La lucha contra los delitos de alto impacto que vulneran los derechos humanos fundamentales ha tomado un nuevo rumbo en el sureste del país, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno han intensificado las labores de inteligencia y despliegue en zonas vulnerables.
Durante un cateo realizado en un bar de la colonia Barrio Bravo de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo, se logró el resguardo de 17 mujeres, presuntamente víctimas de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, gracias al operativo de la Fiscalía General del Estado apoyado por la Guardia Nacional.
- Policía
¿En qué punto de Chetumal se realizó el cateo y qué hallaron las autoridades en el inmueble?
La intervención se llevó a cabo en un establecimiento localizado en el cruce de las calles Héroes de Chapultepec e Isla Contoy, luego de que un juez de Control autorizó la orden de cateo derivada de investigaciones de campo y gabinete.
En el sitio fueron localizadas 17 mujeres mexicanas que, de acuerdo con las primeras indagatorias, ofrecían servicios sexuales dentro del inmueble.
Las investigaciones preliminares señalan que la mayoría de las mujeres, varias de ellas madres solteras, llegaron al establecimiento tras responder a anuncios publicados en redes sociales o por recomendación de conocidos.
¿De qué manera eran sometidas las víctimas y qué pistas recolectó el Ministerio Público?
Inicialmente desempeñaban labores como meseras y ficheras, obteniendo parte de las ganancias por el consumo de bebidas y bailes eróticos; sin embargo, posteriormente eran obligadas a ofrecer servicios sexuales, cuyo costo ascendía a 2 mil pesos e incluía el uso de un cuarto acondicionado dentro del bar.
Durante la diligencia también fueron asegurados presunta marihuana, preservativos, libretas con diversas anotaciones y un equipo de cómputo, evidencias que quedaron a disposición del Ministerio Público para fortalecer la carpeta de investigación.
El inmueble fue asegurado y las 17 mujeres fueron trasladadas ante la Fiscalía para recibir atención y rendir su declaración, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.
El rescate de las personas vulneradas representa apenas el primer paso de un complejo proceso judicial y de reinserción social que requiere el acompañamiento integral del Estado.
La judicialización efectiva de las carpetas de investigación y el castigo severo a los responsables serán indispensables para evitar que este tipo de giros comerciales sigan operando en la clandestinidad.
GLB