La justicia de los Estados Unidos puso en marcha un proceso legal sin precedentes contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve servidores y exservidores públicos de la entidad.
De acuerdo con el pliego acusatorio, los implicados enfrentan cargos por conspiración para el tráfico internacional de drogas, el uso de armamento de alto poder y corrupción institucional.
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¿Cuál podría ser la sentencia que enfrentarían los funcionarios acusados por EU de vínculos con Los Chapitos?
Bajo la estricta legislación federal estadounidense, los delitos imputados a esta red de funcionarios conllevan sanciones de carácter mandatorio que dejan poco margen a la interpretación judicial.
En caso de ser capturados, enjuiciados y hallados culpables en territorio norteamericano, los señalados enfrentan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
No obstante, debido a la magnitud de la supuesta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para la distribución masiva de fentanilo, cocaína y metanfetamina, el escenario más probable es la cadena perpetua.
Esta severidad responde a la combinación de cargos que incluye la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como la conspiración para utilizar este equipo en favor de actividades de narcotráfico.
La fiscalía de Manhattan y la DEA sostienen que la protección institucional brindada por estos funcionarios permitió que el imperio criminal creciera de forma exponencial, cobrando vidas tanto en México como en Estados Unidos.
¿Cuáles son los delitos que EU le imputa a Rocha Moya y a 9 funcionarios más?
La lista de acusados, encabezada por Rocha Moya, integra a perfiles de alto nivel cuya libertad está ahora en manos de las gestiones de extradición.
Entre los funcionarios que podrían pasar el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad se encuentran:
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador por Morena y exsecretario General de Gobierno, acusado de pactar esquemas de impunidad directamente con los líderes del cártel.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Actual alcalde de Culiacán, señalado por instruir a la policía municipal para que no interfiriera con las operaciones logísticas de Los Chapitos.
- Dámaso Castro Saavedra: Vicefiscal de Sinaloa, quien presuntamente recibía sobornos mensuales de 11 mil dólares (más de 200 mil pesos) para blindar a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán frente a operativos oficiales.
- Juan Valenzuela Milán: Excomandante de la Policía de Culiacán, a quien se le atribuye haber facilitado el uso de oficiales de la corporación para realizar secuestros y asesinatos ordenados por la organización criminal.
Aunque las órdenes de aprehensión y las fichas de detención provisional con fines de extradición ya han sido notificadas formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el proceso legal en México apenas comienza.
La cancillería ha turnado el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR), enfatizando que será esta institución la encargada de valorar si las pruebas aportadas por Washington se ajustan al sistema jurídico nacional para proceder.
SCM