardino, California. Según su relato, después de la pandemia regresó a Guadalajara con su novio y constituyó otra empresa de bienes raíces, en donde prestó dinero. Gracias a ello el 12 de octubre de 2021 le habían pagado en efectivo el dinero, pero le fue asegurado y ella detenida en el aeropuerto de Guadalajara, pues se dirigía a Tijuana, Baja California.
O el de otra mujer que, en 2022, en Sonora, dentro de un bolsito rojo, traía 20 mil dólares, luego de que, como afirmó, salía de una casa de cambio con la intención de comprar un coche.
Así se contabilizan al menos 53 casos donde la acción de extinción se logró gracias a detenciones realizadas de esta manera, en caliente, sin mucha investigación previa.
Contra narcos
Sí hay casos ocurridos durante esta administración en los cuales se registra la acción de extinción de dominio sobre propiedades que pertenecieran a integrantes o estructuras criminales del narcotráfico, como el Cártel del Golfo o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dentro de las 100 versiones públicas de resoluciones judiciales se encontró que en 19 casos la acción de extinción venía acompañada de cargos relacionados con delitos contra la salud –es decir drogas–, delincuencia organizada y narcotráfico.
La resolución más larga en materia de extinción de dominio es la que se aplicó a Víctor Hugo Delgado, conocido como el ‘Comandante Tornado’. Este hombre fue lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado que da nombre a esa organización, y aunque el proceso comenzó en 2017, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Fue en 2021 cuando determinaron procedente la acción de extinción de dominio de una propiedad con varias construcciones. Se trata del terreno ubicado en la calle Camino a Las Toronjas 471, esquina con Camino de los Girasoles, Fraccionamiento Cortijo de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Otra es la que concluyó en abril de 2023, cuando un juez de extinción de dominio del Primer Circuito resolvió así para un caso que se dio en 2015, contra un grupo de narcotraficantes que operaban en la zona de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que fueron aprehendidos en flagrancia. Esa historia se relata así en el reporte:
“Aproximadamente a las 3:45 del 15 de julio de 2013, fueron alertados por un helicóptero de la Marina Armada de México que sobre la carretera se encontraba un vehículo con personas armadas.
"Que procedieron a dirigirse al citado lugar y al llegar al entronque (...) observaron un vehículo, y [a un hombre] que salía por la ventana del lado derecho [pues se veía] un arma con la cual les estaban apuntando”, señala el parte. En la sentencia clasificaron como reservado cuánto dinero se logró incautar en esa ocasión.
También lograron decomisar al Cártel de Los Zetas un millón 746 mil pesos en un solo hecho, además de acciones contra propiedades de otros grupos del narco en Acapulco y en Ixtapa, en Guerrero, y en otros estados de la república mexicana.
Peluches y cuentas dispares
Entre los casos más insospechados está la incautación de un oso de peluche que fue localizado el 23 de febrero de 2019 en el área de paquetería de un servicio de mensajería. Estaba dentro de una cajita de cartón que sería enviada a una dirección remota. El osito fue vinculado con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No en todas las sentencias el Consejo de la Judicatura hizo público cuánto dinero logró incautar, pero en las 36 dónde sí se reveló resultó de la acción de extinción un total de 47.2 millones de pesos y 2.1 millones de dólares (unos 37.8 millones de pesos).
Sin embargo, el pasado mes de agosto de 2023, a través de un comunicado de prensa escueto y sin mayores detalles, la FGR reveló que se habían obtenido por extinción 138 millones 813 mil 749 pesos para el Estado mexicano, aunque ya con la valuación de terrenos y aeronaves, y no sólo el dinero en efectivo. De cualquier forma, la distancia entre una y otra cifra es muy amplia.
La FGR también informó que, en 2022, a través de esta ley y de un acuerdo con Estados Unidos, se logró arrebatarle cinco inmuebles a Rafael Caro Quintero.
Según la Fiscalía General hasta agosto se habían obtenido 51 sentencias favorables en materia de extinción de dominio en lo que iba de 2023. De acuerdo con el comunicado, se demostraba que estas acciones sí perjudicaban a las organizaciones de la delincuencia organizada.
Mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró el año pasado:
“En agosto de 2020, la FGR presentó sus primeros tres procesos federales de decomiso. Las denuncias fueron presentadas ante el único juez de decomiso federal de México (hay planes pendientes para agregar más jueces de decomiso) y aún no se ha programado para una audiencia inicial. Hay jueces adicionales de decomiso de activos a nivel estatal que están considerando casos en todo el país, pero aún no se ha resuelto ningún asunto de decomiso bajo la nueva ley”, dijeron en su informe de Fiscalización de narcóticos.
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