Una investigación de autoridades de Estados Unidos señala que funcionarios de gobierno en Sinaloa habrían mantenido una relación directa con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “los Chapitos”. De acuerdo con la acusación, el vínculo no era aislado, sino parte de un esquema de apoyo político, protección y pagos ilegales.
En el centro de los señalamientos aparece el gobernador Rubén Rocha Moya, quien presuntamente habría recibido respaldo del grupo liderado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López durante las elecciones de 2021.
Elecciones bajo presión: lo que se acusa sobre la llegada al poder
Según el documento, integrantes del grupo criminal habrían intervenido en el proceso electoral con intimidaciones, robo de urnas y presión a votantes para favorecer al entonces candidato.
A cambio, se acusa que el mandatario permitió que personas cercanas al grupo ocuparan cargos dentro del gobierno.
También se menciona que hubo reuniones entre autoridades y líderes del grupo, donde se habrían acordado beneficios mutuos: apoyo para ganar elecciones a cambio de protección una vez en el poder.
Protección desde el poder: así operaba el presunto blindaje
La acusación indica que funcionarios públicos habrían facilitado operaciones del grupo criminal. Esto incluye permitirles trabajar sin ser detenidos, compartir información confidencial y evitar acciones de las corporaciones de seguridad.
Incluso, se señala que algunas áreas de seguridad, como la policía estatal, habrían sido utilizadas para no interferir en actividades como el tráfico de drogas.
Funcionarios como enlace: el papel clave dentro del gobierno
De acuerdo con la investigación, algunos funcionarios servían como intermediarios. Uno de los casos señalados es el de Enrique Díaz Vega, quien presuntamente proporcionaba información sobre adversarios políticos para que fueran amenazados.
La red de funcionarios señalados por Estados Unidos
Además del gobernador Rubén Rocha Moya, la acusación formal de los Estados Unidos identifica a otros nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa vinculados con la asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos junto a la facción de "los Chapitos".
Los otros acusados y sus cargos desempeñados son:
- Enrique Inzunza Cázarez: Actualmente es senador en representación de Sinaloa; anteriormente fue secretario general del estado bajo el mando de Rocha Moya.
- Enrique Díaz Vega: Se desempeñó como secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal entre 2021 y 2024.
- Dámaso Castro Zaavedra: Ocupa el cargo de vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desde octubre de 2021.
- Marco Antonio Almanza Avilés: Fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa entre 2017 y 2022.
- Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”): Sucedió a Almanza Avilés como jefe de la Policía de Investigación, cargo que ocupó hasta febrero de 2026.
- Gerardo Mérida Sánchez: Fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024.
- José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”): Fue subdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa en diversos periodos entre 2012 y 2024.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Es el alcalde de Culiacán, la capital de Sinaloa, cargo que ostenta desde junio de 2022.
- Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”): Fue un comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán entre 2018 y 2024.
Según el documento, estos individuos abusaron de sus cargos para proteger las operaciones del cartel, facilitar información sensible, evitar detenciones de sus miembros y, en algunos casos, participar directamente en actos de violencia, como secuestros y homicidios, a cambio de sobornos millonarios.
Sobornos mensuales: cuánto dinero se movía en la presunta red
La investigación también detalla que los funcionarios recibían dinero de forma periódica. Los montos variaban dependiendo del cargo:
- Más de 100 mil dólares mensuales para altos mandos de seguridad
- Entre 10 mil y 40 mil dólares para otros funcionarios
- Cantidades menores para mandos operativos
El dinero se entregaba en efectivo, acompañado de listas con nombres y montos, según la acusación.
Un caso que apenas comienza: lo que falta por definirse
Toda esta información proviene de una acusación formal de autoridades estadounidenses. Hasta el momento, los señalamientos deben ser probados ante la justicia, por lo que no representan una sentencia definitiva. Sin embargo, el caso expone cómo, el crimen organizado habría buscado influir en estructuras de gobierno para operar con protección institucional.