En la recta final del parlamento abierto, que termina el 28 de febrero, sobre la iniciativa eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, el sector privado está dispuesto a realizar las actualizaciones necesarias, pero sobre la reforma energética de 2013, para no afectar la competitividad del país y atraer inversión para la recuperación económica.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, señaló que no hace falta una nueva reforma constitucional, pues se puede modificar la de 2013.
Planteó que se busca luz a precios accesibles y sin apagones, potencia a precios competitivos, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como respetar el estado de derecho.
“Y otro objetivo tiene que ver con estos ajustes, consideramos que la reforma de 2013 fue muy buena en su momento, ayudó en atraer inversión a nuestro país, a que hubiera gran crecimiento económico. Pero después de nueve años, sí requiere ya ciertos ajustes en ella, para tener mejores condiciones”, argumentó el dirigente empresarial.
Expuso que una de las situaciones que divisan es que mientras el respaldo que da la CFE sea gratuito, no hay incentivo para que se invierta en baterías, y explicó; “es decir, una casa pone paneles solares, y genera electricidad durante el día y no lo almacena, sino que se pone en la red de la CFE, y en la noche se consume de la red, y la verdad es que la energía tiene un valor diferente de acuerdo con la hora, oferta y demanda”.
“Entonces por ejemplo si hubiera un apagón, justo por ese almacenamiento, se podría incentivar la inversión en baterías, porque mientras sea gratuito, no hay ningún incentivo para invertir en eso, tampoco hay incentivo para invertir en modernización por ejemplo de electrodomésticos como refrigeradores que consuman poca energía, porque no nos cuesta el respaldo. Eso es a lo que nos referimos con los ajustes”, argumentó.
Agregó que otro tema son las subastas eléctricas, mismas que dijo en su momento lo que se estableció en la reforma del 2013, es que gana el que ofrece el precio más barato, pero se paga al precio más alto, “esto tenía sentido para incentivar la generación de energía eléctrica en ciertas regiones del país donde hacía falta”.
“Lo que estamos proponiendo, es que realmente no se requiere una reforma constitucional, que este tipo de ajustes a partir del diálogo se pueden negociar y poner las condiciones para los contratos. Si nos sentamos a dialogar seguramente encontraremos cómo arreglarlo de tal manera que salga beneficiado el país. Que se conserven los contratos con las modificaciones que sean necesarias, que las empresas permanezcan en el país para que no se pierda empleo, que podamos atraer más inversión, es el consumidor el que se debe poner al centro para tomar las decisiones”, aseveró.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, planteó migrar a un mercado de capacidades que permita inversiones y bajar precios.
Añadió que la CFE da respaldo nocturno gratuito a quienes se interconectan a la red, por lo que no hay incentivos para que se invierta en baterías. Otro punto es el autoabasto:
“hay que poner reglas para que no se haga un mercado alternativo o que se regule, porque tampoco puedes consumir exactamente todo lo que produces, entonces que se pueda comercializar un margen”.
“Podríamos incluso migrar el Sistema de Certificados de Energía Limpia a algún otro método de trazabilidad, para ver si efectivamente la energía que estamos generando es con fuentes renovables. Estás serían las correcciones a las de 2013”.
Y enfatizó: “Lo que es claro, no queremos volver a un monopolio, que se elimine cualquier contrato privado y que nos impongan cómo vender y a cuánto”.
Coincidió en que se puede negociar con el gobierno ya que dijo hay apertura para platicar, “pero yo creo que se están dando cuenta de que no están reuniendo los apoyos necesarios para pasar una reforma constitucional. Lo que es claro, es que en sus términos esta reforma no va a pasar, entonces, en lugar de estarnos peleando por el todo o nada, vamos a buscar los puntos medios, y beneficiar al país y a los mexicanos”.
A su vez el especialista del sector energético, Ramses Pech, aseguró que no es necesario cambiar la Constitución, sino que se debe modificar las leyes secundarias estableciendo que los contratos de autoabasto, y dependiendo del tiempo que les quede de permiso, pasen a la nueva ley.
“Yo creo que se tiene que hacer tal y cual lo están planteando el sector privado, porque ya hay una voluntad de la parte privada, donde dicen ellos, yo me acoplo a la ley que está vigente, cambió todo, y lo que me pidan que no modifique de la anterior se actualiza y yo no tengo ningún problema. Independientemente de la propuesta que dé el sector privado, para cerrar esta discusión, se necesita una ley de plan de largo plazo en el país, si no la tenemos lo que se discuta y se logre no va a servir de nada, ya que cada administración cambiará lo que sea”, concluyó.
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