En apenas tres años de existencia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) gastó 234 mil millones de pesos mediante la figura del fideicomiso con la finalidad de cubrir gastos catastróficos por enfermedades y mejorar la infraestructura sanitaria; sin embargo, el 75 por ciento de esos recursos fueron gastados en total opacidad.
Reportes financieros revelan que el Insabi destinó entre 2020 y 2022 cerca de 57 mil millones de pesos del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), para comprar vacunas contra el covid-19, medicamentos, servicios médicos y ambulancias; así como para apoyar el desarrollo de infraestructura en las entidades federativas.
Sin embargo, los 177 mil millones de pesos restantes que se reportan en el fideicomiso se mantienen en total opacidad, ya que no aparecen en ningún reporte de gastos del instituto, ni tampoco se especifican en los informes trimestrales que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el Congreso de la Unión.
Cabe señalar que en 2020 el entonces Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud se convirtió en el Fonsabi, pero entre 2015 y 2019 los gobiernos federales destinaron ingresos acumulados por 109 mil 700 millones de pesos, los cuales derivaban del 11 por ciento del presupuesto que fuera aprobado cada año para el extinto Seguro Popular.
A partir de dicho cambio, los montos de ingresos y gastos en el Fonsabi comenzaron a registrar incrementos importantes respecto a lo que se registró en los años anteriores.
En 2020 se inyectaron 46 mil 305 millones de pesos y para 2021 se registró el récord de ingresos con 92 mil 344 millones. De esta manera en tan solo dos años se habían depositado más recursos a este fideicomiso que en los cinco años anteriores.
Los reportes de la SHCP añaden que para 2022 los gastos del fideicomiso fueron de 44 mil 214 millones de pesos, lo que representa un decremento de casi la mitad respecto a lo reportado un año anterior.
IMSS-Bienestar no tiene viabilidad económica
Actualmente el Insabi cuenta con un presupuesto de 107 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023; dicha cifra es cuatro veces mayor a lo que se destinó para IMSS-Bienestar, la organización que se hará cargo de atender a la población que carece de protección social.
Para Mariana Campos, el IMSS-Bienestar, programa que absorberá las responsabilidades del extinto Insabi, no cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a la carga de trabajo que deberá atender, además de que no cuenta con el servicio de tercer nivel en salud que sí tenía el Seguro Popular.
“El IMSS-Bienestar no tiene la capacidad financiera, ni institucional, ni el andamiaje institucional para hacerse cargo de la salud de millones de personas como lo hacía el Seguro Popular, estamos hablando de 50 millones de personas. Es un programa minúsculo comparado con el tamaño que debería tener”.
Apenas el 31 de agosto pasado fue creado el IMSS-Bienestar como un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y de gestión para atender a personas que carezcan de seguridad social en el país.
De acuerdo con el decreto de creación, el IMMS-Bienestar brindará atención médica “bajo criterios de universalidad e igualdad, en condiciones que les permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna (…) con independencia de los servicios de salud que presten otras instituciones públicas o privadas”.
Reportes de la ASF
A pesar de que los diputados aprobaran la desaparición del Insabi, esta institución todavía tiene cuentas pendientes con las arcas públicas por 6 mil 750 millones de pesos por malos manejos al momento de comprar vacunas y ventiladores para atender la emergencia sanitaria provocada por el covid-19.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el Insabi realizó un probable daño al erario por 3 mil 643 millones de pesos por no comprobar la entrega de medicamentos, material de curación e insumos a las entidades federativas para garantizar el servicio personas infectadas que carecieran de seguridad social.
De igual manera, los procesos de adquisición de ventiladores presentaron diversos señalamientos de malos manejos. El primer caso se dio al momento de comprar 2 mil 250 ventiladores a cuatro proveedores donde se presumió un daño por mil 600 millones.
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