Raúl Ramírez Castañeda, Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, junto con sus familiares y socios, fue acusado por el gobierno estatal de presuntamente estar vinculado con la operación de una red de empresas y factureras falsas en Nuevo León tras al detectarle un contrato sin cumplir por más de 9 millones de pesos en la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
La investigación del caso está conformada por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita y extinción en el Dominio neoleonesa, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tamaulipeca, luego de que se descubriera que su despacho fue fachada de servicios que no cumplieron.
Lo que puso al descubierto la red de corrupción que impera en el entorno de Ramírez Castañeda, sus familiares y socios cercanos, mencionaron ambas dependencias, fue un contrato de más de 9 millones de pesos, celebrado entre en el sexenio de García Cabeza de Vaca con dicha empresa fachada con domicilio en Nuevo León, en la época en que el Ramírez Castañeda fungía como Titular de la referida Unidad e intervino directamente para el otorgamiento del contrato.
La investigación llevó a establecer la relación entre la empresa contratada por la administración panista con el despacho “Ramírez Castañeda & Abogados”, establecido en San Pedro Garza García, así como con diversas empresas que se presumen fachadas.
Mediante el millonario contrato se contrataron servicios para la UIFE que nunca cumplieron, advirtieron estas unidades, por lo que las autoridades tratan de averiguar el destino final del dinero y las operaciones existentes con esas empresas radicadas en Nuevo León.
¿Quiénes son las personas presuntamente involucradas?
Dentro de la investigación se encuentran Carlos Emiliano Ramírez Pizarro, así como Levi, Juan José, Horacio y Luis Javier Ramírez Castañeda, además de Eduardo y Jorge Alberto Romero Delgado, Ezequiel y Eduardo “N”, Carlos Eduardo y Luis Raúl Mendoza Cano, Carlos Contreras Segovia, así como Héctor Orlando Aguirre Ramírez.
También se mencionaron dentro de este delito a Rafael Puente Torres, Rodrigo Samuel Mendieta Morales, Jonathan Javier Martínez Romero, Celia Margarita García Zapata, Ramiro Góndara Martínez, Raúl González Marroquín, José Carlos González González y Diego Canavati Dahuabe, este último ya finado.
Este es un caso polémico para el fiscal, tras girarse una orden de aprehensión pues la queja, proveniente de la FGJE de Tamaulipas, vino por entorpecer las investigaciones contra ex funcionarios de la anterior administración, al grado de girarse una orden de aprehensión, suspendida por un juez en Reynosa al concederle un amparo.
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