La Ley Anti-Terrorismo abre la puerta para que el gobierno de Estados Unidos rastree cuentas, empresas y propiedades ligadas al Cártel de Juárez, con la finalidad de indeminizar a la familia LeBarón por el asesinato de nueve de sus integrantes en 2019.
La sentencia aplicada en Dakota del Norte por el juez federal Clare Hochhalter tiene como base la Ley de Beneficios para las Víctimas del Terrorismo Internacional, S.1275, que se ha aplicado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en los ocurridos en las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente.
Con base en esta legislación, el despacho Motley Rice sustenta su estrategia legal para atacar directamente los activos financieros de las organizaciones terroristas, al congelar sus recursos y embargar sus bienes para la reparación del daño a las víctimas.
“Las víctimas estadunidenses de terrorismo patrocinado pueden entablar una demanda contra ese país y embargar sus activos, incluidos los regulados por el gobierno de los Estados Unidos”, estipula la ley.
“La capacidad de bloquear y mantener bloqueado los activos de un estado extranjero es una de las principales y más poderosas herramientas de la política exterior a disposición del presidente (de los Estados Unidos) para disuadir la agresión y desalentar o poner fin a las acciones hostiles de dichos países contra ciudadanos estadounidenses”, marca.
La S.1275 indica que “debido a que el programa aborda el terrorismo internacional e implica la política exterior de los Estados Unidos y las consideraciones de seguridad nacional, también permitiría indemnizaciones por actos terroristas cometidos por grupos sin Estado patrocinador”.
En el caso de organizaciones terroristas que no son financiadas por el Estado, como es el caso de los cárteles de la droga, en este caso el Cártel de Juárez, los Departamentos del Tesoro y de Justicia peinarán las cuentas de las empresas ligadas al grupo criminal y procederán embargarlas y extraer sus recursos.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) hay más de 600 personas físicas y empresas en la lista negra de los Estados Unidos que se dedican al lavado de dinero de los cárteles de la droga mexicanos.
En entrevista con MILENIO, el Académico Investigador Senior en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York, Edgardo Buscaglia, indicó que lo establecido en la Ley de Beneficios para las Víctimas del Terrorismo Internacional puede tener repercusiones en México, al congelar en nuestro país las cuentas y embargar los bienes de los cárteles de la droga en nuestro país. Explicó que la vía sería un acuerdo entre los fiscales generales, Merrick Garland, de los Estados Unidos y Alejandro Gertz Manero, de México.
“Debería haber una especie de acuerdo entre las fiscalías, donde se le podría solicitar al gobierno mexicano, y a la fiscalía por separado, que atienda el decomiso de esa persona y que sus bienes sean usados en la compensación de personas”, dijo.
Explicó que existe un antecedente, en el caso del Vuelo 103 de Pan Am en 1988 “que había dos agentes de inteligencia libios que habían sido involucrados en cometer ese acto de terrorismo a través de bombas que colocaron en el vuelo y una de las cuestiones que les solicitó Estados Unidos en su momento, de que aplique un decomiso a estas dos personas que Libia estaba protegiendo para usar parte de sus bienes decomisados para las víctimas del vuelo”.
Motley Rice
El 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre los estados de Sonora y Chihuahua, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita, en el municipio de Bavispe, hacia la comunidad mormona de LeBarón.
Los miembros del cártel dispararon cientos de balas contra los vehículos y luego les prendieron fuego.
Las autoridades mexicanas dijeron en 2020 que el autor intelectual del ataque fue detenido, así como otras 16 personas y atribuyeron el crimen al Cártel de Juárez.
El caso fue tomado de inmediato por el despacho de abogados norteamericano Motley Rice, que se especializa en los casos de ataques terroristas contra ciudadanos norteamericanos.
Los integrantes de la familia LeBarón tienen doble ciudadanía, son mexicoamericanos.
El caso más destacado de la firma Motley Rice fue cuando representaron a miles de familiares de las víctimas mortales y heridos del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.
En su portal de Internet sentencian que “sin financiamiento u otro apoyo material, los terroristas tienen pocos o ningún medio para convertir las intenciones violentas en acciones. Esta fue la creencia apasionada del cofundador de nuestra firma, Ron Motley, y es una causa en la que seguimos creyendo y luchando todos los días”.
Detalla que “nuestros abogados antiterroristas ponen nuestros recursos a trabajar en el esfuerzo de responsabilizar a los delincuentes de la justicia por sus acciones, y buscan detener la actividad terrorista eliminando los medios para financiarla”.
El despacho encontró en 1990 su auge cuando inició históricos litigios contra las grandes tabacaleras y emprendió una batalla contra la industria del asbesto por las altas tasas de trabajadores enfermos.
“Trabajando en estrecha colaboración con las víctimas y las familias de los ataques del 11 de septiembre, nuestros abogados utilizan una serie de enfoques para responsabilizar a las entidades o personas que brindan apoyo material a los actos de terrorismo”.
“Estos enfoques son facilitados en parte por la Ley Anti-Terrorismo, una ley que asegura los derechos legales de las víctimas para castigar a los terroristas ya sus partidarios financieros y materiales a través del sistema de justicia civil de los Estados Unidos. La justicia civil que perseguimos a través de estos casos proporciona una herramienta importante en la lucha contra el terrorismo internacional, que complementa la aplicación de la ley, los casos penales y los esfuerzos políticos”, afirma.
Para el Académico Investigador Senior en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York, Edgardo Buscaglia, el gobierno de México y el Congreso de la Unión deberían aceptar que los cárteles de la droga han emprendido una cruzada terrorista en nuestro país.
“México no quiere reconocer que hay terrorismo en su territorio, ningún juez ha reconocido un fallo judicial en este sentido, una manera de reivindicar los derechos de las víctimas por actos de terrorismo sean compensados y una manera de sincerar la situación actual en México, se están cometiendo actos de terrorismo”, afirmó.
Comentó que, al reconocer el terrorismo, México debería aplicar el convenio que tiene ante la ONU para congelar los activos de los cárteles y con ello reparar los daños a las víctimas de la violencia.
“El financiamiento de actos de terrorismo que está bien estipulado en la convención de las Naciones Unidas que México firmó y ratificó soberanamente, estipula que, a través de ese dinero decomisado se compensa a las víctimas. Italia lo hacía continuamente en la época que había actos de terrorismo y se había hecho en muchos países, o sea que existe una jurisprudencia internacional al respecto muy abundante y muy clara”, dijo.
Aseveró que ante los crecientes casos de ataques a la población civil el Congreso de la Unión debería establecer una ley como la que se aplica en Estados Unidos y así cortar las redes de financiamiento de la delincuencia organizada.
“En México se necesita un fondo de compensaciones víctimas directo que no depende de la discrecionalidad de un presidente bueno o bien intencionada, sino que sea un fondo en dónde todos los bienes decomisados judicialmente van a parar en el fondo para la compensación a víctimas y de prevención social”.
“El congreso podría comenzar a generar una iniciativa de ley y tenerla lista en un par de meses y aprobarla, es esencial para las víctimas mexicanas para que no tengan que depender solamente de otros países como Estados Unidos para recibir una compensación”, comentó.
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