El amparo que promovió el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, quien busca que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no continúe difundiendo audios que presuntamente lo relacionan con probables delitos o actividades irregulares, fue rechazado por un juez.
No aceptaré competencia para conocer la demanda, aseguró el juez Segundo de Distrito con sede en Campeche, Édgar Martín Gasca de la Peña, porque indicó que el asunto debe ser estudiado por un juez en materia administrativa.
Por esta razón, ordenó devolver el expediente al juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien la semana pasada también dijo carecer de competencia para conocer el caso.
Con la decisión adoptada por ambos jueces, se ha generado un conflicto competencial, mismo que tendrá que resolver un Tribunal Colegiado, el cual decidirá quién de los juzgadores debe estudiar el amparo de Alito.
El dirigente del tricolor promovió el amparo el pasado 9 de junio y pidió que de inmediato cesen las “declaraciones, manifestaciones y comentarios” por parte de la mandataria estatal, que han sido “enviados, publicados y difundidos a través de sus redes sociales oficiales”.
Durante las últimas semanas, Layda Sansores ha dado conocer diversos audios del presidente nacional del PRI, entre ellos, donde supuestamente se le escucha ordenar “lavar” dinero por 12 millones de pesos para la compra de un terreno en el municipio de Champotón, Campeche.
En el programa Martes del Jaguar, transmitido en la televisión pública campechana y redes sociales, la gobernadora tituló el video como “las clases de lavado de dinero de Alito”, en el que se mencionó que fue el abogado del político priista, identificado como Zertuche, quien habría escogido una empresa en particular para que no quedara rastro alguno.
Horas más tarde, el priista también hizo pública una conversación telefónica que sostuvo con el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, donde supuestamente se habla de supuestas amenazas por orden presidencial, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que el PRI votara a favor de la reforma eléctrica.
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