La historiadora Alicia de los Ríos no tiene reservas sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por hechos ocurridos entre 1965 y 1990; sin embargo, ve más cercano el esclarecimiento histórico de las desapariciones forzadas y otras violaciones graves a derechos humanos en ese periodo que juicios en contra de los responsables.
“Yo no tengo reservas frente a esta comisión, me atrevo a decirlo, por muchos elementos”, indicó la historiadora e hija de Alicia de los Ríos Merino, quien es víctima de desaparición forzada desde 1978, en entrevista para MILENIO.
¿Quién es Alicia de los Ríos Merino?
Alicia de los Ríos Merino estudió ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y en 1973 ingresó a la Liga 23 de Septiembre por invitación de los hermanos Salvador y Luis Miguel Corral García.
A partir de su ingreso al Instituto Tecnológico, en 1967, Alicia de los Ríos Merino se integró al activismo; su ámbito de acción era la huelga, las movilizaciones en las plazas públicas para informar a la población y brigadas a las colonias populares.
Para la docente, aún es poco tiempo para evaluar los resultados de la Comisión de la Verdad, pues aún está en conformación: “decir que no está funcionando me parecería muy atrevido”, indicó.
“El esclarecimiento histórico, que es un mandato principal de estas cinco personas (integrantes de la Comisión de la Verdad) va a llegar a buen puerto porque tienen muchos antecedentes, empezando por las investigaciones de las familias que pueden ser retomadas, y se suman muchos esfuerzos.
“A mí lo que me preocupa mucho es el despliegue que puede tener hacia la justicia porque si se fija reiteradamente se insiste en la autonomía de la Fiscalía (General de la República) y me parece que ahí es donde vamos a poder sufrir un poco, más o mucho, sobre la inactividad del Estado, en el aspecto de la fiscalía y el acceso a la justicia.
“El esclarecimiento histórico lo tenemos muchísimo más cercano y al alcance que llevar a juicio a los posibles responsables”, agregó.
La desaparición forzada de Alicia de los Ríos
El 5 de enero de 1978 Alicia de los Ríos Merino fue detenida en la colonia Nueva Vallejo, en el entonces Distrito Federal, tras un enfrentamiento entre miembros de la Liga Comunista y más de 22 agentes de la Dirección General de Policía y Tránsito y de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia.
De los Ríos Merino fue vista por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero. Desde entonces, las autoridades han ocultado su paradero.
Segundo intento para buscar justicia
No es el primer intento del Estado mexicano para buscar que las víctimas de aquellos años obtengan justicia, pues durante el sexenio de Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que, de acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, “su investigación no fue reconocida por el gobierno federal, que intentó que sus hallazgos fueran los menos difundidos posibles”.
Para la también docente universitaria, los errores de la FEMOSPP, en términos generales, fueron estructurales: “fue una promesa de campaña de Vicente Fox, estuvo debatiendo con un grupo selecto entre si Comisión de la Verdad o fiscalía, optaron por fiscalía”.
“Yo fui usuaria de la FEMOSPP, ahí empezó la averiguación previa del caso de mi madre, la cual no había tenido algún cauce en alguna procuraduría que investigara las desapariciones forzadas.
“En 2002 interpuse una denuncia y me convertí en representante legal de otras familias en Chihuahua y Ciudad Juárez con casos de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales”.
A 20 años de la FEMOSPP, ahora en la Comisión de la Verdad decretada por López Obrador, las víctimas y sus familias han sido involucradas en el proceso de conformación, sostuvo De los Ríos.
‘Guerra Sucia’ en México
El periodo en México conocido como la Guerra Sucia ocurrió entre los años setenta y ochenta, el cual estuvo caracterizado por el uso de la tortura, desaparición forzada y la ejecución extrajudicial contra grupos insurgentes, opositores políticos, integrantes de movimientos sociales, entre otros.
Ejército, preocupado por posibles responsabilidades penales
El 22 de junio se inició con la apertura de archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico sobre la llamada Guerra Sucia con un acto en el Campo Militar número 1, en el cual asistieron el presidente Andrés Manuel López Obrador, la historiadora Alicia de los Ríos, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, entre otros.
En su intervención, Cresencio Sandoval expresó que, con la anuencia de López Obrador, se inscribirán los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas.
“Con esta misma convicción me dirijo a todas y todos los que portan el uniforme de la patria para manifestarles que en este significativo evento también se encuentran presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces, a quienes por instrucciones del Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas se analizará su inclusión y en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México.
“De igual manera, con orgullo le expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas que se ubica en la plaza del servicio a la patria como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida", expresó Sandoval, interrumpido con gritos de protesta de algunos asistentes; “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, fue alguno de ellos.
Sobre el mensaje de Sandoval, De los Ríos observó que entre los propósitos de sus expresiones fue deslindar al Ejército de las violaciones graves a derechos humanos, pues su actuación fue subordinada a los comandantes supremos del pasado, como el recién finado Luis Echeverría.
“Todo el discurso del general Sandoval González tenía como propósitos, sobre todo, deslindar al grueso del Ejército de las decisiones de violaciones graves a derechos humanos. ¿A qué vamos? Primero, a decir que el Ejército, como una fuerza subordinada al comandante supremo de ese momento, los ex presidentes Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, ellos fueron los que ordenaron las violaciones graves a derechos humanos.
“Y segundo, ustedes como comunidades de víctimas directas, los sobrevivientes, o indirectas, los familiares, tuvieron víctimas, pues nosotros (el ejército) también, pues obedecimos órdenes”, expresó De los Ríos.
¿Qué busca la Comisión de la Verdad?
El 6 de octubre del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
“(La comisión) se constituye como grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”, detalla el artículo primero de dicho decreto.
“Una de las cosas que vamos a hacer es construir una Ley de Memoria que permita que el trabajo programático de la comisión continúe, aun después del 2024 con otras banderas y con otros nombres”, explicó Carlos Pérez Ricart, integrante de la comisión.
Para la también representante de víctimas, López Obrador y Luis Cresencio Sandoval no reflexionaron la reacción que iba a tener de las víctimas sino de la opinión pública las declaraciones vertidas en ese acto.
“Habría que leer entre líneas lo dicho por el general (Sandoval) más allá de la provocación, es bien interesante porque sí están preocupados por responsabilidades penales”, añadió.
De la contrainsurgencia al cártel de Juárez
Muchos integrantes de la Brigada Especial, que fueron de la extinta Dirección Federal de Seguridad, así como de otras corporaciones de seguridad de la época, alimentaron las estructuras de lo que después se convirtió en el cártel de Juárez, explicó la historiadora.
“Es decir, de la contrainsurgencia inmediatamente está colocados como parte de la estructura de protección al cártel de Juárez. A los más conocidos los tenemos como (Mario Arturo) Acosta Chaparro y (Francisco) Quirós Hermosillo.
“Ellos cuando fueron juzgados por delitos de lesa humanidad, desaparición de personas en Guerrero, en realidad iban a ser juzgados por narcotráfico, iban a ser extraditados, justo (en los) noventa que está el reacomodo de los cárteles en Ciudad Juárez, tenemos que hay la actuación de estos agentes del Estado, que después van a trabajar para al narcotráfico y después tenemos el fenómeno del feminicidio”, explicó Alicia de los Ríos.
La historiadora sostuvo que los narcotraficantes tienen escuela respecto a las desapariciones forzadas: “la escuela fue la contrainsurgencia, habían visto lo que pasa en las comunidades cuando desapareces a alguien”.
“A muchas personas les gusta diferenciar entre lo que es una desaparición por motivos políticos y otras desapariciones, pero hay que entender que el germen, el patrón viene de ahí, el Estado en el México reciente fue quien activó el fenómeno de la desaparición forzada y de ahí se siguió, quienes fueron esos agentes estatales fueron los vasos comunicantes para continuarla ejerciendo en otros espacios como en la frontera”, agregó.
Muchas personas están en la “industria de la muerte”, pues la desaparición también tiene un uso, la cual inició con las detenciones arbitrarias en instalaciones militares, explicó la historiadora.
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