Antonio M.D., funcionario de primer nivel señalado como presunto responsable del incendio registrado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM) quedó sujeto a dos medidas cautelares, la obligación de acudir a firmar una vez al mes y la prohibición de salir del país.
El juez federal se negó a imponerle la prisión preventiva como lo solicitaba el Ministerio Público.
Además, el funcionario público, quien se desempeñaba como director de Control y Verificación Migratoria a nivel nacional, le dijo al juez que él tiene el interés de someterse al proceso penal y colaborar con la investigación luego de que una de las fiscales acusó que el INM ha obstruido la investigación al impedir que se acerque el Ministerio Público a las víctimas.
La formulación de cargos contra Antonio M.D., no se realizó porque los abogados defensores del funcionario solicitaron tiempo para conocer la carpeta de investigación dado que el documento se les entregó minutos antes de iniciar la audiencia judicial en el Centro de Justicia Penal Federal.
El juez dijo que la audiencia de formulación será realizada el día de mañana viernes a las 10 de la mañana.
Detienen a delegado del INM
El pasado 16 de abril se informó que la FGR detuvo al contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Chihuahua, y que es señalado por el Ministerio Público Federal de estar relacionado directamente con el incendio en Ciudad Juárez.
El funcionario contaba con una suspensión provisional otorgada por Claudia López López, jueza Séptimo de Distrito en Chihuahua; sin embargo, ésta no impedía su captura, debido a que es imputado por los presuntos delitos de homicidio y lesiones, el primero de ellos que amerita prisión preventiva de oficio.
La medida cautelar establece que, en caso de ser detenido, su libertad personal quedará a disposición de la jueza de amparo en el centro penitenciario donde sea ingresado, y del juez de control para la continuación de su proceso.
Según la defensa de las víctimas, el contralmirante dio la orden de dejar encerrados en una celda, bajo llave, a los migrantes durante el incendio.