La Fiscalía General de la República (FGR) avaló la versión dada por el ex líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, El Mayo, quien aseguró que el ex alcalde de Culiacán y candidato a la gubernatura del estado, Héctor Cuén, fue asesinado en el inmueble en el que el capo fue secuestrado y no en un intento de asalto en una gasolinería.
Así, la FGR contradice la investigación hecha por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la cual apuntaba a que el también ex rector de la Universidad Autónoma de la entidad había sido asesinado a balazos cuando cargaba gasolina a las afueras de Culiacán, de lo que también se contaba con un video como supuesta evidencia.
La línea de investigación comenzó a ser puesta en duda el 10 de agosto, cuando el abogado de El Mayo, Frank Pérez, reveló la primera declaración de Zambada antes de ser detenido. En ella, el capo dio, principalmente, dos revelaciones: no se entregó, sino que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, El Güero; y Héctor Cuén había sido asesinado por gente de Los Chapitos.
Según la declaración, El Mayo y Cuén eran amigos desde hace tiempo. Ambos fueron citados en Huertos del Pedregal por los hijos de El Chapo Guzmán, con el pretexto de que en el lugar tendría una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para que éste y Cuén arreglaran sus diferencias.
Pero todo era una trampa. Cuén fue presuntamente asesinado en el lugar por los sicarios de Joaquín Guzmán López y a El Mayo Zambada lo secuestró El Güero para entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos como parte de un acuerdo.
Debido a su relación con las declaraciones del capo, el gobernador sinaloense, Rubén Rocha, pidió a la FGR atraer la investigación y, desde entonces, se registraron algunos avances.
¿La Fiscalía de Sinaloa cometió delitos por su investigación del caso Héctor Cuén?
Luego de que la Fiscalía de Sinaloa atrajo la investigación por el homicidio de Cuén, la fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, presentó su renuncia a la dependencia; sin embargo, especialistas apuntan a que tendría responsabilidad en delitos como desvío u obstaculización de la justicia.
Especialistas coincidieron que las inconsistencias en la investigación, que inició la entonces fiscal, pueden representar una eventual acusación en su contra por diferentes ilícitos.
El ex director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Samuel González Ruiz, indicó que la ex fiscal Quiñónez Estrada puede ser acusada de generar pruebas falsas para la carpeta de investigación y desviar la indagatoria.
“¿En qué delitos pudo incurrir? En varios de delitos contra la administración de justicia, como afirmar cosas falsas en una carpeta, generar pruebas que no son correctas y desviar el curso de las investigaciones.
“Hay una gama de delitos muy amplia; el ejercicio ilícito del servicio público es para todos los funcionarios (que incurren en estas conductas), pero las faltas contra la administración de justicia son específicamente para jueces, ministerios públicos y abogados”, señaló el experto.
Mientras, el abogado penalista Héctor Pérez Rivera coincidió en que, dependiendo de los hallazgos de la FGR, la ex fiscal puede ser imputada, pero antes se tiene que comprobar su participación y si a ella le reportaban los actos de investigación que ejecutaban trabajadores ministeriales y periciales.
“Pueden imputarle todos los delitos asociados a la obstrucción de la procuración justicia. Es un caso similar, podemos decirlo así, al del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, donde la falta de la correcta realización de los dictámenes periciales y el posible ocultamiento de evidencia trasciende al fondo del asunto.
“Se tiene que demostrar el nexo de causalidad, es decir, que ella tenía conocimiento directo de dicha información y que incluso dio la instrucción de que se ocultara”, aseveró.
De acuerdo con el Código Penal Federal, los delitos contra la administración de la justicia van desde “retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia” su impartición hasta “desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorecer a los imputados”.
El artículo 225 sobre estos delitos contempla hasta 10 años de cárcel y 150 días de multa. Quiñónez Estrada renunció el 16 de agosto a la fiscalía de Sinaloa después de dos años y nueve meses como titular.
KT