La Fiscalía General de Michoacán impugnó formalmente la liberación de los 11 policías municipales de Ecuandureo presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los oficiales habían sido detenidos tras diversos operativos realizados en la región de la Tierra Caliente.
De acuerdo con el fiscal general, Carlos Torres Piña, la liberación de los uniformados se dio luego de que las pruebas presentadas fueran consideradas insuficientes. El juez de control que celebró la audiencia determinó que los elementos aportados no justificaban la prisión.
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¿Por qué un juez federal negó las pruebas clave en el caso de los policías de Ecuandureo?
Carlos Torres Piña recordó que la autoridad judicial negó en dos ocasiones la extracción legal de información de los dispositivos celulares de los detenidos. Presuntamente, en estos teléfonos se filtraban detalles sobre los operativos policiales un día antes de realizarse.
“Nos negaron dos veces la extracción de la información, que es donde ellos se comunicaban; eso nos retrasó mucho la aportación de elementos”, afirmó el fiscal. Esta negativa impidió que el Ministerio Público presentara los registros de comunicación con el grupo criminal.
Además, el juez consideró que la cantidad de droga que portaban los agentes era mínima al momento de su captura oficial. De igual forma, los parches con las siglas del CJNG localizados entre sus pertenencias no fueron tomados como prueba.
Por lo anterior, los 11 policías fueron puestos en libertad, aunque esto no significa que hayan sido exonerados de los cargos presentados. El proceso continúa bajo una serie de medidas cautelares estrictas.
¿Qué medidas cautelares deberán cumplir los oficiales mientras se resuelve la apelación?
Los agentes tienen la obligación de presentarse a firmar cada 15 días ante la autoridad correspondiente para garantizar que no evadirán la justicia. Asimismo, tienen prohibido abandonar la ciudad de Morelia.
Por su parte, el Poder Judicial de Michoacán reportó que la apelación se encuentra ya en una segunda instancia para su revisión inmediata. Una magistratura penal será la encargada de emitir una determinación con total apego a la ley este 28 de marzo.
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El Tribunal de Disciplina Judicial, organismo encargado de vigilar el actuar de los servidores públicos, se encuentra atento al desarrollo del asunto.
Finalmente, la fiscalía estatal espera que la revisión de la magistratura permita integrar las pruebas digitales que fueron rechazadas inicialmente por el juez federal.
MQ