La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río, afirmó que, pese a la inactividad del Pleno del Instituto, el derecho a saber sigue vigente en el país, por lo que las dependencias públicas deben garantizarlo.
“Todos tenemos derecho a saber. Que nadie les diga en campaña que les ofrece saber, esa es una obligación de todos los gobernantes y políticos: rendir cuentas; necesitan transparentar todo lo que se hace con recursos públicos”, declaró Del Río Venegas, al participar en el Ciclo de reflexiones a 20 años de la Transparencia, que se llevó a cabo en San Luis Potosí.
Además, la comisionada aclaró que la falta de sesiones en el Pleno del Instituto no significa que el INAI se encuentre en una crisis operativa, pues se continúa trabajando, participando en jornadas de promoción de los derechos que tutela, capacitando en la materia y vigilando que los sujetos obligados sigan cargando la información de manera trimestral en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otras actividades.
Además, Julieta Del Río dijo que, aunque el Senado no ha designado a los tres comisionados faltantes, el INAI ha cumplido con los mandatos judiciales requeridos, por lo que ha llevado sesiones extraordinarias para mostrar que respeta a las instituciones y lo establecido en las leyes del país.
Parálisis en pleno del INAI afecta trámites de pensiones, alerta comisionada
La parálisis que atraviesa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por la falta de quórum en su pleno, ha provocado ha afectado los procesos de al menos 474 personas que han presentado algún tipo de queja relacionada con su jubilación.
La comisionada Julieta del Río detalló que actualmente hay 862 recursos de revisión pendientes relacionados con la protección de datos personales, y de ellos, el 55 por ciento están relacionados con las pensiones que reciben adultos mayores o personas de grupos vulnerables.
Adicionalmente, la comisionada señaló que otro 32 por ciento de las quejas se refieren a trámites de acceso a datos personales como pueden ser actas de nacimiento, expedientes laborales o algún otro documento, mientras que otro ocho por ciento tiene que ver con los expedientes médicos.
“La afectación a la ciudadanía ocasionada porque el pleno del INAI no pueda sesionar es real e impacta de manera negativa entre la población que no puede avanzar en trámites importantísimos.
"Que una persona, después de toda una vida de trabajo, pueda concretar o no una jubilación no debería estar a discusión; sin embargo, lo está porque nosotros no podemos sesionar y resolver; mientras esto ocurre, hay miles de mexicanos afectados”, destacó Del Río Venegas.
En materia de acceso a la información, hay 5 mil 75 recursos de revisión pendientes de votación. Del 65 por ciento del total, 44 por ciento se relacionan con trámites; 11 por ciento con condiciones laborales, y nueve por ciento, con la estructura orgánica de las dependencias.
El jueves pasado, por una mayoría de ocho votos, el pleno se la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que defendía la actuación de los senadores que, luego de más de un año, no han concretado los nombramientos de los comisionados pendientes del INAI, y recordó que se trata de un mandato constitucional.
Cabe recordar que, desde el 1 de abril, con la salida del comisionado Francisco Javier Acuña, el pleno del INAI quedó imposibilitado para sesionar, pues requiere como mínimo a cinco integrantes y actualmente sólo cuentan con cuatro.
cog