El Instituto Nacional Electoral (INE) someterá a votación este miércoles, lineamientos que pondrán freno a la intervención de servidores públicos en los procesos electorales y, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus conferencias de prensa mañaneras donde debe abstenerse de emitir opiniones o expresiones, pues su investidura puede impactar indebidamente en las campañas.
Mientras el Senado de la República arrancará el debate de la reforma electoral, el INE avalará lineamientos que van en contra de lo que pretende imponer la iniciativa, lo que generará una nueva confrontación entre la autoridad electoral y las fuerzas políticas que buscan acotar su actuación.
Después de que, en septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio 30 días al INE para resolver estas problemáticas, así como la intervención de grupos delictivos en los comicios, y tras rebasar el tiempo establecido, finalmente este miércoles, el Consejo General acatará las sentencias.
La primera, se refiere a los lineamientos que deberá ejercer el INE, tras haberse acreditado que el presidente Andrés Manuel López obrador y funcionarios como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, y gobernadoras y gobernadores generaron inequidad en los dos procesos electorales anteriores, con reiteradas reincidencias.
El proyecto que se votará este miércoles y que el Consejo General presentará en una conferencia de prensa previa a la sesión, deja claro que cualquier persona del servicio público debe abstenerse de emitir todo tipo de información que constituya propaganda de ámbito político, electoral o personalizada.
En medio del debate de la reforma electoral y contrario a lo que buscan frenar estos cambios, por ejemplo, el modo honesto de vivir que, mientras la reforma busca regularlo, el INE lo revive basándose en la sentencia que emitió la Sala Superior del TEPJF.
Tal como indica la sentencia, el proyecto advierte que a las personas servidoras públicas que incurran en violaciones electorales se analizará si puede ser acreedor a la sanción que implique retirarle el modo honesto de vivir que, a su vez, es un requisito indispensable para acceder a una candidatura.
“Con independencia de la sanción que le sea impuesta a la persona servidora pública por parte de su superior jerárquico, la autoridad electoral competente deberá determinar, tomando en cuenta el contexto en que se dio la conducta, el impacto en el proceso electoral y en su caso, la reincidencia por parte de la persona servidora pública, si la conducta realizada por la persona infractora implicó que se apartara del modo honesto de vivir, así como la temporalidad de dicha declaratoria.
“La declaratoria de la pérdida del modo honesto de vivir tendrá efectos sobre la participación político-electoral de la persona infractora, en los términos que establezca la resolución correspondiente”, indica el proyecto.
Respecto a las conferencias de prensa, señala que cualquier funcionario que convoque a estos ejercicios durante las elecciones debe abstenerse en todo momento de difundir logros de gobierno, acciones de las administraciones, programas sociales u obra pública, y referirse al proceso electoral en curso, lo que podría incidir en las preferencias o en la decisión del electorado.
“Deberá tener carácter institucional y la persona servidora pública tendrá que abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. En cualquier momento de las conferencias, incluido el periodo de preguntas y respuestas, los funcionarios públicos deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e, incluso, emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía, como la de valorar positivamente a algún gobierno.
“La información generada durante las conferencias de prensa, organizadas por personas servidoras públicas, en todo momento, deberá tener fines informativos, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica”.
El proyecto, además, señala que las personas servidoras públicas deben abstenerse de emitir opiniones o expresiones de índole político-electoral que “por su investidura puedan impactar en los comicios o mecanismos de participación ciudadana, en particular durante la etapa de campañas electorales”.
Y agrega que “en todo momento, deben tener especial cuidado y prudencia discursiva ante cuestionamientos de los medios de comunicación (incluidas las entrevistas y en general cualquier declaración espontánea, independientemente de dónde y cuándo se realicen) relacionados con sus funciones y su relación con los procesos electorales, o bien los mecanismos de participación ciudadana”.
En cuanto al protocolo de actuación de seguridad, se presentará esta mañana, pero busca reforzar la coordinación con las autoridades federales y locales encargadas de esta materia.
En entrevista en Café MILENIO, el consejero presidente Lorenzo Córdova reconoció que, hasta ahora, no habían podido sentarse con las autoridades responsables para tener un diagnóstico certero de hasta dónde ha intervenido el crimen organizado en los recientes procesos electorales.
De aprobarse la reforma electoral legal en el Senado, aquellas cuestiones que sean contrarias a estos lineamientos podrán impugnarse en la Sala Superior, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la constitucionalidad de aquellos cambios que sean impugnados.
cog