"García Luna nunca vino por aquí", dicen sus vecinos de mansión en Miami

Vecinos del fraccionamiento millonario donde se encontraba la mansión relacionada a García Luna están preocupados porque se piense que tuvieron relación con él.

Pelea la UIF mansión de García Luna de 4.4 millones de dólares
Ciudad de México /

Los vecinos de la mansión de Miami que vinculan con Genaro García Luna aseguraron que nunca han visto al ex “superpolicía” en el fraccionamiento. Incluso, detallaron que, para lograr vivir en estos lujosos condominios, tienen que pasar varios filtros e investigaciones, como demostrar que no tienen antecedentes penales.

A petición de los residentes, la seguridad en el fraccionamiento Williams Island en Aventura, Miami en Florida, Estados Unidos se reforzó luego de la visita de MILENIO, con el doble de guardias en cada uno de los tres filtros hasta la ubicación de la mansión y con cámaras de vigilancia encendidas y monitoreadas todo el día.



Algunos vecinos se acercaron a este medio para manifestar su inconformidad pues sostuvieron que al ventilarse la ubicación de la mansión valuada en 4.4. millones de dólares, “pareciera que todos los que vivimos aquí somos narcos o malos”, pues se les relaciona con el ex secretario de Seguridad Pública del sexenio panista del ex presidente Felipe Calderón.

La preocupación de los residentes, se basa en que después de que hace unas semanas García Luna fue declarado culpable en Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado, por tráfico de drogas y por falsedad de declaraciones, se podría pensar que quienes viven en este fraccionamiento tuvieron relación con él.

“Es que García Luna no vive aquí, bueno, nunca lo hemos visto por aquí, en esa casa están otras personas, es que es mentira pensar que él está aquí con todos nosotros, él de verdad que no viene por aquí”, insistía desesperado un residente.

Detallaron que incluso, todas las personas que viven en este exclusivo fraccionamiento con casas que se venden en mínimo 2 millones de dólares y se rentan en 40 mil dólares, unos 800 mil pesos mensuales, pasaron por varios filtros de seguridad.

“Quienes vivimos aquí somos gente de bien. Mira, incluso no es fácil comprar en esta zona, no es nada más de tener el dinero o la posibilidad y ya, todos los que queremos vivir en este fraccionamiento nos enfrentamos a varias investigaciones, tenemos que comprobar nuestros ingresos, de dónde obtenemos el dinero con el que queremos pagar y hasta demostramos que no tenemos antecedentes penales, aquí o incluso en el país de donde somos, porque la mayoría de los residentes somos de otros países”, explicó una mujer.

También repitió varias veces que la residencia ni siquiera está a nombre de García Luna, con lo que buscó minimizar que el gobierno mexicano la vincule con el ex funcionario federal.

Exterior de la mansión de García Luna. | Jannet López Ponce


Este medio explicó, tal como lo ha señalado la Unidad de Inteligencia Financiera que las 19 propiedades que detectaron en Miami como parte de la presunta red de corrupción y lavado de dinero encabezada por Genaro García Luna, fueron adquiridas a través de una serie de empresas que también están demandadas penal y civilmente tanto en México como en Estados Unidos.

En el caso de la mansión de Williams Island, ésta fue comprada por VFST LLC, mientras que en las otras 18 están involucradas las empresas Península CAS II LLC, Jade Ocean 203 II LLC que incluye los dos departamentos en las exclusivas playas de Miami, Brill 5002 II LLC, Península SNDS LLC, AWP Village Bay II LLC, Jagra LLC, Martha Virginia Nieto Guerrero y Delta Integrator LLC relacionada con la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra.



Estas 19 propiedades con valores que van de los 151 mil dólares hasta los 4.2 millones de dólares con los recientes avalúos de la UIF que implicaron variaciones de hasta 200 mil dólares, son parte del juicio civil con el que México pretende que Estados Unidos se las entregue porque presuntamente fueron adquiridas con dinero del erario mexicano, que García Luna obtuvo mediante actos de corrupción, triangulación de recursos públicos y contratos ilícitos.

Hasta ahora, todas están aseguradas para que puedan seguir en uso, pero sin que puedan venderse, rentarse, transferirse u obtener beneficios económicos a través de éstas.



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