El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, fue vinculado a proceso por un juez debido a su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, que habría cometido durante el incendio del 27 de marzo en la estación de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo a 40 migrantes.
Luego de 10 horas de audiencia, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón determinó que existen los datos de prueba suficientes para considerar que el funcionario federal fue omiso en el cumplimiento de sus funciones.
De acuerdo con la acusación formulada por el Ministerio Público de la federación, Francisco Garduño Yáñez fue omiso a la hora de ejercer, supervisar, proteger y dar seguridad a los migrantes que se encontraban en la estación migratoria el 27 de marzo. Esto se debe a que, como parte de sus funciones, él debía garantizar la seguridad de todos los ahí presentes.
Tras la audiencia, el comisionado se reservó su derecho a rendir una declaración. Adicionalmente, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Este domingo, el funcionario compareció luego de que, en una audiencia pasada, el juez determinó rechazar retirar a Francisco Garduño del cargo como titular del INM y, en cambio, impuso como medida cautelar la firma periódica ante el órgano jurisdiccional cada 15 días.
Sin embargo, para pedir que fuera suspendido temporalmente de su cargo, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron que, si seguía en el INM, se lesionarían los intereses jurídicos de las víctimas, a tal punto de llegar a una posible “obstaculización” de la indagatoria.
Los agentes del Ministerio Público de la Federación subrayaron que no era un capricho la separación del cargo y la solicitud de medidas cautelares y, por el contrario, estaban contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En tanto, los abogados del comisionado del INM calificaron de "irracional" la petición de la FGR de estas medidas cautelares, al enfatizar que llevaba 40 años como servidor público y, como adulto mayor, "tenía derecho a conservar su trabajo".
KT