Más de tres meses después del accidente del Tren Interoceánico en las inmediaciones de Salina Cruz, Oaxaca, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que se completó el proceso de reparación integral para las víctimas.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, detalló en conferencia de prensa que el siniestro ocurrido el 28 de diciembre de 2025 fue provocado por “exceso de velocidad negligente” y descartó fallas en infraestructura o equipo.
La investigación de la FGR exoneró a la infraestructura y al material rodante del Tren Interoceánico, y señaló como única causa del accidente el incumplimiento de deberes y normas de seguridad por parte del personal operativo.
Como resultado, se determinó la responsabilidad penal del maquinista, el conductor y el jefe de despacho por homicidio y lesiones culposas. Para agilizar la resolución del caso, la institución promovió mecanismos alternativos de solución de controversias.
Gracias a ello, más de un centenar de víctimas lograron acuerdos reparatorios: 145 personas firmaron convenios integrales con la empresa responsable, lo que permitió extinguir la acción penal tras el pago de indemnizaciones y brindar una compensación inmediata sin alargar el conflicto legal.
- Policía
El Gobierno de México subrayó que la Secretaría de Gobernación encabezó un esfuerzo interinstitucional en el que participaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la FGR, la Secretaría de Marina (SEMAR), el Corredor y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, instituciones de salud federales y el gobierno de Oaxaca.
Para garantizar una atención personalizada, se desplegaron 236 servidores públicos en diversas entidades del país y en el extranjero.
El proceso no se limitó a una compensación económica. Incluyó atención médica especializada y continua, acompañamiento psicológico para víctimas y familiares, asesoría jurídica para la integración de expedientes, y compensaciones económicas ajustadas a estándares nacionales e internacionales de proporcionalidad, suficiencia y dignidad.
Según el informe oficial, el 100% de las personas que iniciaron el proceso han sido atendidas.
Por respeto a la privacidad y a petición expresa de las víctimas, los montos específicos de las indemnizaciones no se hicieron públicos. Con este cierre, el Estado mexicano reafirmó su compromiso con la justicia y la atención digna frente a este tipo de sucesos.
AGA