Aguakan, la empresa privada operadora de agua potable en el norte de la Quintana Roo, fue denunciada por el Gobierno del Estado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un presunto amparo promovido ante un juez federal mediante engaños.
La compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, mejor conocida como Aguakan, intentó ampararse para evitar que se le retirara la concesión para seguir operando hasta 2053 la red de agua potable y alcantarillado de cuatro municipios de Quintana Roo.
En atención a los resultados de la consulta popular de junio de 2021, en la que la mayoría de habitantes de los municipios de Benito Juárez (Cancún), Puerto Morelos e Isla Mujeres votó por retirar la concesión a Aguakán, el pasado 22 de diciembre, el Congreso local emitió un decreto para abrogar la ampliación de la concesión a la empresa hasta el 31 de diciembre de 2053.
Al votar por retirar la concesión, los diputados locales argumentaron que Aguakán registra múltiples incumplimientos en su obligación de inversión en infraestructura y que acumula diversas denuncias por daños al ambiente y actos de corrupción para haber obtenido la prórroga de 30 años a cambio de más de mil millones de pesos, que supuestamente fueron desviados.
La compañía, representada por su director general, Paul Andrew Rangel Merkley, presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo contra el decreto 195 del Congreso del estado, que le retiró la concesión.
Sin embargo, a decir del gobierno del estado, en la demanda ante el juez Julio César Ortiz Mendoza se ocultó información de los antecedentes del caso.
Entre la documentación que el representante de la empresa no mencionó ante el juez federal están los más de 20 oficios mediante los cuales la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el organismo público de agua potable que evalúa la actividad de Aguakán, determinó incumplimientos en los planes quinquenales de inversión, en los que se detectaron diferencias de más de cuatro mil millones de pesos de rezago.
Además, la demanda no mencionó otros oficios de CAPA en los que la autoridad determinó incumplimientos de obligaciones de infraestructura, falta de dictámenes de impacto ambiental, calificaciones reprobatorias respecto al cumplimiento de la concesión y deficiencia en la cobertura de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento.
Con ello, CAPA evidenció “su notoria incapacidad física, comercial y global para la prestación de esos servicios”.
El gobierno también alegó que “Aguakán le ocultó al juez los múltiples procedimientos administrativos por violaciones por daño al ambiente que le han iniciado tanto los municipios, como la Procuraduría Ambiental Estatal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente”.
Asimismo, acusó que Aguakán ya había promovió un juicio en la Ciudad de México para también tratar de mantener la concesión, “pretendiendo amarrarles las manos a las autoridades de Quintana Roo para que no investigaran ni determinaran los múltiples incumplimientos a la concesión y así mantenerse en la misma”.
Fuentes del gobierno estatal aseguraron que Rangel Merkley conoce todos estos hechos y los ocultó ante el juez al que le solicitó el amparo.
De acuerdo con las fuentes oficiales, en los próximos días, la FGR judicializará el asunto con base en una serie de investigaciones por hechos graves por los posibles actos de corrupción en los que Aguakán participó para que, en 2014, en el gobierno de Roberto Borge, se le autorizara la ampliación de la vigencia de la concesión.