Un juez federal libró siete órdenes de aprehensión contra igual número de personas por su presunta responsabilidad por el ingreso de armas de Estados Unidos a México, a través del denominado operativo Rápido y Furioso, las cuales llegaron a manos del cártel de Sinaloa que dirigía el capo Joaquín El Chapo Guzmán.
Funcionarios del gobierno federal revelaron que las órdenes de captura fueron giradas contra Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, ex secretario de Seguridad Pública y del ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, respectivamente, así como contra el narcotraficante. El resto de los involucrados, indicaron, forman parte de la Policía Federal y están prófugos de la justicia.
La investigación comenzó por la introducción de más de 2 mil armas de fuego al país de forma deliberada por parte de las autoridades estadunidenses, armamento que llegó a las manos del cártel de Sinaloa.
Las únicas capturas que se habían realizado, de manera indirecta, fue la Heraclio Osorio Arellanes identificado como el responsable del homicidio del agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, quien perdió la vida el 14 de diciembre de 2010 en la zona de Mesquite Seep, en Arizona, tras un tiroteo donde se utilizaron dos de las armas perdidas.
Las otras detenciones son la de número tres de Los Zetas, Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, y de otros integrantes de su organización criminal, a quienes se extraditó por estar relacionados con la muerte del agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata, y del intento de homicidio de su compañero Víctor Ávila, incidente ocurrido en San Luis Potosí, en febrero de 2011.
Los norteamericanos confirmaron que algunas armas usadas contra Zapata y Ávila son las mismas que se perdieron en el operativo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), agencia que autorizó el ingreso del armamento a México.